Fiscalía indagará si se cometió el delito de penalidad del corruptor.
La Fiscalía General de la República abrió una investigación tras las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez quien afirmó que se le solicitó dejar expirar la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral en 2023, a cambio de asegurar los votos necesarios para continuar como líder del Congreso.
La causa, que se tramitará bajo el expediente 24-000031-0033-PE, se centra en un presunto delito de penalidad del corruptor, el cual según el Código Penal se presenta cuando un tercero ofrece o promete a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.
El pasado 14 de mayo, Arias afirmó en el programa "Malas Compañías" de Teletica Radio que se le insinuó que dejara morir la comisión que investigaba el financiamiento de partidos políticos, cuyo plazo vencía durante las vacaciones de Semana Santa.
"Me insinuaron que, si no se tomaba ninguna acción, el plazo de la comisión vencería, y se sugirió que, de ser así, los votos podrían estar disponibles. Mi respuesta fue que no podía permitirlo, ya que eso implicaría el incumplimiento de mis obligaciones como presidente del Congreso".
Chaves calificó las declaraciones de Arias como imposibles, señalando que su reunión tuvo lugar el 20 de abril de 2023, después de la Semana Santa, y que para entonces el plazo de la comisión ya había sido extendido. Posteriormente Arias precisó que las insinuaciones para dejar expirar la comisión vinieron de "terceros" no identificados y que los mensajes "probablemente" provenían del mandatario.
Arias dijo que restó importancia a la solicitud ya que la comisión había pedido una ampliación del plazo que fue discutida y aprobada por el plenario el 28 de marzo de 2023, con 40 votos a favor y nueve en contra, siendo los diputados del gobierno los únicos que votaron en contra.
El presidente legislativo afirmó haberle explicado a Chaves durante una reunión que no cumplió con la solicitud de dejar vencer la comisión porque hubiera violado sus responsabilidades legales y constitucionales como cabeza del Legislativo.
