La institución pidió replantear dos proyectos de ley que discute la Asamblea Legislativa y plantea que las operadoras calculen cuánto dinero debe conservar cada persona para proteger su ingreso complementario futuro.
La Defensoría de los Habitantes propuso crear una modalidad permanente que permita a las personas pensionadas retirar parcialmente recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), pero manteniendo una reserva destinada a reducir el riesgo de que agoten su ingreso complementario durante la vejez.
La institución planteó esta alternativa al analizar los expedientes 24.972, propuesto por el Frente Amplio en la legislatura anterior, y 24.984, de la exdiputada Ada Acuña Castro, ambos dictaminados en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y orientados a modificar las condiciones para acceder a los recursos del ROP.
El 24.972 propone permitir a determinadas personas pensionadas retirar sus fondos mediante rentas temporales durante 24 meses, mientras que el 24.984 introduce nuevas modalidades de retiro.
Antes de elaborar su criterio, la Defensoría se reunió con representantes del Movimiento de devuélvanos el ROPC y de la Superintendencia de Pensiones (Supen). La institución subrayó que el ROP funciona como un régimen de capitalización individual: cada persona posee una cuenta y un saldo propios, aunque las operadoras administren e inviertan los activos de forma conjunta.
La Defensoría advirtió, sin embargo, que entregar de manera íntegra y generalizada los saldos podría reducir o eliminar el ingreso complementario que recibirían las personas durante su jubilación. También señaló que todavía falta información suficiente sobre escenarios de demanda, vencimientos de inversiones, capacidad de liquidez y pruebas de estrés de las operadoras para determinar los eventuales efectos de una liberación amplia de los recursos.
Reserva protegida y posibilidad de retirar el excedente
La propuesta plantea que cada operadora determine primero cuánto capital debe permanecer en la cuenta para sostener una prestación complementaria durante un periodo prudente. Una vez realizado ese cálculo, la persona pensionada podría retirar parte del dinero que exceda esa reserva, sujeto a un límite máximo respaldado por criterios técnicos de la Supen.
El ente defensor también considera que mantener todo el ahorro inmovilizado puede generar costos para personas que necesitan recursos para situaciones específicas. Entre los ejemplos mencionó gastos médicos, cuidados especiales, discapacidad, adecuaciones de vivienda, cancelación de hipotecas o prendas y pago de obligaciones de alto costo que afecten la liquidez familiar.
La Defensoría propone además evitar una única regla para toda la población y tomar en cuenta factores como edad, saldo disponible, monto de la pensión básica, estado de salud, discapacidad, dependencia, endeudamiento y condiciones de vivienda. Para personas con enfermedades graves o terminales plantea conservar un tratamiento especial.
La institución pidió replantear los proyectos actualmente en discusión y abrir un diálogo con la Supen, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), las operadoras, los regímenes básicos de pensiones, organizaciones especializadas y las propias personas pensionadas. También recomendó respaldar cualquier reforma con estudios actuariales, pruebas de liquidez, información desagregada y evaluaciones periódicas de sus efectos.
La Defensoría resumió su posición en conservar la finalidad pensionaria del ROP, pero ampliar al mismo tiempo la capacidad de las personas pensionadas para decidir sobre una parte de sus recursos mediante retiros parciales acompañados de una reserva pensionaria protegida.