La ausencia de pensiones contributivas y no contributivas deja a una gran parte de la población mayor en un grave estado de vulnerabilidad e incertidumbre económica.

La Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina en conjunto al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicaron el IV Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica titulado “Pensión Contributiva Básica y sus Desafíos”. Esta nueva versión del informe contó con el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

En este documento se subraya que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado costarricense en materia de seguridad social, aún persisten grandes brechas por solventar, especialmente en el área de vejez y envejecimiento.

Un dato que agregan corresponde a que de los 546.225 habitantes mayores de 65 años, solo el 44% está cubierto por un régimen de pensión contributiva básica, en contraste con el 17% que depende de la pensión del Régimen No Contributivo (RNC), que ofrece a las personas el monto de 82.000 colones mensuales.

Lo anterior posiciona a 215.528 personas adultas mayores sin protección de tipo económica formal, lo que repercute en su calidad de vida y bienestar integral. Para el decano de la Facultad de Medicina de la UCR, el Dr. Fernando Morales Martínez:

Esta situación de desprotección haría que el grado de pobreza y pobreza extrema -que actualmente llega cerca del 28%- se dispare […] Se requiere de un compromiso social de parte de las autoridades de turno. Es una decisión del Gobierno conseguir los fondos”.

Según el informe, las personas adultas mayores que no poseen pensión recurren a depender de sus familiares, redes de apoyo o programas de asistencia social para sobrevivir. No obstante, ese soporte no siempre es suficiente y la mayoría se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias e informales o a vivir en situación de pobreza extrema.

El Dr. Morales expresó que a pesar de que la pensión es un derecho fundamental, el Estado argumenta que el hecho de que existan tantas personas que no gozan de esta garantía es debido a que no se tienen los recursos necesarios. El equipo de investigación estima que si la situación continúa de esta manera, las repercusiones a largo plazo serían desalentadoras. La investigadora del CIOdD, la M.Sc. Emilia Rivera Meza, declaró:

El envejecimiento de la población está directamente asociado a una mayor prevalencia de enfermedades y, por lo tanto, a una mayor demanda de los servicios de salud. En muchos casos, esa demanda se da por tiempos prolongados que se extienden desde el inicio de la enfermedad, pasando por la discapacidad y hasta la muerte. Estos aspectos nos invitan a pensar en una nueva configuración de los servicios de salud y de los servicios sociales, en los que se redefinan aspectos como la atención de la salud (de calidad y con calidez) y el bienestar de la población”.

Entre las conclusiones del informe, se encuentra que Costa Rica enfrenta uno de los desafíos más relevantes en cuanto a las pensiones y jubilaciones de sus personas ciudadanas. Asimismo, el aumento en la esperanza de vida de la población adulta mayor hace que las instituciones administradoras de pensiones y sus fondos tengan que otorgar pensiones por períodos más extensos, lo que requiere una mayor reserva de recursos económicos.

Otro elemento de interés que señalan corresponde a la dimensión de género que debe incorporarse en las discusiones sobre los temas de pensiones y jubilaciones. Ya que en estos aún se pueden observar condiciones desiguales y discriminatorias para las mujeres en comparación a los hombres.

Por último, hacen un llamado a que los diferentes actores participen en la definición de alternativas y soluciones que logren anticipar los equilibrios y desequilibrios a mediano y largo plazo en esta materia. Se debe garantizar el compromiso en la toma de decisiones con el fin de poner en práctica dichas propuestas.

Adulto mayor, Asilo de Guadalupe.