En nuestro país, el sistema penitenciario ha sido objeto de numerosas críticas debido a las recurrentes fallas en la seguridad interna, específicamente en lo que respecta a la introducción y uso de teléfonos celulares en los centros penales. Casos recientes como el de Tony Peña Russell y Pancho Villa, quienes, a pesar de estar en condiciones de máxima seguridad, han tenido acceso a dispositivos móviles, hacen aún mas notaria la ineficacia de las medidas de control implementadas por el Ministerio de Justicia.
Este flagelo, no debe ser tomado a la ligera, siendo urgente realizar una revisión exhaustiva de que medidas eficaces y oportunas se están tomando por parte del Gobierno; más allá de la sola presentación, a través del Ministerio de Justicia y Paz, del proyecto de ley (expediente 24.162) que penaliza esta conducta con 2 a 4 años de prisión, a quienes intenten introducir teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en los centros penales del país. Esta pena se incrementaría si se cumplen ciertas agravantes, como facilitar la comisión de delitos, actuar con fines de lucro o si la acción es realizada por un funcionario público o alguien con acceso privilegiado a las prisiones.
He venido reiterando, que debemos ser más críticos en el análisis de las facilidades con las que cuentan algunas personas privadas de libertad, de continuar dirigiendo actividades delictivas desde el interior de las prisiones, pues son claros ejemplos, de que las medidas actuales no son suficientes y mucho menos efectivas para garantizar la seguridad.
Quiero hacer hincapié en que, esta delincuencia no solamente se relaciona con delitos de narcotráfico, homicidios, entre otros: recordemos que hace tres años, se condenó a varias personas por trata de personas, pues se encontraron involucradas en la explotación de individuos en situación de vulnerabilidad para introducir celulares y otros artículos prohibidos en las cárceles. De nuevo, insisto y recalco, esto demuestra la permeabilidad del sistema penitenciario y la evidente complicidad de algunos funcionarios encargados de su supervisión, quienes permiten que estas personas u organizaciones criminales, utilicen la tecnología como un medio para continuar operando.
Ante estos retos, debe entonces el gobierno costarricense enfocar sus esfuerzos en fortalecer la seguridad en las cárceles, con mecanismos más eficientes que la sola presentación de un proyecto de ley o incluso antes de considerar otras medidas como la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias. La profesionalización y empoderamiento de la policía penitenciaria también podrían ayudar a garantizar que los funcionarios cuenten con las herramientas y la capacitación necesarias para ejercer un control efectivo, estricto y sobre todo eficaz. Se debe considerar el uso de la figura de pefiladores criminales, la inversión en tecnologías de detección más avanzadas, la mejora en las condiciones laborales y la formación continua de los policías penitenciarios para resistir posibles tentaciones de corrupción, entre otras alternativas.
No se puede esperar que una reforma legislativa, por sí sola, resuelva un problema tan arraigado, la iniciativa de sancionar más severamente la introducción de celulares en las cárceles es solo una parte de la solución. Si bien es necesario establecer castigos ejemplares para quienes violen las normas, es igualmente importante asegurar que las medidas preventivas y de control sean efectivas desde el primer momento. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema penitenciario y garantizar que las cárceles cumplan con su función de proteger a la sociedad y rehabilitar a los condenados.
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