Cada 10 de diciembre, el mundo conmemora la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito que reconoció que la dignidad es inherente a todas las personas.
En Costa Rica, esta fecha nos invita a reflexionar sobre los valores que han sostenido nuestra democracia: la educación como derecho humano fundamental y, de manera inseparable, el derecho a una pensión digna que garantice bienestar en la etapa de la vejez.
Nuestro país ha construido su identidad sobre la convicción de que la educación pública es el motor de superación, igualdad y movilidad social. Gracias a ella, generaciones enteras han encontrado oportunidades que de otro modo habrían sido inaccesibles. No es casualidad que Costa Rica haya vinculado su desarrollo económico, financiero, social y cultural a la expansión del acceso educativo, a la formación docente y a una visión de Estado que entiende la educación como un bien público de primer orden, así quedó plasmado desde que en la constitución política se decretó un mandato constitucional para el aporte del 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación.
Sin embargo, este legado, que en otrora se daba por sentado por mandato constitucional, no está asegurado dadas las diferentes visiones de los actores políticos de los últimos tiempos. Los debates recientes sobre presupuesto educativo, infraestructura, calidad del aprendizaje, sostenibilidad de los regímenes de pensiones y equidad revelan tensiones que no podemos ignorar. Cuando el sistema educativo se debilita, también se debilita la posibilidad de ejercer otros derechos, como el derecho al trabajo digno, a la participación informada, a la igualdad de oportunidades y al crecimiento pleno de la ciudadanía.
A esta reflexión se suma otro pilar esencial del bienestar social: el derecho a una pensión digna. Un país que educa bien a su población debe también garantizar que quienes dedicaron su vida al servicio público o privado puedan disfrutar de una vejez segura, con estabilidad económica, respeto a su trayectoria y dignidad humana. La protección y sostenibilidad de los sistemas de pensiones forman parte de la misma responsabilidad ética que nos exige asegurar educación pública de calidad. Ambos derechos están unidos por un hilo común: la dignidad humana a lo largo de todo el ciclo de vida.
Por eso es urgente defender no solo la cantidad de recursos destinados a la educación, sino también su uso eficaz, su orientación inclusiva y su capacidad de responder a los desafíos del siglo XXI. La innovación pedagógica, la actualización docente y la integración de nuevas tecnologías no deben ser lujos, sino elementos esenciales de una política pública comprometida con la justicia social y el largo plazo. Del mismo modo, garantizar pensiones dignas requiere decisiones responsables, visión técnica y un profundo compromiso con quienes han sostenido y educado al país con su trabajo.
El Día Internacional de los Derechos Humanos no es únicamente un recordatorio histórico; es también un llamado a la coherencia. Defender los derechos humanos implica proteger las condiciones que los hacen posibles: educación de calidad, trabajo digno, seguridad social sólida y un sistema de pensiones que honre el esfuerzo de las personas. En un contexto donde la desigualdad golpea con más fuerza a las poblaciones vulnerables, fortalecer estos pilares fundamentales de nuestra democracia es una responsabilidad ética que trasciende gobiernos, ideologías y coyunturas económicas y financieras.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, resulta imprescindible que la educación y las pensiones dignas se conviertan en temas transversales de la agenda política. No pueden ser promesas aplazadas con discursos de ocasión: deben ser prioridades constantes, porque en ellas se juega el presente y el futuro de nuestra democracia.
Hoy más que nunca, Costa Rica debe reafirmar su vocación humanista: educar para la libertad, proteger la dignidad en todas las etapas de la vida y garantizar que cada persona pueda envejecer con seguridad y respeto. Ese sigue siendo el camino más seguro para que los derechos humanos no sean solo palabras, sino una realidad viva para cada costarricense que cree este gran legado que se llama Costa Rica.
