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Foto: Ezequiel Becerra / AFP

Prohibición de comprar en efectivo bienes registrables superiores a $10 mil pasa el primer debate

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley que prohíbe comprar en efectivo bienes registrables (como vehículos o propiedades) cuyo costo supere los 10 mil dólares, a pesar de las objeciones del Liberal Progresista sobre la redacción de la propuesta que traería consigo, en su estado actual, una prohibición de emplear criptoactivos como medios de pago.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 20.438, fue propuesta por las bancadas de Acción Ciudadana y Frente Amplio en el periodo constitucional 2014-2018 como resultado de la evaluación realizada a Costa Rica en julio 2015 por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que es la sede regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene como mandato fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La semana pasada el plenario debió conocer las mociones de reiteración que fueron presentadas, es decir, mociones rechazadas en comisión sobre las cuales se insistió en el plenario para que fueran consideradas y aprobadas.

La única moción que logró ser aprobada dispone que cualquier transacción que implique el traspaso de bienes muebles e inmuebles, y que incluya uno o más pagos en efectivo entre el comprador y el vendedor, deberá hacerse mediante el sistema financiero nacional si el monto total en efectivo iguala o supera los 10.000 dólares estadounidenses (5.000.000 colones o su equivalente en otras monedas) en un mes calendario, incluso si esos pagos se dividen en cantidades menores a lo largo del mes pero suman 10.000 dólares o más.

Con esa redacción se deja de lado la fórmula que estaba vigente en la versión anterior del proyecto, que disponía que la limitación de pagar en efectivo sería cuando tratándose de bienes muebles estos costaran el equivalente a 40 salarios base mensual del Oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República (12.172.000 colones este 2024); y tratándose de bienes inmuebles sería el equivalente a 250 salarios base mensual (76.075.000 colones).

El diputado Gilberto Campos del Liberal Progresista, quien la semana anterior objetó el texto del proyecto por establecer en 10.000 dólares el tope a partir del cual deberá recurrirse a una transacción en el Sistema Financiero Nacional, señaló este lunes como nueva objeción que la iniciativa carecía de claridad respecto a las transacciones de trueque y advirtió sobre posibles repercusiones en varios sectores económicos, recordando, por ejemplo, que en algunos lugares del país puede recurrirse a cambiar propiedades por cabezas de ganado o viceversa.

Por su parte, su compañero Jorge Dengo Rosabal destacó la necesidad de clarificar el proyecto de ley para evitar interpretaciones ambiguas por parte del Registro Nacional, particularmente en lo que respecta a transacciones registrables que involucran bienes inmuebles o muebles como parte de pago.

Asimismo la diputada Johana Obando insistió en la importancia de los activos digitales, especialmente los criptoactivos, en la economía actual, señalando que aproximadamente el 8% de la población costarricense está involucrada en transacciones con criptoactivos, por lo que advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de excluir este mercado, afirmando que una legislación restrictiva solo podría empujar a las personas hacia el mercado ilegal.

Pese a las objeciones el proyecto reunió 30 votos a favor y 10 en contra: seis del Liberal Progresista, tres de la Unidad Social Cristiana y una de Liberación Nacional.

Ingenieros acusan a exministro y exjefe de Aviación Civil de haber presionado por pista del Daniel Oduber

Ingenieros de la Unidad de Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) denunciaron haber enfrentado presiones por parte del exministro Luis Amador Jiménez y el exdirector de la DGAC, Fernando Naranjo, relacionadas con la certificación de una inexistente relación entre los daños en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia y el impacto de la tormenta Bonnie en julio de 2022.

Los ingenieros técnicos Alexánder Sánchez, Ignacio Acuña, Carlos Rojas, David Rojas y Fabián Brenes comparecieron ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa para exponer que los exfuncionarios ejercieron presión sobre ellos para que firmaran el plan de inversión destinado a intervenir la pista aérea, a pesar de que habían emitido un aviso de que el mecanismo de emergencia no era apropiado para tal fin. Además, afirmaron haber sido coaccionados para entregar rápidamente los términos de referencia para la licitación.

El propósito de estas presiones, explicaron, era facilitar mediante un decreto de emergencia la atención de los daños en la pista aérea, a pesar de que estos ya existían y eran considerados urgentes antes del fenómeno meteorológico.

Con base en ese decreto la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) contrató a la constructora MECO para la reparación de la pista por un monto de 21.800 millones de colones, 1000 millones de colones más que lo ofertado por el Consorcio Pedregal.

El jefe de la unidad técnica, Alexánder Sánchez, relató a los diputados que el exdirector de Aviación Civil los llevó al despacho del ministro para exponerlos porque no deseaban firmar el plan de inversión; y en una reunión posterior, el exministro asumió la responsabilidad de firmar la propuesta de inversión.

Los ingenieros también destacaron irregularidades, incluida la alteración de un informe técnico que se usaría para incluir el proyecto en el decreto de emergencia. Además, recalcaron que la justificación recibida por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) incluía información incorrecta y fuera de contexto.

Finalmente los ingenieros desmintieron la existencia de requisitos a la medida de MECO en la licitación y afirmaron que las condiciones del cartel se basaron en criterios técnicos.

Breves

— Con 41 votos a favor y 5 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.642 "Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes". 

— Con 43 votos a favor y 5 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.941 "Autorización a la Municipalidad de San José para que done un terreno de su propiedad a la Fundación Andrea Jiménez para la atención de personas con discapacidad y derogatoria del artículo 59 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley N.° 7083 de 25 de agosto de 1987, y del inciso 21) del artículo 61 de la Ley de Presupuesto Ordinario para 1988, Ley N.° 7089 de 28 de diciembre de 1987".

LEA: Aprobada en segundo debate ley para que Instituto Andrea Jiménez mantenga actuales instalaciones

— La Comisión Especial de Cartago dictaminó afirmativamente los siguientes proyectos de ley:

LEA: Comisión legislativa avala declarar Acta de Independencia como Símbolo Patrio

  • Expediente 23.416: Creación del cantón de Tucurrique, cantón IX de la provincia de Cartago

LEA: Proyecto para declarar Tucurrique como cantón pasa en comisión en voto 3 vs. 2

  • Expediente 23.654: Autorización al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique para que done un terreno de su propiedad a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Tucurrique de Jiménez
  • Expediente 23.773: Autorización para la donación de un bien inmueble del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a la Municipalidad de Oreamuno