Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Diputada busca reducir ganancias que se deja el Banco Popular por jinetear parte del ROP

Diputada busca reducir ganancias que se deja el Banco Popular por jinetear parte del ROP

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, logró que el Plenario de la Asamblea Legislativa se abriera a discutir y votar una moción que eliminaría la gran disparidad que genera el denominado "paseo" de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que ocurre en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Para comprender en qué consiste dicho "paseo" hay que remontarse a su origen: el ROP es un fondo de pensión obligatoria formado por los aportes equivalentes al 4,25% del salario reportado en las planillas de la CCSS. De este porcentaje, 1% es aportado por el trabajador y el resto por el patrono. Del global, al Banco Popular se destina 1,25% del aporte (el 1% del trabajador y el 0,25% del patrono).

El banco maneja esos recursos durante 24 meses y luego los entrega(*) a la operadora de pensiones bajo la que esté afiliada esa persona, con sus rendimientos, a una tasa de interés muy inferior a la que esos recursos habrían tenido si hubiesen pasado directo a la operadora de pensiones.

Por ejemplo, para este 2020 el Banco Popular reconocerá una tasa de interés de solo 3,88% cuando las operadoras de pensiones complementarias están reconociendo porcentajes por encima del 8%. Dicha diferencia afecta en hasta un 6% el monto del ROP de la persona trabajadora, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones citados por La Nación. 

Dato D+: El artículo 13 de la Ley 7983 establece que el el Banco Popular reconocerá una tasa de interés fijada por su Junta Directiva Nacional. Dicha tasa no podrá ser inferior a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor, ni mayor que la tasa activa para préstamos de vivienda de interés social del Banco.

Dado que el Banco Popular maneja durante dos años esos recursos del ROP, puede invertirlos en otras operaciones para aumentar sus rendimientos, pero al reconocer una tasa de interés inferior a la que reconocen las operadoras de pensiones complementarias, usa la diferencia desde el año 2000 para capitalizarse y la medida nunca fue derogada o modificada, pese a que a la fecha el Banco Popular es el banco con el patrimonio más grande, muy por delante del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y hasta el propio BAC Credomatic.

Este "paseo" había sido originalmente eliminado por la Comisión de Hacendarios del Congreso que tramitó el expediente 21.309 denominado Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria. Sin embargo, luego del lobby hecho por el Banco Popular la comisión revirtió la eliminación y en su lugar señaló que el Banco debería reconocer una tasa de interés equivalente a la Tasa Básica Pasiva más 160 puntos base (1,60%).

De mantenerse esa metodología, a hoy el Banco Popular tendría que reconocer rendimientos por una tasa de interés del 5.10%; superior a lo que actualmente pretende dar, pero igualmente inferior a la tasa de interés bajo la que ganan rendimientos los recursos del trabajador en la operadora de pensiones.

(*): El 17 de julio anterior, El Financiero dio a conocer que el Banco Popular se deja el 0,25% de la masa salarial aportada por concepto de ROP, la cual nunca es devuelta a los trabajadores. Tal accionar, según los estados financieros intermedios consolidados de marzo de 2020, dejó al Popular 233.563 millones de colones; mientras que el 1% le dejó ganancias por 21.345 millones de colones.

Inclusive, aunque la ley actual dispone que el Banco solo tiene 18 meses para aprovecharse de los recursos de los trabajadores, en la práctica terminan siendo 24 meses.

Ningún otro banco, público o privado, tiene tal beneficio.

La moción de Yorleny León

La diputada liberacionista, Yorleny León, reiteró una moción que fue rechazada en la Comisión de Hacendarios con la que pretendía incrementar la tasa de interés referencia sobre la cual el Banco Popular debe reconocer los rendimientos por haber jineteado durante 24 meses los recursos de los trabajadores.

En lugar de 160 puntos base, la legisladora plantea que a la Tasa Básica Pasiva se sumen 250 puntos base (2,50%) por lo que los rendimientos a reconocer al menos a hoy serían entonces del 6%, aún por debajo de la tasa ofrecida por las operadoras de pensiones.

La moción de reiteración, que pretendía que el Plenario se convirtiera en Comisión General y entrara a conocer la moción rechazada por la Comisión de Hacendarios, recibió inicialmente 25 votos en contra y 21 a favor, por lo que fue rechazada. Sin embargo, León planteó una moción de revisión para que dicha votación se repitiera, ganándola con 26 votos a favor y 19 en contra.

