En el año 2019 se presentaba en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, un proyecto de ley (expediente 21.096) con el fin de fortalecer el estudio de los derechos humanos (en adelante DD.HH.) en los centros educativos del país, la propuesta se fundamentaba en incluir en los planes de enseñanza de las escuelas y colegios la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ese entonces fue notable que 26 de los 48 miembros de la Asamblea Legislativa, rechazaron la implementación del proyecto de ley.

Este suceso fue señalado por el Instituto Interamericano de Derecho Humanos, así como por organizaciones internaciones y centros académicos como un acto que atentó contra el desarrollo de la democracia. Es válido preguntarse, ¿cómo ha evolucionado la cultura de la educación en derechos humanos en la región centroamericana desde ese entonces? Partiendo de las coyunturas que enfrentan nuestras sociedades en la contemporaneidad.

Dos años después se presentó nuevamente el proyecto de ley (expediente 21.834) que de igual manera proponía adicionar un artículo único mediante el cual se solicitaba la aprobación de incluir un nuevo inciso al artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación (Ley 2160) de manera que se estableciera en las escuelas el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este segundo proyecto recibió un respaldo mayoritario en su segundo debate: solo cinco diputados votaron en contra mientras que 36 a favor; quedando entonces aprobado y declarando el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos. Esta ley respalda la promoción y reflexión de los DD.HH en instituciones públicas privadas y quedando además añadido el inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160.  La experiencia de Costa Rica, como parte del Sistema de Integración Centroamericana, invita a los restantes países de la región a reflexionar sobre el tema y su relevancia en el contexto regional.

Los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen la importancia de la educación en DD.HH. como un medio para promover la paz, la justicia y el respeto mutuo entre los individuos y las comunidades.

Es innegable que, si bien se reconoce y se trabaja en promover los derechos desde distintos niveles, se hace “inevitable recalcar que solo declarar los Derechos Humanos no los hace realidad, por lo que es necesaria la enseñanza y la educación para la verdadera realización de los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal” (Rodino, 2015, p. 78).

Asimismo, es importante reflexionar con relación a ¿por qué aún no existe una cultura consolidada desde las administraciones públicas regionales direccionada a fortalecer el diseño de políticas encauzadas a robustecer la educación desde estos escenarios? Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo el tribunal más importante en materia de DD. HH. en la región, en múltiples ocasiones ha dejado clara su posición a través de diferentes sentencias y opiniones consultivas, por ejemplo:

  • Caso del Colegio de Abogados vs. Nicaragua (2004): En este caso, la Corte se pronunció sobre la importancia de la educación en derechos humanos para promover y proteger los derechos fundamentales en la sociedad nicaragüense.
  • Caso del Colegio de Abogados vs. Venezuela (2011): La Corte destacó la necesidad de que los Estados implementen políticas educativas en función de fomentar la comprensión y el respeto por los derechos humanos como parte integral del sistema educativo.
  • Opinión Consultiva OC-8/87 sobre educación y derechos humanos (1987): En esta opinión, la Corte estableció los principios y estándares fundamentales sobre la relación entre educación y derechos humanos en el ámbito interamericano.

Por tanto, podemos señalar que sí existe un camino o ruta a seguir, pero este camino aún no está siendo transitable por nuestros tomadores de decisiones gubernamentales. Según plantea Rodino (2015) para aplicar en forma efectiva los derechos humanos se necesita que todas las personas funcionarias del Estado conozcan de ellos, los asuman como parte de su condición de ciudadanos, los ejerzan y los defiendan para sí mismos y para la propia sociedad en su totalidad.

Aún  hoy se considera un desafío, que exista voluntad política y compromiso por parte de los gobiernos y las instituciones educativas para integrar la educación en derechos humanos en los planes de estudio de manera eficiente, y es necesario acotar que, aunque alguna instancia educativa tenga voluntad para integrar estos conocimientos en sus planes de enseñanza, es necesariamente importante el estar respaldado por políticas que brinden luz verde a estos procesos.

¿Es entonces una responsabilidad estatal? No deberían estos temas considerarse secundarios, ni muchos menos controversiales cuando se trate de educar en DD.HH. Es lamentable como para países que no son dictaduras y viven en democracia, la inclusión de estos tópicos en los programas de aprendizaje de los distintos niveles de educación sea aún una añoranza.

Como se ejemplificaba, es evidente la intensión de las organizaciones internacionales de trabajar en función de limar estas brechas, pero no basta con esto, por lo que es incuestionable la necesidad de explorar nuevas formas de educar con innovación a nuestras administraciones públicas.

Desde este contexto, concuerdo en que, muchos sistemas educativos están arraigados en enfoques tradicionales. Súmesele la falta de capacitación adecuada para los educadores y la escasez de recursos específicos para la enseñanza. A esto se le debe añadir la existencia de amplias barreras culturales y sociales, así como prejuicios arraigados, desigualdades socioeconómicas, y falta de conciencia. Pero también es importante mencionar que existen metodologías ya probadas, muy efectivas, además, para trabajar la resistencia al cambio y el sistema costarricense ha dado muestras de ello.

La construcción de una cultura de educación en derechos humanos es necesaria, pero, presenta desafíos y retos gigantes, aun así debe ser un objetivo alcanzable de suma importancia para el desarrollo futuro de nuestra región, y recordemos que la región la conforman países, los países sociedades y las sociedades familias, somos entonces nosotros los beneficiarios.

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