Una serie de atributos personales enaltecen la función pública, en particular la de personas elegidas en elección popular. Algunas, tales como la integridad, la decencia, la pericia y el decoro, le dan autoridad moral al puesto que ya tiene la autoridad formal otorgada por la ley. Otras, como la transparencia, la rendición de cuentas, la sensibilidad cultural y la destreza de facilitación, hacen de la persona funcionaria una figura honorable y memorable.

Décadas atrás, la tarea de gestionar liderazgos políticos era una función que dependía de manera exclusiva de los partidos políticos. Era quizás la actividad más importante de estas organizaciones pues equivalía a sembrar semillas para que germinara nuevo talento y contar con opciones robustas para aspirar a puestos de elección popular en el futuro. Hoy, cualquier persona puede alcanzar la presidencia de la República y, aunque es un derecho constitucional de cualquier persona costarricense mayor de 35 años, lo cierto es que no cualquier persona debería alcanzar tan delicada posición.

No pretendemos hacer una crítica respecto a las personas que han sido electas para el cargo en el pasado. Al respecto ya no hay nada que podamos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el futuro y eso incluye elegir personas que tienen una noción al menos básica de los tiempos que vive la humanidad y la biósfera y las grandes tendencias prospectivas que se vislumbran hoy como fuerzas de influencia al quehacer humano por el resto del siglo y más allá.

Además de la destreza prospectiva, nuestros compatriotas que aspiren a puestos de elección popular también deben tener un fino entendimiento sobre lo que implica ejercer la función pública. Si existe claridad de la diferencia entre el principio de legalidad y el principio de autonomía de la voluntad, intuyo que habría muchos menos delitos en la administración pública.

En un esfuerzo por ver el panorama más amplio de la gestión del talento, tenemos claro que la humanidad se enfrenta a amenazas – algunas de su propia creación, como la guerra, el cambio climático y la inteligencia artificial – que requerirán de esfuerzos colectivos amplios, profundos y duraderos. Quiere decir que los liderazgos que demanda la humanidad para gestionar el bien común desde hoy en adelante, tendrán que activarse en cada comunidad, en cada barrio, en cada empresa, en cada oficina, en cada hogar, en cada templo, en cada escuela.

Ha llegado la hora de que cada persona ejerza su ciudadanía con civismo y liderazgo enfocado hacia enriquecer, primero, lo colectivo, que es lo que nos sostiene: la naturaleza, la seguridad ciudadana y social, la salud y educación públicas, la infraestructura y los servicios públicos, el estado de derecho y la democracia. Este último valor cultural institucionalizado es de especial importancia para quienes elegimos creer que se vive mejor en la paz, la libertad, la transparencia, la inclusión y el respaldo que ofrece un régimen democrático comparado con cualquier otro régimen de gobernanza pública que haya sido inventado. Esta garantía de cobertura es de alta prioridad para las personas, comunidades y minorías que, por las razones legítimas que sean, se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Así como debemos ejercer la ciudadanía de manera digna y honorable, también debe ejercerse todo cargo público, sobre todo para quienes lo son por elección popular, que es el mandato del soberano, la máxima autoridad en un régimen democrático.

Escuche el episodio 216 de Diálogos con Álvaro Cedeño titulado “Honrar la investidura”.

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Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.