La moción de fondo rechazada por la Comisión no alcanzó a conocerse en la sesión de este lunes, pues el diputado presidente, Eduardo Cruickshank, dispuso levantar la sesión en ese momento.

De ser aprobada, el cambio se sumaría a la modificación hecha por Hacendarios de que el tiempo durante el cual el Banco Popular jineteará la plata de los trabajadores pasará de 24 a 18 meses.

A favor de entrar a conocer la moción votaron Ana Lucía Delgado, Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Karine Niño, Wagner Jiménez, María José Corrales, Roberto Thompson, Paola Valladares, Jorge Fonseca, Luis Antonio Aiza, Franggi Nicolás, Yorleny León y Aida Montiel del PLN; los independientes Zoila Volio, Erick Rodríguez, Ivonne Acuña, Dragos Dolanescu, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marulin Azofeifa e Ignacio Alpízar; las socialcristianas Sirley Díaz y Aracelly Salas; la diputada del PIN, Patricia Villegas; Otto Roberto Vargas del PRSC; José María Villalta del FA

Por otro lado, votaron en contra Enrique Sánchez, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Víctor Morales, Paola Vega, Carolina Hidalgo, Luis Ramón Carranza, Mario Castillo, Laura Guido y Welmer Ramos de la bancada oficialista; Eduardo Cruickshank, Xiomara Rodríguez, Melvin Núñez y Floria Segreda de Restauración Nacional; María Inés Solís, Óscar Cascante y María Vita Monge del PUSC; Luis Fernando Chacón del PLN y Wálter Muñoz del PIN.

*Pretends to be shocked*: Comisión recomienda mantener a Catalina Crespo en el cargo

La Comisión integrada para analizar las múltiples denuncias interpuestas contra la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, rindió este lunes un informe de mayoría en el que recomienda mantenerla en el cargo.

Por votación 5 vs 2, la Comisión determinó que no se configura el escenario dispuesto por la Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes para considerar que Crespo incurrió en "negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico" para removerla del puesto.

En total, Crespo fue denunciada por 14 hechos:

  1. Reformó el procedimiento y funcionamiento del Consejo de Directores sin definir de manera correcta las funciones
  2. Irregularidades en la intervención por parte de la Defensora en el caso UPAD
  3. Cambios en el Manual de Macroprocesos por parte de la jerarca, que le permiten actuar de forma discrecional e incidir en el proceso técnico
  4. No existe una dirección técnica, ni conducción estratégica, ni comunicación asertiva de parte de la Defensora
  5. Violación al Sistema de Control Interno Institucional
  6. La Defensora no atiende las iniciativas en defensa de los intereses y derechos de la niñez
  7. Desidia y menosprecio por el trabajo de los que laboran en la institución y realización de campañas publicitarias sin el conocimiento técnico
  8. Congelamiento de plazas para funcionarios
  9. Violación a la confidencialidad de los expedientes de los funcionarios
  10. Recargo de funciones de la Contraloría de Servicios en la Dirección de Planificación Institucional
  11. Irregularidades en el nombramiento del Defensor Adjunto
  12. Nombramientos irregulares
  13. Uso de redes sociales de forma irregular
  14. Participación partidaria de la Defensora

Aunque el informe de mayoría aún es confidencial, el mismo ya fue filtrado a la prensa. En total lo integran 103 páginas: 76 de ellas de antecedentes, tres para referirse a los hechos "probados", cinco y media página para referirse al marco jurídico, 18 y media para referirse al fondo del proceso, y una página de recomendación y firmas.

¿Qué determinó la Comisión sobre cada una de las 14 denuncias?

— Sobre la denuncia por beligerancia política (punto 14): "El artículo 203 de la Constitución Política establece como función exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Elecciones, investigar por sí o por medio de sus delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. [...] Esta Comisión no puede invadir competencias y atribuciones que la Constitución otorga al TSE, por lo que la denuncia interpuesta por el señor [...] y [...] resulta improcedente, y en todo caso ya está bajo conocimiento del órgano constitucional competente".

— Sobre la denuncia por nombramientos irregulares (punto 12): "Existen dos causas judiciales pendientes de resolución, tanto en sede Contencioso Administrativa como Laboral. Es decir, los hechos denunciados están debidamente judicializados, pero además, algunas de las pretensiones del denunciante escapan por completo del carácter y naturaleza de esta Comisión"

—  Congelamiento de plazas para funcionarios (punto 8): La Comisión señala que la Defensora hizo el congelamiento a solicitud del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la propia Comisión señala que inicialmente la Defensora rechazó la solicitud de recorte presupuestario y fue con posterioridad que accedió a ello. Sin embargo, señalan que estaba en potestad legal de hacerlo.

