Costa Rica ha producido atletas excepcionales como Brisa Hennessey, Yokasta Valle y las hermanas Poll Ahrens, cuyos logros notables en el deporte nos llenan de orgullo. Estas atletas sobresalieron siendo las más rápidas, fuertes y destacadas en sus disciplinas, demostrando sus habilidades tanto a nivel nacional como global. Su éxito ejemplifica cómo, en el deporte, la sociedad costarricense puede ser persuadida por marcadores claros de excelencia a través de la competencia rigurosa. Sin embargo, en campos como la ciencia, el emprendimiento o el activismo, el camino hacia el reconocimiento y el éxito es mucho menos definido, y los criterios para mostrar talento son mucho más ambiguos. Esta falta de estándares claros podría explicar por qué la administración del presidente Chaves ha optado por no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2025.
Actualmente, el FEES asigna el 59% de su financiamiento total a la UCR, el 11,5% al TEC, el 23,5% a la UNA y el 6% a la UNED. Sin embargo, una simple búsqueda en Google revela que, desde la creación del fondo en 1977, hay pocos graduados costarricenses de estas universidades que hayan alcanzado un reconocimiento global. Parece que las universidades de alta calidad, especialmente en los Estados Unidos, atraen a más costarricenses para que continúen su educación en el extranjero, y muchos solo regresan al jubilarse.
Durante la última década, los costarricenses han jugado un papel clave en la formulación de importantes acuerdos internacionales, tratados y resoluciones, como el Acuerdo de París, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Tratado de Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). Sin embargo, a nivel nacional, los gobiernos costarricenses parecen reacios a aprovechar plenamente la experiencia de los graduados de las universidades del país.
En 2020, en consonancia con el Acuerdo de París, Costa Rica actualizó su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) para reforzar su compromiso con los objetivos climáticos globales. El país se comprometió a limitar sus emisiones netas a 9,11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) para 2030, en línea con su Plan Nacional de Descarbonización de 2019, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050. El Climate Action Tracker califica los objetivos climáticos de Costa Rica como "Casi suficientes", señalando que el objetivo de reducción de emisiones para 2030 se alinea con la meta de 1.5°C del Acuerdo de París. Sin embargo, el informe de Climate Watch de 2023 indica que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero de Costa Rica provienen del sector del transporte y la agricultura.
Ante el desafío de alcanzar el ambicioso objetivo de 2030, la administración del presidente Alvarado tuvo que decidir dónde invertir: en un transporte público más eficiente o en la adopción de prácticas agrícolas libres de pesticidas y fertilizantes utilizando graduados altamente calificados de universidades locales como la UCR, UNED, UNA y TEC. El presidente Alvarado optó por invertir en vehículos eléctricos y transporte público, a pesar de la falta de programas especializados y graduados en estas áreas en las universidades. Quizás esperaba crear un legado iniciando tales programas para los jóvenes costarricenses. Sin embargo, esta decisión no logró alcanzar el objetivo ambicioso, y Costa Rica sigue siendo el país con el mayor uso de pesticidas por hectárea, aplicando casi 24 kilogramos de agroquímicos por hectárea, especialmente en plantaciones de banano, café y piña, según la FAO.
Este fracaso no solo impactó el legado del presidente Alvarado, sino que también exacerbó los problemas en el sector agrícola, dejando al gobierno actual la tarea de abordar los problemas graves que han persistido. En julio de 2024, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló una contaminación generalizada por pesticidas en la mayoría de los ríos costarricenses.
Dicen que la mejor manera de aprender es a través de la experiencia práctica, y bajo esa medida, el presidente Alvarado y sus funcionarios adquirieron una gran cantidad de conocimientos durante su presidencia. Su presencia como profesores universitarios en las instituciones públicas de Costa Rica podría haber sido un aporte invaluable, especialmente ahora que estas universidades están negociando un aumento en el financiamiento del FEES. Las futuras generaciones de costarricenses habrían tenido la oportunidad de aprender directamente de quienes lideraron el país. Sin embargo, en lugar de contribuir al desarrollo de las universidades públicas costarricenses, muchos miembros del anterior gobierno, incluido el expresidente, optaron por compartir su experiencia en el extranjero, dejando una brecha significativa en el sistema académico local.
Dos años después del gobierno del presidente Chaves, parece que la administración está luchando con la falta de graduados calificados que se alineen con el pensamiento de los funcionarios actuales, lo que los obliga a reinventar la rueda. El gobierno parece estar buscando las causas de los problemas del país en la Constitución o en los nombramientos que han hecho. Sin embargo, los problemas reales podrían estar en otro lugar.
Tomemos, por ejemplo, el estudio sobre el impacto de la pesca de arrastre en Puntarenas. Es difícil creer que, en Costa Rica, un país donde el 92% de su territorio está compuesto por aguas marinas, nadie haya realizado tales estudios, especialmente considerando que el financiamiento del FEES ha sido aprobado durante casi 40 años. Tal vez estos estudios existen, pero el gobierno actual no los considera creíbles. Si ese es el caso, es justo cuestionar por qué el gobierno cree que no hay suficiente experiencia dentro del país o carece de fe en los graduados costarricenses. Este escepticismo hace que la participación de Costa Rica en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos y su estatus como el segundo signatario del Tratado de Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) parezca contradictorio.
Tales acciones podrían enviar señales confusas a las universidades costarricenses y sus graduados. Por un lado, el gobierno se compromete con iniciativas ambientales globales, pero, por otro lado, parece pasar por alto o subestimar las posibles contribuciones de sus propias instituciones académicas. Esta desconexión genera preocupaciones sobre si la nación está utilizando plenamente sus recursos y si el gobierno realmente cree en la capacidad de su gente para enfrentar los desafíos que enfrenta.
En conclusión, Costa Rica ha demostrado logros notables en diversos campos, especialmente en el deporte, donde la excelencia es clara y ampliamente reconocida. Sin embargo, en áreas más complejas como la ciencia, el emprendimiento y el activismo, el camino hacia el éxito es más incierto y los criterios para el reconocimiento son menos definidos. Esta falta de claridad puede estar contribuyendo a los desafíos que enfrenta el país para cumplir con sus ambiciosos objetivos, particularmente en la sostenibilidad ambiental y la salud pública.
Si Costa Rica quiere realizar su pleno potencial en el escenario global, debe comenzar por abordar las brechas dentro de sus propias fronteras: fomentando la experiencia local, invirtiendo en educación y asegurando que el conocimiento y las habilidades de sus ciudadanos sean reconocidos y utilizados. Solo entonces la nación podrá verdaderamente liderar con el ejemplo, tanto a los ojos del mundo como en los corazones de su propio pueblo.
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