La bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó este jueves un nuevo proyecto de ley a la corriente legislativa que pretende eliminar las transferencias que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) recibe de los recursos destinados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) de los trabajadores.
La iniciativa, que se tramitará bajo el expediente 24.345, revivirá la discusión que se originó durante la anterior Asamblea Legislativa en medio del trámite del proyecto para permitir a un grupo de personas el retiro de su ROP, cuando la opinión pública adquirió conocimiento de que el Banco Popular se deja para capitalizarse, desde hace medio siglo, el 0,25% del monto que los patronos pagan para financiar la pensión complementaria de sus trabajadores.
Para comprender en qué consisten las transferencias que recibe el Banco Popular desde el ROP hay que remontarse a su origen: el ROP es un fondo de pensión obligatoria formado por los aportes equivalentes al 4,25% del salario reportado en las planillas. De este porcentaje, 1% es aportado por el trabajador y el resto por el patrono. Del global, al Banco Popular se destina 1,25% (1% del trabajador y 0,25% del patrono).
El Popular maneja esos recursos durante 18 meses y luego debe entregar el 1% aportado por los trabajadores a la operadora de pensiones bajo la que esté afiliada cada persona, con sus rendimientos. Mientras tanto el 0,25% aportado por los patronos se destinan "a incrementar el patrimonio del Banco", según establece el artículo 6 de la Ley del Banco Popular.
Esa norma ha generado que —según datos del PLP con base en los estados financieros consolidados a setiembre de 2023— el Banco Popular sea la entidad bancaria pública con más patrimonio (924.796 millones), superando al Banco Nacional (768.970 millones) y al Banco de Costa Rica (743.426 millones).
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, los trabajadores pueden estar siendo afectados hasta en un 7% en el monto de su pensión complementaria por el "paseo" que se hace del 1% que aportan al Banco Popular y que éste maneja durante 18 meses; mientras que no reciben nada por el 0.25% que aportan los patronos y que el banco emplea para capitalizarse, y que se suma a las cargas sociales que de acuerdo con los liberales, restan competitividad al país y encarecen la contratación de empleo formal.
"El único objetivo del recorrido del dinero es para fortalecer el patrimonio del banco, pero ¿requiere realmente el Banco Popular seguir fortaleciendo su patrimonio ad perpetuam con fondos de bajo costo? Lo que se pudo haber justificado al momento de fundación del banco, para capitalizarlo, ¿sigue siendo válido 52 años después? ¿Se justifica que los trabajadores pierdan hasta un 7% del monto de su pensión para fortalecer el patrimonio de un banco público que tiene acceso a otros recursos de bajo o nulo costo (cuentas corrientes)?", cuestiona la iniciativa.
Dada esa situación, el proyecto de ley propone eliminar el aporte patronal del 0,25% que no es trasladado al ROP y se queda en el Banco Popular, y por el otro lado propone derogar el Fondo de Trabajo contenido en el Capítulo II de la Ley del Banco Popular, para que el 1% que aportan los trabajadores a su pensión complementaria sea trasladado por la Caja Costarricense del Seguro Social a su operadora de pensiones seleccionada.
"Al reducir el costo del empleo en 0.25% del salario para los patronos, estas medidas incentivarían la contratación en la formalidad y otorgan más empleabilidad a los trabajadores", afirma el proyecto de ley.
Asimismo, el PLP afirmó que la iniciativa responde a las advertencias señaladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y elimina "la odiosa imposición del uso del dinero de los trabajadores para financiar un banco que no los beneficia y que cuenta con una ventaja injustificada con respecto a los demás bancos comerciales", lo que genera distorsión de competencia.
El proyecto, además, pretende permitir que 0,25% del aporte patronal que hacen los patronos al ROP pueda ser deducible del monto de renta gravable para efectos del Impuesto sobre la Renta; y que el Fondo de Trabajo dispuesto en la ley del Banco Popular sea un ahorro voluntario de los trabajadores del cual podrán disponer cuando quieran, salvo que suscriban convenios de ahorro a plazo.
