Una "mara" es un término utilizado comúnmente en América Latina para referirse a las pandillas callejeras, especialmente en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Son grupos criminales urbanos que operan en comunidades marginadas, principalmente en áreas urbanas pobres y desfavorecidas.

En el caso de El Salvador, las maras han tenido un impacto significativo en la sociedad y la seguridad del país. Las dos principales en El Salvador son la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (también conocida como la 18th Street Gang). Estas pandillas surgieron originalmente en los Estados Unidos, donde fueron fundadas por inmigrantes centroamericanos, pero se extendieron a América Central, incluyendo a El Salvador, a partir de la década de 1980.

Las maras en El Salvador están involucradas en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen extorsión, tráfico de drogas, homicidios, robos y otras formas de violencia. Han contribuido significativamente a la alta tasa de criminalidad y violencia en el país, lo que ha llevado a El Salvador a tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Este fenómeno está vinculado a factores sociales, económicos y políticos, incluida la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades económicas, la violencia estructural y la debilidad del Estado en términos de seguridad y justicia.

Abordar el problema de las maras en El Salvador requiere enfoques integrales que no solo se centren en la represión criminal, sino también en abordar las causas subyacentes del fenómeno, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades para los jóvenes, así como el pensar en planes de reinserción de los presos a la sociedad.

La estrategia de mano dura implementada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador ha sido elogiada por algunos sectores de la sociedad debido a los resultados tangibles que ha logrado en la reducción de la violencia relacionada con las pandillas. El establecimiento del estado de excepción y la consecuente campaña de detenciones masivas han llevado a una disminución significativa en la tasa de homicidios y han desarticulado las estructuras de las pandillas que durante décadas sembraron el terror en el país.

Sin embargo, esta estrategia ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW), y organizaciones locales, debido a las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido durante las detenciones. Se han reportado casos de detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos, lo que ha generado preocupación sobre el respeto al estado de derecho y a las garantías básicas de los ciudadanos.

A pesar de las críticas, el apoyo popular hacia el presidente Bukele se mantiene alto, con una aprobación que supera el 80%, lo que indica que la mayoría de los salvadoreños respaldan las medidas de seguridad implementadas por su gobierno. Esta situación ha llevado a una centralización casi absoluta del poder en manos de Bukele y al debilitamiento del Estado de derecho, con la destitución de jueces y fiscales que investigaban posibles irregularidades en las políticas de seguridad.

El éxito aparente en la reducción de la violencia en El Salvador ha despertado el interés de otros países de la región, como Honduras, Jamaica y Ecuador, que han seguido el ejemplo de implementar estados de excepción para combatir el crimen organizado. Incluso se ha ofrecido ayuda a Haití, el país más pobre de Latinoamérica y afectado por la violencia de las pandillas, para aplicar un plan similar al de El Salvador.

Este fenómeno ha generado preocupación entre algunos expertos, quienes advierten que “las políticas de mano dura” podrían tener consecuencias a largo plazo, como el fortalecimiento de los grupos criminales y la vulneración de los derechos humanos. Además, la militarización y la construcción de “megaprisiones” podrían convertirse en una tendencia en la región, marcando un cambio significativo en la forma en que se aborda el problema del crimen organizado en América Latina y el Caribe.

La estrategia de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador ha sido motivo de controversia, ya que se basa en un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa jurídica de los detenidos. Desde marzo de 2022, se han realizado más de 76.000 detenciones, según el Gobierno, principalmente de pandilleros y sus colaboradores.

En un discurso en el Centro Histórico de San Salvador, Bukele defendió su política de seguridad, afirmando que su prioridad es proteger los derechos de la "gente honrada". Desestimó las críticas de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y medios de comunicación, que han denunciado violaciones de derechos humanos durante las detenciones masivas.

El presidente salvadoreño destacó la disminución de la violencia en el país como resultado de su estrategia, y afirmó que las críticas provienen del miedo al poder del ejemplo que representa El Salvador. Autoproclamándose ganador con supuestamente más del 85% de los votos, Bukele desafía la prohibición constitucional de la reelección inmediata, lo que podría marcar un hito en la historia política del país

Aunado a esto, el domingo pasado (4 febrero 2024), Nayib Bukele aseguró una victoria abrumadora en las elecciones de El Salvador. El presidente gobernará el país centroamericano por otros cinco años, tras obtener supuestamente el 85% de los votos, según los datos proporcionados por él mismo, desestimando los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Este resultado sin precedentes certifica la ausencia de cualquier oposición significativa, mientras que su partido, Nuevas Ideas, arrasó en la Asamblea Legislativa, asegurándose 58 de los 60 diputados.

El régimen de excepción implementado por Bukele ha sido cuestionado por sus detractores, quienes señalan que los detenidos apenas tienen contacto con sus familiares o abogados, y que incluso el acceso a la luz del día es limitado en la prisión construida por el Gobierno, llamado CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) para albergar a los supuestos terroristas, de por vida.

A pesar de las críticas, Bukele ha defendido su gestión enérgicamente, atribuyendo las denuncias a una conspiración de enemigos externos, incluidas ONGs, el filántropo George Soros y los medios de comunicación. Para Bukele, estas críticas son un intento de socavar su liderazgo y los éxitos alcanzados en materia de seguridad.

El presidente salvadoreño gobierna con un círculo de confianza conformado por sus hermanos, y su ambición política ha sido evidente desde sus primeros pasos en la política local hasta su ascenso a la presidencia. Su reelección, aunque ha sido autoproclamada y desafía la prohibición constitucional, ha recibido felicitaciones de mandatarios extranjeros, algunos de los cuales lo ven como un modelo a seguir en la región.

A pesar de las promesas de Bukele de no buscar una tercera elección y de respetar la voluntad del pueblo, muchos observadores temen que sus acciones indiquen una consolidación del poder que podría amenazar los principios democráticos del país.

El Salvador, una vez más, queda en manos de Bukele, quien asegura que el país está encaminado hacia una era de prosperidad. Sin embargo, el camino hacia esa prosperidad parece estar marcado por la controversia y la incertidumbre sobre el futuro democrático de la nación centroamericana.

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