Abogamos por una iniciativa que represente a todos los sectores involucrados para lograr un marco equitativo y justo.

Desde la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en 1949, Costa Rica demostró responsabilidad en la generación de fuentes de energía: sus fundadores fueron visionarios acerca del rumbo que debía tomar el país en ese campo. Hoy, la diversificación de la matriz energética le permite al país contar con más del 90% de su electricidad producida mediante fuentes renovables. 

En ese sentido, hemos seguido la senda cuidadosa y prudente de quienes nos precedieron y el país puede decir que Costa Rica inició su transición energética hace muchos años y ha hecho bien su tarea para enfrentar la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, debe resolver desafíos para no correr el riesgo de perder el rumbo: uno, es necesario que la planificación eléctrica sea óptima y que sirva a la diversificación que mencionamos; otro, mejorar el seguimiento y pronóstico de la demanda eléctrica (este año pendió la amenaza de los racionamientos, que afortunadamente, no se dieron).

Actualmente, se encuentra en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.414 “Ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, sin embargo, más que una armonización es una propuesta de modernización del sistema eléctrico, algo que se advierte necesario, ya que el actual marco normativo requiere de una adecuada actualización, ya que se encuentra colmado de parches y no resuelve los desafíos actuales o refleja los avances tecnológicos del sector.

Señalado esto, sí hemos de llamar la atención acerca de dos problemas que le vemos a la iniciativa presentada: no garantiza la universalidad del servicio –una constante a lo largo de los años– y por otro lado se permite la compra directa de los grandes consumidores a un generador y no a una empresa distribuidora. 

Lo primero iría contra la naturaleza del modelo energético que Costa Rica desarrolló a lo largo de los años; hoy, la cobertura eléctrica es del 99.4%. Lo segundo, solo beneficiaría a los grandes consumidores, que ahorrarían costos, pero perjudicaría al resto de usuarios finales, a quienes se les cargaría ese “ahorro” de los grandes.

Costa Rica necesita modernizar su marco regulatorio, pero debe hacerlo de una manera participativa, garantizando que estén presentes todos los sectores involucrados en una mesa de trabajo. Solo así, teniendo voz y presencia de todas las partes, es que podremos generar un marco legal balanceado, para asegurarnos un modelo equitativo y justo.

Hay que corregir las dispersiones del actual marco regulatorio, ponerlo a la altura de los avances tecnológicos; sin embargo, es indispensable que se cumplan los principios de universalidad, accesibilidad y asequibilidad, para continuar con una transición energética sostenible y promover mayor desarrollo.

El resto de la región, a pesar de contar con mercados abiertos, enfrenta todavía desafíos claves en su transición hacia la generación eléctrica renovable, pues aún dependen en un grado importante de generación con combustibles fósiles. Y, por otro lado, en algunos países, el acceso al servicio eléctrico no supera el 90% de cobertura.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.