Como medida transitoria el proyecto dispone que el Banco Popular deberá devolver el monto aportado por patronos, poderes del Estado, instituciones públicas y trabajadores en un plazo de 18 meses. Una vez finalizado ese plazo, el Banco deberá certificar ante la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) que ha finalizado el traslado total de los recursos en tiempo y forma.
Asimismo se dispone que los depósitos de las cuotas en mora por parte de los patronos durante el plazo de 18 meses anteriormente señalado no serán trasladados al Banco Popular, sino que serán trasladados a la operadora de pensión definida por el trabajador conforme se efectúen dichos depósitos.
Finalmente el proyecto señala que con el fin de incentivar el pago de las cuotas patronales atrasadas, se otorgará la condonación a los adeudos pendientes de pago por multas, recargos e intereses acumulados al momento de entrada en vigencia de la ley.
El proyecto deberá ser convocado a sesiones extraordinarias para poder iniciar su trámite legislativo o bien, esperar a que el actual periodo concluya y el congreso retome el control sobre la agenda parlamentaria.
Breves
— Rodrigo Arias anunció la integración del primer bloque de comisiones permanentes especiales (las cuales se suman a la de Redacción, Seguridad y Narcotráfico, Control del Ingreso y el Gasto Público que fueron integradas e instaladas previamente):
Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo
- Danny Vargas Serrano, PLN
- Geison Enrique Valverde Méndez, PLN
- Horacio Martín Alvarado Bogantes, PUSC
- Andrés Ariel Robles Barrantes, FA
- Luis Diego Vargas Rodríguez, PLP
- Olga Lidia Morera Arrieta, NR
- Waldo Agüero Sanabria, PPSD
Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia
- José Francisco Nicolás Alvarado, PLN
- Kattia Rivera Soto, PLN (entra en sustitución de Rosaura Méndez Gamboa, PLN)
- Carlos Felipe García Molina, PUSC
- Jonathan Jesús Acuña Soto, PUSC
- Johana Obando Bonilla, PLP
- José Pablo Sibaja Jiménez, NR (entra en sustitución de Fabricio Alvarado Muñoz, NR)
- Waldo Agüero Sanabria, PPSD
- Carolina Delgado Ramírez, PLN
- Dinorah Barquero Barquero, PLN (entra en lugar de Rosaura Méndez Gamboa, PLN)
- María Daniela Rojas Salas, PUSC
- Rocío Alfaro Molina, FA
- Cynthia Maritza Córdoba Serrano, PLP (entra en lugar de Johana Obando Bonilla, PLP)
- Olga Lidia Morera Arrieta, NR
- Luz Mary Alpízar Loaiza, NR
- Alejandra Larios Trejos, PLN
- Carolina Delgado Ramírez, PLN
- Priscilla Vindas Salazar, FA (entra en lugar de Antonio Ortega Gutiérrez, FA)
- Melina Ajoy Palma, PUSC (entra en lugar de María Marta Carballo Arce, PUSC)
- Luis Diego Vargas Rodríguez, PLP
- David Lorenzo Segura Gamboa, NR
- Pilar Cisneros Gallo, PPSD (entra en lugar de María Marta Padilla, independiente)
- Rosaura Méndez Gamboa, PLN (entra en lugar de Kattia Rivera Soto, PLN)
- Pedro Rojas Guzmán, PLN
- Alejandro José Pacheco Castro, PUSC
- Paola Nájera Abarca, PPSD (entra en lugar de Ada Acuña Castro, PPSD)
- Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, NR
Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor
- Priscilla Vindas Salazar, FA
- Yonder Andrey Salas Durán, NR
- Katherine Andrea Moreira Brown, PLN
- Andrea Álvarez Marín, PLN
- María Marta Padilla Bonilla, PPSD
- Monserrat Ruiz Guevara, PLN
- Sonia Rojas Méndez, PLN
- Melina Ajoy Palma, PUSC
- Antonio José Ortega Gutiérrez, FA
- Cynthia Maritza Córdoba Serrano, PLP (entra en lugar de Jorge Dengo Rosabal, PLP)
- Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz (entra en lugar de Rosalía Brown Young, NR)
- Alexander Barrantes Chacón, PPSD
