El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate un proyecto de ley impulsado por la Contraloría General de la República (CGR) para que las instituciones públicas y privadas que administran fondos públicos, cierren las cuentas que poseen en el sistema bancario costarricense y trasladen sus recursos hacia la Tesorería Nacional.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 22.661, fue adoptada por miembros del anterior periodo constitucional del Congreso y recibió el voto unánime afirmativo de los 41 presentes este 6 de junio, restando su segundo debate para entrar a regir como ley de la República.

La Contraloría General entabló esta propuesta con el fin de centralizar las plataformas de cobro y pago del Estado, consolidar un sistema de cuentas para el sector público y mejorar la transparencia y trazabilidad de la liquidez pública, entendida como la disponibilidad de recursos para cubrir los gastos previstos, en vista del principio de caja única previsto en el artículo 185 de la Constitución Política el cual dice:

ARTÍCULO 185.- La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.

El texto aprobado dispone que esta ley será aplicable a la totalidad de los ingresos públicos, independientemente de quien los administre o custodie, así como a los ingresos de origen público que reciban los sujetos privados.

Lo que estará exento será la liquidez originada en actividades hechas bajo régimen de competencia, los fondos de pensiones, las cuotas obrero-patronales y la cuota estatal, los ingresos de los entes públicos no estatales (como los colegios profesionales), así como el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y otros ingresos generados por las universidades o a nombre de estas, y la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).

La iniciativa dispone que la Tesorería Nacional deberá proveer y administrar una plataforma que deberá estar a disposición de las entidades públicas que manejen liquidez y permitir la captación de ingresos públicos, además de asegurar la interoperabilidad con el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), para lo cual el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica deberán coordinar lo correspondiente.

Asimismo el proyecto ordena que las instituciones públicas o privadas que administren ingresos públicos realizan una planificación de sus flujos de caja, de modo que cada día tengan de forma líquida los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones, minimizando la tenencia de recursos ociosos o el incumplimiento de pagos. La Tesorería Nacional, por su parte, deberá llevar un registro actualizado de las cuentas y saldos de liquidez pública.

Por otro lado el texto señala que el Sistema de Cuentas del Sector Público que se creará con esta ley será administrado por la Tesorería Nacional, quien podrá disponer la apertura de una cuenta de reserva en cada moneda que se requiera en el Banco Central de Costa Rica para la administración respectiva. Lo anterior implica que los depósitos en el Sistema de Cuentas del Sector Público, para todos los efectos, serán también depósitos en el Banco Central de Costa Rica y se entenderá que el Banco Central ejercerá, única y exclusivamente funciones de cajero general del Sector Público, cobrando al costo por los servicios brindados.

El proyecto también indica que las entidades públicas o privadas que están incluidas obligatoriamente en el Sistema de Cuentas del Sector Público tendrán prohibido mantener fuera de dicho Sistema saldos de cualquier especie, en cuentas corrientes, certificados de depósitos a plazo u otros instrumentos financieros. Asimismo, las entidades públicas o privadas (salvo Tesorería Nacional) tendrán prohibido realizar adquisiciones de inversiones con los ingresos públicos que estén depositados obligatoriamente dentro del Sistema de Cuentas.

Una vez aprobada en definitiva y promulgada como ley, la normativa deberá aplicarse de forma gradual, debiendo estar implementada en su totalidad en un plazo máximo improrrogable de 60 meses contados. En esa línea, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en conjunto con el Ministerio de Hacienda, definirán los parámetros, criterios de incorporación y el cronograma para su implementación gradual en un plazo de seis meses.

El cronograma de avance para la gradualidad de la implementación será el siguiente: para el primer semestre un 0%, para el segundo semestre un 5%, para el tercer semestre un 15%, para el cuarto semestre un 25%, para el quinto semestre un 35%, para el sexto semestre un 50%, para el séptimo semestre un 65%, para el octavo semestre un 75%, para el noveno semestre un 85% y para el último semestre, un 100% de implementación.

Breves

— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el plenario reciba y rinda homenaje a la alpinista y montañista Ligia Madrigal Moya, al convertirse en la primera mujer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest.

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el plenario sesione de manera extraordinaria y solemne en la ciudad de Nicoya el 24 de julio para conmemorar el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya y se realice un debate reglado.

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó que se realice un debate reglado el miércoles 19 de junio en conmemoración del Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses y a propósito del 75 aniversario de la aprobación del sufragio para las mujeres en Costa Rica.

— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó un minuto de silencio por el asesinato de Pamela Royo Solano en el cantón de Turrialba; para que los asesinatos de las mujeres no se queden en silencio y se recuerde la responsabilidad de los diputados y diputadas contra este tipo de violencia y contra el crimen organizado en el país.

— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.879 "Autorización al Concejo Municipal del distrito Lepanto y al Concejo Municipal de Puntarenas para la construcción dentro de la Zona Marítimo Terrestre del sistema de acueducto para abastecimiento de agua potable a Isla Caballo".