¿Sabía el lector que en Costa Rica tenemos 10 alcaldes que ganan más que un diputado, incluso más que el actual presidente de la República? El alcalde que menos gana de ese top 10 percibe un ingreso mensual de ₡4.937.027,95, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (febrero 2025).

Es lamentable que en el país tengamos funcionarios públicos con un régimen salarial exclusivísimo, en el cual no se considera trayectoria profesional, jornada ni mucho menos desempeño; me refiero al “régimen salarial municipal”, específicamente el salario de los alcaldes y alcaldesas. Este se calcula con una fórmula poco técnica y en demasía política, el alcalde gana un 10% más sobre el salario más alto pagado en el municipio, sin sumar la dedicación exclusiva.

Ante el atractivo “régimen salarial” curiosamente ha aumentado la cantidad de alcaldes en los últimos años. Solapado de mayor representatividad y acceso a servicios públicos, se han creado nuevos gobiernos locales, ofreciendo así más oportunidades laborales a los políticos oportunistas y ambiciosos. Esta práctica ha sido común en los últimos años por parte de la Asamblea Legislativa.

Seamos honestos, crear un nuevo cantón no solo significa “mayor acceso a servicios”, sino representa un crecimiento del aparato estatal, por cuanto se crea una nueva municipalidad y por lo tanto una nueva institución que requiere burócratas. Es cierto que las municipalidades no se sostienen totalmente de las transferencias del Gobierno Central, pero somos los costarricenses los que de una u otra forma a través de las cargas tributarias pagamos el salario de los alcaldes y alcaldesas.

Mucho se ha cuestionado el desempeño de los diputados, de los ministros y de los presidentes en las últimas décadas, sin embargo, poca o nula atención se le presta a los máximos representantes políticos locales (alcaldes). Hemos perpetuado la errónea idea de que todos los problemas debe resolverlos el Gobierno de la República, cuando lo cierto es que, si los municipios fuesen más eficientes y se evaluara con lupa el trabajo de los alcaldes, tendríamos comunidades, cantones y regiones con mayor desarrollo y calidad de los servicios públicos.

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