—  Denuncias o quejas que no consta hayan sido abordadas: Uso de redes sociales de forma irregular / Recargo de funciones de la Contraloría de Servicios en la Dirección de Planificación Institucional / Violación a la confidencialidad de los expedientes de los funcionarios / Desidia y menosprecio por el trabajo de los que laboran en la institución y realización de campañas publicitarias sin el conocimiento técnico / La Defensora no atiende las iniciativas en defensa de los intereses y derechos de la niñez /  Violación al Sistema de Control Interno Institucional / No existe una dirección técnica, ni conducción estratégica, ni comunicación asertiva de parte de la Defensora.

—  El resto de hechos denunciados: La comisión opta por abordarlos conjuntamente al considerar que están todos intrínsecamente relacionados con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD): "Las comparecencias bajo juramento de los denunciantes, no acreditan las faltas en el cumplimiento de su cargo que le imputan a la Defensora de los Habitantes, y sobre todo, para demostrar que tales supuestas faltas sean consecuencia de una negligencia notoria ni un incumplimiento o lesión grave del ordenamiento jurídico nacional".

"En cuanto al Consejo de Directores [punto 1], no se comprobó que se suprimiera o eliminara. La naturaleza jurídica de este órgano dentro de la Defensoría está regulado en el Reglamento de la Ley, es decir, es subordinado al jerarca. Resulta entonces que en todo lo concerniente a los cambios efectuados al Consejo de Directores, los podía realizar la Defensora de los Habitantes, es decir, estaba legalmente autorizada para eso. De igual manera sucede con la modificación del Manual de Macroprocesos de defensa de los derechos e intereses de los habitantes [punto 3]".

"El tema del audio ni debe imputársele directamente a la señora Defensora, ni tampoco se afectó el curso de la investigación, siendo que además es un tema que está en estrados judiciales" (punto 2)

"Se imputa que por sugerencia de la señora Catalina Crespo Sancho, fueron omitidos del informe los nombres de Rodolfo Piza y Erickson Álvarez Calonge [...] El hecho acreditado de la suscripción del convenio por sí solo identifica a los jerarcas firmantes, sin que puedan evadir cualquier responsabilidad que pueda ocurrió como consecuencia de dicho convenio. Es decir, para el resultado de la investigación de los hechos, esa modificación, no tiene relevancia alguna porque no está excluyendo ningún tipo de responsabilidad de los funcionarios" (punto 2)

La Comisión da cuenta de que Crespo recibió una advertencia de la Auditoría Interna sobre su intención de nombrar a un funcionario de nombrar en un puesto a alguien que no cumplía con los requisitos para ello. Sin embargo, no consideran que amerite sanción al señalar que "no existe algún registro nutrido por personas que reúnan esas condiciones porque la institución no ha logrado concluir un concurso público en plazas de profesionales.

La Comisión también da cuenta de que Crespo recomendó como defensor adjunto a personas que no reunían los requisitos o idoneidad para el cargo, y que ante ello recibió advertencias de la Auditoría Interna. A pesar de ello, la Comisión tampoco considera que se le deba sancionar por ello.

El PAC anunció que presentaría un informe de minoría recomendando la destitución de crespo. Solo Nielsen Pérez y Otto Roberto Vargas Víquez del PRSC votaron por una destitución.

Breves

— Con 38 votos a favor y 1 en contra, se aprobó el expediente 20.071 que autoriza a la Municipalidad de Goicoechea para que segregue, desafecte y done un terreno de su propiedad a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José.

— Con 40 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó en segundo debate por segunda vez el expediente 21.637 que dispone la exoneración y luego tarifa escalonada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el sector construcción.

LEA MÁS: Congreso aprueba en definitiva exoneración del IVA al sector construcción

— Con 41 votos a favor y 1 en contra, se aprobó el expediente 22.172 que autoriza el atraque del Buque de la Marina de los Estados Unidos USS DETROIT, con la finalidad de reabastecimiento de combustible. Dicho buque se encuentra destinado al desarrollo de misiones antinarcóticos, por lo que tiene la capacidad de colaborar con las autoridades costarricenses en futuras operaciones antidrogas en el marco de Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos de América.