La reciente intervención de Coopeservidores por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ha puesto en el centro de atención las deficiencias críticas en la supervisión financiera y la gestión ética dentro de las entidades financieras. Es alarmante la falta de acciones preventivas que podrían haber evitado esta situación. El descenso en las calificaciones de Coopeservidores por Fitch Ratings a BBB+(cri) con perspectiva negativa subrayó serias preocupaciones. Según Fitch Ratings, la reclasificación de su cartera crediticia y el aumento en las estimaciones por deterioro han resultado en pérdidas financieras significativas, evidenciando debilidades en su gobierno corporativo, ejecución estratégica y controles de riesgo.
Es crucial cuestionar por qué la supervisión regulatoria no abordó oportunamente las señales de alarma mucho antes de que Coopeservidores alcanzara este estado crítico. Un mes antes de la intervención, Fitch Ratings ya había retirado las calificaciones de riesgo de Coopeservidores, lo cual plantea interrogantes sobre la efectividad de las auditorías y evaluaciones regulatorias para identificar deficiencias y actuar a tiempo. Además de las deficiencias en la supervisión, es esencial investigar cualquier posible mala administración o conflictos de interés dentro de Coopeservidores.
Para evitar futuras crisis financieras y restaurar la confianza en las cooperativas, propongo una revisión urgente en la supervisión financiera, fortaleciendo los mecanismos con auditorías más frecuentes y específicamente diseñadas para cooperativas de ahorro y crédito, para también garantizar su espíritu; énfasis en la integridad y transparencia implementando estándares más estrictos de gobernanza corporativa y ética empresarial, asegurando que todas las transacciones y decisiones sean claras, justificadas y comprensibles para los miembros de los cuerpos directivos; y responsabilidad y protección de las personas asociadas garantizar que las cooperativas operen con responsabilidad hacia sus asociados, protegiendo sus intereses y asegurando la estabilidad financiera a largo plazo.
La intervención en Coopeservidores debe servir como catalizador para una reforma profunda en la supervisión de las entidades financieras en Costa Rica. Es imperativo que las autoridades políticas y regulatorias actúen con decisión y transparencia para restaurar la confianza pública y asegurar un futuro financiero sólido y ético para la ciudadanía.
En 2010, la intervención de la cooperativa Coopemex resultó ser el escándalo financiero del momento. Por otro lado, ahora Caja de Ande enfrenta una demanda por 4.000 millones de colones debido a una ejecución de embargo por omitir obligaciones contractuales. Estos casos destacan las consecuencias de una supervisión ineficaz y la falta de acciones regulatorias oportunas.
Asimismo, hemos experimentado intermitencias y caídas de los sistemas en los bancos, lo cual ha evidenciado una grave deficiencia en la infraestructura tecnológica. Estos problemas no solo afectan la comodidad de los usuarios, sino que también ponen en riesgo la integridad de las operaciones bancarias. Un buen ejemplo es la caída de los servicios del mismísimo Banco Central (BCCR), que afectó a otras entidades financieras, incluyendo la Sugef y el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
El BCCR se vio envuelto en una controversia cuando solicitó datos no anonimizados de clientes bancarios del BAC Credomatic y luego tuvo que retractarse y borrar esos datos debido a la presión pública. Este incidente subraya la falta de protocolos adecuados para el manejo de información sensible, lo que podría haber resultado en violaciones graves a la privacidad y seguridad de los clientes.
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) enfrenta acusaciones serias de peculado, con un faltante de 3.293 millones de colones. Este caso involucra a funcionarios del área de Administración de Numerario y plantea dudas sobre la efectividad de los controles internos y la supervisión en las instituciones financieras del país. Además, en Caja de Ande hay otro faltante de trescientos sesenta millones.
Según el OIJ, las estafas bancarias han aumentado dramáticamente, con pérdidas que ascienden a 2.500 millones de colones y 1,8 millones de dólares en 2023. La evolución de las tácticas de estafa, que incluyen la clonación de páginas web y la ingeniería social, destaca la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y realizar campañas de concientización para proteger a los clientes. El movimiento Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica ha presentado denuncias contra el Banco Nacional y el Banco Popular, argumentando que los protocolos actuales permiten a los bancos evadir su responsabilidad y revictimizar a las personas afectadas por las estafas.
Esta serie de eventos en el sistema financiero costarricense, tanto en los bancos como en las cooperativas, subraya la urgente necesidad de reformas profundas en la supervisión, gestión y seguridad de las instituciones financieras, sin que esto implique limitar las oportunidades de acceso a servicios financieros para los costarricenses. La acción de las autoridades regulatorias llega tarde y no es oportuna para evitar descalabros, lo cual abona a una crisis de confianza que debe ser abordada con medidas contundentes y transparentes. Solo a través de una supervisión rigurosa y la implementación de reformas estructurales se podrá restaurar la confianza pública y asegurar un sistema financiero sólido y ético en Costa Rica.
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