Propone tarifas diferenciadas y exoneraciones para usuarios residenciales y MIPYMES.
La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, presentó un proyecto de ley que busca reformar el marco legal de la generación distribuida en Costa Rica con el fin de garantizar un acceso más justo, tarifas equitativas y una integración eficiente de los pequeños generadores al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El expediente 25.059, titulado “Equilibrio Tarifario y Acceso Justo en la Generación Distribuida”, propone modificaciones clave a la Ley 10 086, actualmente en vigor. La legisladora indicó que esa ley, desde su aprobación, genera preocupaciones en especial por la forma en que se aplica la tarifa de acceso, conocida popularmente como el "impuesto al sol".
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Para la legisladora, esto genera incertidumbre jurídica y percepciones de inequidad, especialmente para quienes invirtieron en sistemas de generación para autoconsumo.
Para corregir las limitaciones actuales, la propuesta amplía la definición de servicios de interés general para incluir, de forma expresa, actividades como la recarga de vehículos eléctricos y otras tecnologías que mejoren la eficiencia, la calidad y el acceso al servicio eléctrico.
También incorpora nuevas definiciones, orientadas a ordenar y hacer más transparente el marco tarifario. Por ejemplo, las definiciones de “Cargos de Interconexión”, como los costos estrictamente necesarios y exclusivos para conectar los sistemas de generación distribuida a la red, evitando duplicidades con las tarifas ya reconocidas a las distribuidoras.
El texto de ley puntualiza en la “Tarifa de Acceso”, como el cobro aplicable únicamente por el uso real de la red, prohibiendo la duplicación de costos que ya están incluidos en la tarifa ordinaria del servicio eléctrico.
La iniciativa de la independiente puntualiza además en la obligación de establecer mecanismos tarifarios diferenciados para usuarios residenciales y micro y pequeñas empresas (MIPYMES), que incentiven la autogeneración sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Además, establece exenciones tarifarias por cinco años para usuarios residenciales con sistemas de hasta 10 kW de capacidad instalada y para MIPYMES con sistemas de hasta 100 kW, siempre que los excedentes inyectados a la red se mantengan dentro de ciertos límites. Asimismo, le otorga a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) nuevas responsabilidades para fiscalizar, regular y resolver disputas en el ámbito de la generación distribuida.
El proyecto establece que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá revisar cada tres años los umbrales de exoneración, considerando la evolución tecnológica y operativa del sector. Además, Aresep deberá establecer un trámite simplificado para que los beneficiarios puedan solicitar formalmente la exoneración.
Cambronero Aguiluz afirmó que busca facilitar la generación eléctrica distribuida mediante fuentes renovables y garantizar que la transición energética del país no excluya a los pequeños actores.
Estas reformas reconocen que el empoderamiento de las personas, las pequeñas empresas y las comunidades como generadoras de su propia energía es una herramienta clave para diversificar la matriz energética nacional”.
El proyecto, que aún no tiene definida la comisión para su estudio, cuenta con el respaldo de las independientes Gloria Navas Montero, Johana Obando Bonilla y María Marta Padilla Bonilla; y los liberacionistas Pedro Rojas Guzmán y Monserrat Ruiz Guevara.
Este proyecto surgió del análisis en foros de discusión organizados por el despacho de la diputada Cambronero Aguiluz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que convocaron a autoridades nacionales, empresas distribuidoras, cooperativas, representantes del sector industrial, organizaciones de usuarios y expertos en política energética.
