Ei usted es joven o bien se encuentra en la etapa laboral de su vida, posiblemente en lo que menos piensa es que dentro de unos años llegará a la llamada edad de oro, y si es así, con seguridad tampoco se ha tomado el tiempo de reflexionar sobre la situación que enfrentan nuestros adultos mayores hoy en día, y que usted también podría experimentar en el corto o mediano plazo.
En Costa Rica gracias a las políticas de salud que se han desarrollado desde el siglo pasado, la esperanza de vida actualmente supera los 80 años. Se estima que para el 2050, más de 1,2 millones de costarricenses habrán superado los 65 años, lo que implica que el Estado deberá contar con las condiciones para garantizarles sus derechos y necesidades.
Frente a esto, la dura realidad es que un 22% de esta población se encuentra viviendo en condiciones de pobreza según la OCDE; un 40% no tienen acceso a una pensión del todo, pero, además, una gran cantidad sufre de condiciones de violencia de todo tipo y abandono, y lo más triste, muchas veces a manos de sus propios familiares.
En lo que va del año, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) atendió a 257 personas mayores de 65 años en su programa de personas abandonadas, mientras que en el 2023 reubicó a 1.169 adultos mayores en hogares de larga estancia; y atendió 9.030 llamadas siendo la mayor parte de los casos situaciones de abuso, abandono, violencia física y psicológica.
Otras estadísticas refuerzan esta realidad, por ejemplo, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), reportó en el 2022 más de 300 llamadas relacionadas a casos de violencia contra las personas adultas mayores. También el servicio de Orientación Socio-Legal, que es una línea telefónica, recibió 633 llamadas de las cuales un 53% (335) corresponden a hechos de violencia.
Cuando se habla de violencia podemos pensar en ese maltrato físico o psicológico, pero también lo hay patrimonial donde muchos son víctimas de robo de sus bienes por parte de terceros y familiares, otros sufren violencia financiera con recursos limitados o reducidos al punto de que su calidad de vida no es la que en realidad podrían tener.
Quizás de la que menos se habla es la violencia institucional, definida como aquella en la cual el Estado, las entidades e instituciones públicas no atienden a esta población como deben, es decir, no cuentan con ventanillas especiales para trámites, no adaptan debidamente sus instalaciones para facilitar su movilización, cuentan con una mala atención al no responder en tiempo, hacerlos esperar horas por una gestión, y lo que es peor cuando existen funcionarios que les atienden de mala gana y hasta de manera irrespetuosa. Una política pública que esté plasmada sólo en el papel también es una manera de irrespetar los derechos de esta población.
También estereotipar a esta población es una forma de no darles su valor, de limitar su autonomía y sus derechos. Estudios de la Universidad Nacional han demostrado cómo persisten concepciones equivocadas pues una parte de la sociedad piensa que se trata de personas enfermas, que son como niños, improductivos, cuando la realidad es totalmente otra, pues son personas activas, que contribuyen con su entorno (hogar, familiar, comunal y hasta organizacional), que gustan de practicar actividad física o de otra índole porque se preocupan por su calidad de vida.
Todo esto nos demuestra que existe mucho trabajo por delante si queremos garantizar las condiciones necesarias para una calidad de vida de una población que hoy representa el 10% de la sociedad costarricense, una como he señalado, se duplicará en los próximos años, y en la cual también usted y yo pasaremos a engrosar en el corto o mediano plazo.
La violencia contra todo ser humano, sea cual sea su edad, género y pensamiento, es un comportamiento inaceptable en cualquiera de sus niveles y formas. Nosotros como sociedad no podemos normalizarla, y de ahí que podamos señalar con firmeza que para revertirla debemos hacernos responsables desde nuestro entorno creando una cultura de paz, de respeto y tolerancia.
Ese es el primer paso, reconocer qué conducta y trato damos a nuestras personas adultas mayores en el entorno inmediato, procurar que éste sea bueno y extenderlo en la comunidad, sitios de trabajo y exigir de las autoridades que hagan lo mismo, que se cumpla el respeto a sus derechos y autonomía.
Sería bueno partir, de plantearnos una pregunta: ¿en cuál sociedad quiere usted envejecer? Una en donde el miedo y la violencia le hagan sufrir, o una donde pueda tener una vida plena, feliz, accesible a la atención de sus necesidades, donde se reconozca su autonomía, sabiduría y aportes, con una seguridad integral en lo social y económico.
Al final de cuentas todos, en el mejor de los casos, envejeceremos, por lo que no es un tema al que no le podamos volver la espada o ignorar; el asunto es ¿qué actitud tenemos frente a nuestros adultos mayores? Usted escoge hacia dónde quiere mirar.
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