Entiendo la preocupación que puede generar en el sector ambiental del país que un profesional con trayectoria en la defensa de la naturaleza participe en un caso legal vinculado a un desarrollo inmobiliario. Por eso considero importante aclarar el alcance de mi participación en el proceso de Vista Isla, en Quepos.

Fui convocado como profesional independiente para atender aspectos estrictamente técnicos relacionados con el cambio de uso del suelo, las características del terreno, los retiros de cuerpos de agua y la valoración de posibles daños ambientales. El juicio contencioso–administrativo ya se encontraba en curso bajo otro equipo jurídico, y antes de decidir mi incorporación realicé el análisis ético y técnico que siempre aplico cuando el potencial cliente no es, de manera evidente, una persona o grupo afectado por un daño ambiental. Ese examen consistió en revisar los expedientes y antecedentes de instituciones como la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y otras instancias competentes, con el fin de determinar si existía mérito técnico para acreditar que no se había cometido un ilícito ambiental.

Tras ese análisis pude convencerme de que los permisos habían sido concedidos legalmente, que existían compromisos ambientales concretos y que estos se estaban cumpliendo de manera adecuada. Con base en esa convicción, asumí el rol de aportar un trabajo serio, técnico y jurídico que permitiera que el tribunal tuviese información objetiva para tomar decisiones fundadas en hechos verificables. Desde entonces, se han generado nuevas pruebas con el apoyo de tecnologías de punta que han reforzado la evidencia ya existente, confirmando que el proyecto ha cumplido a cabalidad con la normativa ambiental vigente. Estas pruebas también han permitido precisar mejor las condiciones objetivas del terreno: un espacio que fue pasto arbolado en menos de un veinte por ciento de la propiedad, mientras que la mayor parte del área se mantiene como bosque secundario que la empresa se comprometió a fortalecer, en un entorno inmediato donde ya existen múltiples desarrollos inmobiliarios y turísticos.

Es en ese contexto que el equipo legal ha solicitado al juzgado reexaminar la medida cautelar que detuvo las obras preliminares de limpieza y terraceo, concedida en un inicio con base en pruebas limitadas. La petición plantea que, a la luz de la nueva evidencia técnica, el tribunal valore si corresponde levantar o modificar dicha medida, o bien autorizar una medida contracautelar que permita garantizar los perjuicios económicos que la empresa ha acreditado desde junio de 2024 mediante pruebas contables. Es importante aclarar que cualquier decisión al respecto depende del mérito que el juzgado otorgue a la prueba técnica presentada y que, de concederse la contracautelar, esta no compromete el patrimonio personal del demandante ni supone embargos o acciones similares, ya que el monto solicitado no es vinculante para el despacho.

En mi trabajo en este equipo técnico he sido insistente en que se mantenga estricto cumplimiento con los requisitos legales y las mejores prácticas ambientales dentro de las áreas en las que puedo tener incidencia. Asimismo, mi asesoría incluye el desaprobar que se adopten medidas que puedan considerarse como atentatorias del derecho de una persona a luchar por la defensa del derecho a un ambiente sano y sostenible que establece nuestra constitución. Soy un firme defensor de la necesaria aprobación del Acuerdo de Escazú. Por esta razón pueden el colega y las personas de su firma Energy Law, estar seguros de que jamás aprobaría que se emprendiera contra ellos acciones como las emprendidas contra los influencers del caso de Playa Panamá.

En este punto resulta fundamental subrayar la diferencia de roles. Como presidente del Parlamento Cívico Ambiental, mi tarea es defender la vida y el ambiente en el espacio público, promover un debate informado y contribuir a fiscalizar que las decisiones nacionales se ajusten a principios éticos y legales. En mi ejercicio profesional, en cambio, actúo como técnico independiente para verificar cumplimiento, aportar evidencia y exigir correctivos cuando corresponde. Ambas facetas se sostienen sobre un mismo principio: la coherencia ética. Nunca ser doble cara, nunca defender la naturaleza en el discurso y al mismo tiempo avalar su destrucción. Mi compromiso ha sido y seguirá siendo poner la ciencia, el derecho y la transparencia al servicio de la vida y del ambiente, porque solo así se puede construir un país donde el desarrollo se concilie con la justicia ambiental y el respeto profundo por nuestra casa común.

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