El artículo de Eduardo Chacón titulado “Planificación de la vejez: un llamado a la juventud” nos recuerda la crisis existencial que enfrenta nuestro sistema de pensiones y los desafíos que están derivados por diferentes factores.

Los cambios demográficos, la expectativa de vida y una creciente demanda en las prestaciones a los trabajadores son algunos de esos retos que hacen que el sistema vaya teniendo fisuras con riesgos de una ruptura total poniendo en peligro el futuro de miles de costarricenses que finalmente no lograrán pensionarse. Incluso para el año 2047 las reservas con las que cuenta el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se habrían agotado, de acuerdo con la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.

El modelo actual, basado en un sistema de reparto ya se ha repetido hasta el cansancio que no es rentable en el mediano y largo plazo, por lo tanto, es un tema país que requiere de una reestructuración y la búsqueda de alternativas que superen incluso intereses políticos porque se trata de un tema nacional y se requiere de una transición hacia un modelo de captación individual.

Debido a esto, la transición hacia un modelo de captación individual es fundamental para garantizar pensiones sostenibles. En este esquema, cada trabajador aporta a su propia cuenta, creando un fondo acumulativo que se gestionará a lo largo de su vida laboral. Este cambio no solo reduce la dependencia del sistema a las fluctuaciones demográficas, sino que también incentiva la responsabilidad individual y una mayor conexión entre los aportes y los beneficios futuros.

En segundo lugar, es crucial aumentar los aportes obrero – patronales. En el país, los porcentajes de cotización actuales no son suficientes para cubrir las necesidades futuras de una población que tiene una expectativa de vida mayor, pero en peligro si la brecha económica se amplía. Es por esto por lo que un incremento gradual en las contribuciones permitiría acumular más recursos y mejorar la cobertura del sistema en el largo plazo.

El aumento no debe ser visto como una carga, sino como una inversión hacia una vejez digna. Se debe encontrar un equilibrio para que el impacto en las empresas y en los trabajadores sea manejable, quizás mediante incrementos graduales que permitan la adaptación. El fortalecimiento de estos aportes, además, enviaría un mensaje positivo a los mercados financieros sobre la solidez del sistema de pensiones.

Por otra parte, para que esto sea funcional, las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) deben jugar un rol central en la gestión de los fondos de pensión en Costa Rica, saliendo del “anonimato” en su labor de administrar los fondos voluntarios, ofreciendo a los trabajadores productos financieros que por su naturaleza puedan mejorar lo que se cotiza para el sistema de IVM.

Sin embargo, es necesario modernizar el esquema de inversiones para maximizar los rendimientos en favor de los afiliados y del sistema financiero nacional. Actualmente, las regulaciones limitan las inversiones de las OPC, lo que puede llevar a desaprovechar oportunidades en mercados internacionales y en sectores de mayor crecimiento que podría revaluar los productos complementarios, estableciendo fondos que aseguren una pensión justa para todos los trabajadores e inclusive oportunidades para quienes se encuentran dentro del modelo no contributivo para que puedan eventualmente acceder a beneficios.

Por otra parte, la diversificación hacia mercados globales, junto con una mayor inversión en bonos corporativos e infraestructura, podría incrementar significativamente la rentabilidad de los fondos administrados por las operadoras y ayudar a mover los dineros captados de las pensiones obligatorias. Es importante mantener un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento, pero con un enfoque más flexible y estratégico que garantice beneficios mayores para los asociados y, en consecuencia, un impacto positivo en la economía nacional.

Otro aspecto importante, aunque posiblemente carente de simpatías, es que para garantizar la sostenibilidad del sistema se deben evitar los retiros anticipados del ROPC salvo casos excepcionales. Permitir retiros anticipados puede comprometer la rentabilidad de los fondos y poner en riesgo la estabilidad financiera de las pensiones.

Cada retiro anticipado implica una pérdida del efecto compuesto de los intereses acumulados, disminuyendo el monto disponible al momento de la jubilación, y por ende los valores de las participaciones de los fondos de pensiones administrados. Por lo tanto, es fundamental que la normativa refuerce la imposibilidad de acceder a estos fondos antes de cumplir con los requisitos de jubilación (salvo excepciones). Mantener los recursos invertidos garantiza que los aportes sigan generando intereses a largo plazo, asegurando un ingreso adecuado para los futuros pensionados.

También, se debe fomentar una cultura que enseñe a los cotizantes la importancia de acceder a los planes de pensiones voluntarios como complemento a sus fondos obligatorios. De esta manera los trabajadores tienen la oportunidad de aumentar sus ahorros para la jubilación, con beneficios adicionales como incentivos fiscales, mayor flexibilidad en la administración de los fondos e inclusive posibilidades de pólizas de vida.

Los planes voluntarios generan un impacto positivo en el sistema financiero del país, al aumentar la liquidez disponible para inversiones y fomentan una cultura de ahorro a largo plazo, promoviendo la responsabilidad financiera entre los ciudadanos.

La reforma del sistema de pensiones en el país es un proceso urgente e inevitable para enfrentar los desafíos estructurales, demográficos y económicos actuales. La transición hacia un modelo de captación individual, el aumento del aporte obrero – patronal, la diversificación de las inversiones de las OPC, la prohibición de retiros anticipados del ROPC y la promoción de planes de pensiones voluntarios son elementos clave para asegurar el futuro de las pensiones nacionales.

Esto no solo garantizará una vejez digna para los ciudadanos, sino que también fortalecerá el sistema financiero nacional, generando beneficios para toda la economía. La combinación de las reformas permitirá a Costa Rica enfrentar con éxito los retos del futuro y asegurar la estabilidad y el bienestar de las generaciones venideras.

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