Un análisis de 219 registros judiciales identificó diferencias según el sexo de las personas menores de edad involucradas. La investigación también examinó los delitos atribuidos y la escolaridad de quienes figuran como posibles imputados.
Una investigación del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA) identificó diferencias importantes entre los hombres y las mujeres menores de edad que aparecen en una base de registros judiciales, tanto en su condición de posibles imputados como de personas ofendidas.
Según los resultados, el 71,9% de las personas menores de edad señaladas como posibles imputadas son hombres y el 28,1% son mujeres. La distribución se invierte entre quienes figuran como víctimas: el 73,7% son mujeres y el 26,3% son hombres.
El análisis se realizó a partir de una base de 219 registros relacionados con expedientes en los que participan personas menores de edad. Los investigadores aclararon que algunos casos incluyen a más de una persona vinculada con los hechos, por lo que los registros no necesariamente equivalen al mismo número de expedientes o personas.
Los resultados permiten identificar diferencias según el sexo y la condición de las personas involucradas en los procedimientos judiciales.
Escolaridad de las personas señaladas como posibles imputadas
La investigación también examinó el nivel educativo de las personas menores de edad que aparecen como posibles imputadas. Entre los registros que cuentan con esa información, 19 personas tenían primaria completa, 18 registraban secundaria incompleta y seis no habían completado la primaria.
En conjunto, los 43 registros con información educativa disponible corresponden a personas que no habían concluido la secundaria. No obstante, los investigadores señalaron que estos datos no permiten establecer una relación causal entre la escolaridad y la participación en hechos delictivos.
Robos agravados y amenazas entre los delitos más frecuentes
El estudio también identificó los tipos de delitos asociados con los registros judiciales. Esta información estaba disponible para 85 casos, entre los cuales el robo agravado fue la categoría más frecuente, con 13 registros, seguido de las amenazas personales, con 11, y las lesiones levísimas, con nueve.
Otras conductas registradas fueron la agresión con armas y la desobediencia, con cinco casos cada una. En conjunto, los robos agravados, las amenazas personales y las lesiones levísimas representaron el 38,8% de los delitos identificados en la información disponible.
Los resultados incluyen tanto delitos contra la propiedad como conductas relacionadas con amenazas, lesiones y otras formas de agresión.
Investigación advierte limitaciones para interpretar los resultados
El Ineina destacó que el análisis debe interpretarse exclusivamente dentro del conjunto de registros estudiados. La base suministrada no incluye las fechas de los hechos, la ubicación geográfica ni los identificadores de los expedientes, elementos necesarios para contextualizar los casos y realizar comparaciones con otras fuentes. Además, en 133 registros no fue posible identificar el delito asociado. Esta ausencia de información limita la posibilidad de establecer una distribución completa de los hechos investigados.
Por estas limitaciones, la UNA advirtió que los resultados no permiten establecer tendencias sobre la criminalidad juvenil en Costa Rica. El análisis únicamente describe las características de las personas y los hechos registrados en la base, así como las diferencias observadas según sexo, condición dentro del expediente y escolaridad.
