La pluralidad, como principio que aspira ser intrínseco al Estado de Derecho, encuentra su oposición más práctica en las necesidades insatisfechas. De ese gran género que constituyen estas necesidades, existen unas más antiguas que otras, por ejemplo, el eterno desafío de la erradicación del hambre o la garantía de acceso al trabajo, dan cuenta de este tipo de insuficiencias que han acompañado la historia misma de nuestras sociedades.
Pero las hay también más nuevas, o cuya vocalización más recientemente ha logrado deshacerse de atavíos dogmáticos, de manera tal que hoy están más presentes en la narrativa de lo público. En ese segundo orden, se encuentran algunas vindicaciones propias de los tiempos que corren.
Pero, para el cumplimiento de unas, como de las otras, es necesario cimentar su respectiva realización a través de fuentes de financiamiento específicas. Esto es tan relevante que, la determinación de dichas fuentes de financiamiento, equivale a trazar un nuevo umbral de la ciudadanía. Lo cual, contrastado ante los patrones de enquistamiento de la desigualdad, provoca un efecto tan claro como dibujar una línea de cal en el suelo, que divide entre quienes tienen la posibilidad de ver suplidas sus necesidades y quienes no.
Necesidades tan básicas como la educación, la salud, la seguridad, etc., están siendo supeditadas a un criterio fundamentalmente contable; del resultado neto del ejercicio económico depende —para quien se adscribe a este fetiche fiscalista— el suplir o no tales necesidades. Ahora bien, también es cierto que los recursos son escasos, por ello el andamiaje constitucional prevé hipótesis claras para ampliar las capacidades del Estado, sus alcances.
Lo que sucede es que las representaciones que tienen espacio narrativo para proponer nuevos ingresos, no tienen la valentía suficiente para hacerlo. Esto, lejos de generar equilibrios en el ámbito de lo público, inclina la balanza de manera tal que quienes han constreñido por décadas la amplitud del gasto social (y lo siguen haciendo todos los días), hoy celebran la falta de nervio de quienes, pudiendo promover un remozamiento por la vía del ingreso, no lo hacen.
Por la Asamblea Legislativa pasan absolutamente todos los días proyectos de ley con pretensiones de lo más loables, unas incluso fieles a tales vindicaciones necesarias, pero débiles por la forma o que no tienen la intrepidez suficiente de proponer nuevos ingresos para suplir el cargo u obligación que representan. Esto último vulnera mortalmente, por un vicio de constitucionalidad tales iniciativas, de manera que incumplen el artículo 179 constitucional, en tanto señalan alegremente las más creativas obligaciones, pero nunca traen consigo “el pan debajo del brazo”.
El artículo 179 es clave, no necesariamente demanda la creación de ingresos frescos, pero sí que exige el señalamiento taxativo (y por taxativo ha de entenderse que el programa que dejarán de financiar o la política que van a pellizcar, debe ser indicado y positivizado) de su fuente o, en su defecto, ahí sí, el ingreso nuevo (previo análisis de la Contraloría) acerca su efectividad fiscal.
Y parte del análisis de esa efectividad fiscal, pasa por considerar si el recorte planteado para financiar la actividad o el ingreso propuesto, es progresivo, es decir, si la carga pública establecida no recae sobre los hombros de las personas que menos tienen. Esto es el principio de isonomía en las cargas públicas, que es de índole fiscal, pero con arraigo constitucional.
Falta valentía para decir que la evasión fiscal nos roba espacio para suplir las necesidades insatisfechas, o que desde hace 40 años no se hace una reforma por la vía del ingreso (que no necesariamente pasa por nuevos impuestos, sino por remozar algunos de los que hoy son anacrónicamente porosos y hacen que perdamos en progresividad tanto como en recaudación). Es muy fácil incluir una obligación más en alguna ley, pero muy difícil decir cuál programa social van a pellizcar o desfinanciar, para esta nueva obligación. Seguir haciendo esto es legislar de manera irresponsable.
Si ya de por sí todos los días ha de combatirse los brutales recortes a los programas sociales, hay que convivir con una regla fiscal tan mal diseñada que la lista de instituciones solo crece, sino que ahora también hay que lidiar con la falta de arrojo o la simpleza de quienes pretenden aumentar las obligaciones “ad infinitum”, de forma irresponsable, sin decir cómo lo suplimos. Vamos: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre ¡Están matando al elefante a pellizcos! A punta del desdén propio de quienes sangran por el fetiche fiscalista recalcitrante, como por la cobardía o impericia de quienes proponen solamente para responder a sus “constituencies”; de paso, hay amplios grupos poblacionales que seguirán viendo sus demandas totalmente insatisfechas.
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