Cuando diversas figuras del presente Gobierno han usado el apelativo de soplones para referirse con tono negativo a la figura del denunciante en el ámbito de la gestión pública, denotan ambivalencia. Por un lado, el Gobierno promueve la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales, para, entre otros aspectos, fomentar la iniciativa de los denunciantes, mientras que, por otro lado, voces oficialistas se lamenten de esa iniciativa vista en la práctica, exigen conocer la identidad de quienes denuncian y hasta le atribuyen a las denuncias un matiz conspirativo.

Esa ley que, valga señalar, vino a complementar la protección dada al denunciante, sobre su identidad y otros aspectos, ya incluida en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, va en la línea recomendada por las mejores prácticas a nivel internacional, las cuales reconocen el rol clave que tiene el llamado wispering (susurro o soplo, en este caso utilizado en sentido neutro, no peyorativo) para la transparencia y la rendición de cuentas.

Por ejemplo, el prestigioso observatorio de la Asociación de Examinadores Certificados del Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), ha determinado a lo largo de sus 28 años, que la mayoría de los casos de fraude, grandes y pequeños en el mundo, se ha conocido porque alguien decide, por diversas razones, filtrar esa información, ya sea hacia los medios de prensa, instancias de control interno o externo u otros interesados, lo que en ese informe de llama tip (que vendría a ser como un sinónimo del dar información o denunciar).

El reporte del 2024, con datos referidos a 1921 casos en 183 países y territorios, revela que la denuncia de fraudes en los ámbitos privado y público fue, por mucho, la principal fuente de descubrimiento (43%), seguida de las auditorías internas (14 %) y el control interno gerencial (13%). Es revelador que, de las once categorías de fuentes utilizadas en ese reporte, el control externo, ya sea mediante auditorías externas, agencias de control tributario o similares, se ubica en séptimo lugar (3%); en tanto las detecciones internas por controles automatizados o monitoreo de datos, se coloca en octavo lugar (2%); lo cual también resalta la relevancia del denunciante.

De esos estudios derivan valiosas conclusiones. Por ejemplo, para subrayar la relevancia de los mecanismos denominados proactivos en esa publicación (como el tip o denuncia), frente a los pasivos (como las auditoría o investigaciones), se concluye que:

  • Si en la cadena de corrupción no hay conflicto o desavenencia entre los participantes que motive denuncias, o si terceros no involucrados no se enteran y denuncian, difícilmente se llega a descubrir casi la mitad de casos de fraude.
  • Aunque se observan algunas variaciones regionales leves, las tendencias generales de los datos son bastante consistentes, tanto a través de las fronteras como en el tiempo.
  • Entre más se tarde en conocer y se prolongue a causa de esto el fraude, son más cuantiosas sus consecuencias.

No está de más recordar que uno de los lemas utilizados por la Organización de las Naciones Unidas, para las campañas relacionadas con el Día internacional contra la corrupción, ha sido el de “Rompe la cadena de corrupción”, haciendo un llamado a que se denuncien estos presuntos actos y a mantener una conducta ejemplar alejada de los mismos.

Son bienvenidos, pues, los soplones (informantes o denunciantes), en el buen sentido de la palabra, y los avances para protegerlos en lo pertinente (como en su identidad) y fomentar su iniciativa, sea desde el ámbito público, privado o civil. No aquellos malintencionados, como quienes le adelantan a los delincuentes dónde y cuándo habrá un operativo policial o los que lo hagan para entorpecer la gestión pública en favor de sus intereses; si no los bienintencionados, los que, sin estar involucrados en la cadena de eventual corrupción, notan que se está actuando de maneras que parecen contrarias a lo debido y por eso denuncian o informan.

Pero a falta de estos últimos, bienvenidos también los funcionarios públicos o personas del sector privado o de la sociedad civil que, estando en la cadena de eventual corrupción, deciden romper con el menoscabo al deber cívico fundamental de la integridad y, en cambio, proceden a denunciar y rectificar sus actuaciones en lo sucesivo.

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