Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitó el pasado lunes 20 de mayo cinco órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y tres líderes de Hamás: Yahia Sinwar, jefe de la milicia en Gaza, Mohamed Diab Ibahim al Marsi, comandante en jefe del ala militar en Gaza, e Ismail Haniya, líder político.

Por primera vez en su historia este tribunal ha solicitado órdenes de arresto contra mandatarios de países aliados de Occidente. En este caso de trata del país que recibe la mayor cantidad de ayuda militar estadounidense en las últimas décadas, y máximo aliado de la región. Una medida inédita que ocurre ocho meses después del inicio de la ofensiva militar en Gaza que ya ocasiona más de 35.000 palestinos asesinados y miles de heridos y desaparecidos.

Este acontecimiento de carácter histórico no solo representa un hito en la historia de la justicia internacional. Es la primera vez desde los juicios de Núremberg que un tribunal internacional solicita medidas contra miembros de un gobierno occidental.

La fiscalía del TPI atribuye a Netanyahu y Gallant crímenes que podrían considerarse indispensables para ejecutar un genocidio: “hacer morir de hambre a civiles”, causar intencionalmente gran sufrimiento o daños graves al cuerpo o la salud de la población, o tratos crueles”, “homicidio intencional o asesinato”, “dirigir intencionadamente ataques contra la población civil”, “exterminio y/o asesinato”, “persecución como crimen de lesa humanidad” y “otros actos inhumanos”.  Además de estas acusaciones, el tribunal considera que “Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

El TPI no ha olvidado la masacre cometida por Hamás el pasado 7 de octubre. En el caso contra los tres líderes del considerado grupo terrorista por Occidente figuran crímenes de “asesinato”, “exterminio”, “toma de rehenes”, “violencia sexual”, “tortura”, “trato cruel”, “atentados a la dignidad personal” y “otros actos inhumanos”.

Ahora, y tras emitir las diversas órdenes de arresto solicitadas por el fiscal jefe, un panel de jueces del TPI debe analizar si existen “motivos razonables” para creer que dichas personas han cometido delitos que competen a la Corte. Serán tres jueces los que evalúen las pruebas recopiladas, y en caso de que su valoración respalde las órdenes de la Fiscalía, tanto Netanyahu, Gallant y los tres líderes de Hamás se enfrentarían a la posibilidad de ser detenidos en al menos 124 países que reconocen y forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La mayoría de los países del planeta son miembros de TPI y estarían obligados a detener a estas personas en caso de que se encuentren en su territorio.

A pesar de que Israel no forma parte del TPI, y por ende está descartada la posibilidad de que tanto Netanyahu como Gallant sean detenidos dentro de sus fronteras, las ordenes de arresto suponen una nueva condena internacional contra la ofensiva israelí en Gaza y una medida de una elevada carga simbólica. Históricamente la justicia internacional se ha usado para juzgar a adversarios derrotados, la mayoría de ellos ajenos a los intereses occidentales como Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia o recientemente con las órdenes de detención de Omar al-Bashir de Sudán y Vladimir Putin.

Estados Unidos, el cual no es parte del TPI, ha apoyado la detención de todos aquellos líderes que no representan una alianza estratégica para sus intereses. Cabe recordar que el gobierno de Biden ha apoyado las investigaciones contra Putin, en las que se le señala como responsable de la “deportación ilegal de niños” en Ucrania.

Karim Khan ha reconocido recientemente que ha sufrido presiones por parte de diversos políticos estadounidenses y funcionarios israelíes haciéndole recordar que “esta Corte fue construida para África y para matones como Putin”, a lo que él ha respondido públicamente que el TPI corresponde al legado de Núremberg y el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta.

Biden calificó de “indignantes” las órdenes de arresto contra los líderes israelíes.  Incluso el presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, ha anunciado que la Cámara de Representantes “está revisando todas las opciones, incluidas las sanciones, para castigar al TPI”.

A su vez, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, recientemente reaccionó a unas palabras del portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, en el que afirmaba que el TPI no tiene jurisdicción sobre Israel, pero sí sobre lo que ocurre actualmente en Sudán y Ucrania. Albanese señala que “parece que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a socavar todos los principios básicos del derecho internacional para proteger a Israel de la rendición de cuentas, incluso frente a un genocidio en curso”.

Por otra parte, no debemos olvidar que actualmente se encuentra otra investigación abierta en la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, donde el gobierno de Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por genocidio, y en la que días atrás dicho tribunal emitió una orden del cese de ofensiva militar en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El tribunal con dicha medida busca evitar la “destrucción física” del millón de palestinos desplazados, y con ello han apoyado parcialmente las peticiones de medidas cautelares de Sudáfrica.

Mientras tanto, miles de palestinos siguen sufriendo la campaña militar genocida de Israel contra su población. La justicia internacional ha dado pasos importantes para juzgar los crímenes israelíes en Gaza, aunque pueda que no los suficientes para detener el genocidio palestino de Israel con complicidad de Estados Unidos y sus aliados.

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