Había intensas olas de calor y grandes incendios en Europa aquel setiembre en 2022, cuando llegaron a Longo Mai representantes de fondos internacionales destinados al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), acompañados por funcionarios del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).  Llegaron para conocer mejor --desde la perspectiva de beneficiarios-- las características del programa, y asegurarse que su reputación internacional era fidedigna.  En 27 años, desde la creación del programa, la cobertura forestal de Costa Rica aumentó de 42% a casi 60%.

Longo Mai es una comunidad del sur de Costa Rica, establecida en 1979 como refugio para campesinos costarricenses, y salvadoreños huyendo de la guerra en El Salvador. Junto con una finca en Volcán de Buenos Aires, MARBE S.A., fue escogida como modelo del programa de PSA.

Ambos Longo Mai y MARBE S.A. comparten un regente forestal, Vinicio Aguilar.  Vinicio es conocido en la zona sur por su exactitud, su energía, sus demandas de visitar las fincas que monitorea, sus notas frecuentes vía WhatsApp.  Para las personas que trabajamos con él en la transformación de nuestras fincas, es un maestro un poco temido pero respetado.

Más de lo que aparenta, es difícil, en tiempos de calor y lluvias, de crímenes, cacería y siembras clandestinas (que ponen en riesgo la integridad de, no solamente fincas particulares, sino planes regionales de conservación), traducir la visión de regenerar y reforestar una finca ganadera en un proyecto sólido de conservación.

Sobre todo, tal vez, e imposible de medir, el éxito del programa de PSA se debe a las relaciones construidas alrededor de la transformación de no solamente fincas individuales, sino entre fincas y las comunidades—y las montañas, los ríos, y los corredores biológicos--donde existen.  Tejer redes de relaciones no es algo mecánico, es un arte que requiere tiempo —un lenguaje y una métrica que valoran la calidad, no solamente la cantidad.  Aunque no pareciera, es posible que unas cuantas fincas, una conectada a la otra, puedan ayudar a cambiar el destino de un país.

No es sorprendente que Costa Rica es reconocida como pionera en desarrollar y mantener el programa de PSA. Por décadas el programa ha funcionado con base en el financiamiento, la cultura y las leyes del país que reflejan una ética de proteger el bien común, y cuyo supremo ejemplo son las Garantías Sociales.

No todos los regentes, seguramente, orientan su trabajo con esta ética; no todos tienen el carisma de Vinicio. Pero muchos si entienden su responsabilidad de perpetuar el proyecto singular, y frágil, de la solidaridad.

Aquel día en Longo Mai, las preguntas de los visitantes sobre el programa de PSA no fueron solamente mecánicas, enfocadas en contar hectáreas y especies conservadas, sino precisamente en cómo formar redes solidarias alrededor de la naturaleza.  ¿Cómo es que Costa Rica ha podido formar una ciudadanía preocupada por más que su propio bolsillo?  ¿Cómo incentivar a otros países a hacer lo mismo?

Es complicado, pero si hay algo cierto, es que nadie lo hace solo.  Lo mejor, tal vez, que ofrece el programa de PSA, transmitido por algunos dedicados regentes y funcionarios de FONAFIFO, es un lenguaje y una métrica basados en el sacrificio individual para el bien común. Al igual que la biodiversidad, en una época mercantilista, están cada día más amenazados.

En el debate actual sobre el propuesto cambio al programa no se menciona el bien común ni la solidaridad. Los grupos en contra predican la falta de consulta a las comunidades indígenas, la disminución del rol del regente y de los recursos que recibirán los finqueros, entre otros.  Los que están a favor priorizan el potencial de aumentar la cobertura forestal -- en parte, porque podrían acceder por primera vez a fondos de fuentes internacionales, como la controversial REDD+, los certificados de biodiversidad, y otros.

Aunque los cambios propuestos parecen complicados, detrás de ellos, al igual que con múltiples instituciones públicas, hay algo sencillo: consolidan el rol del sector privado. Es un fenómeno global, pero pocos entienden lo que significa.  Se requiere un debate riguroso y transparente.

Hace una semana, el Parlamento Cívico Ambiental pidió que el gobierno, la Asamblea Legislativa, agencias internacionales, y la ciudadanía debatieran los cambios propuestos al programa.  Es importante también debatir el contexto en que los cambios suceden: apertura hacia la privatización del sector ambiental.  Es importante entender quienes están detrás, y si esta reestructuración va a abrir el país a capitales especulativos, como sucede en otras partes. También es importante que costarricenses dirigiendo organizaciones internacionales como Global Environmental Facility, International Union for Conservation of Nature, y agencias de las Naciones Unidas, que entienden este cambio de paradigma, lo expliquen.  La ciudadanía merece y exige comprender.

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