El Estado de Israel se encontraba ante un gran desafío. El pasado mes de diciembre, Sudáfrica había abierto una acusación por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia debido a su operación militar en Gaza, que ya deja más de 26.000 muertos y donde el 70% de sus víctimas son niños y mujeres. El caso representaba una oportunidad histórica para detener la masacre de civiles en la Franja, pero la justicia internacional se ha limitado a no entrar en el fondo del asunto, e incluso ha evitado adoptar la medida más elemental: reclamar un alto el fuego inmediato. A pesar de ello, el tribunal sí se declara competente para investigar la acusación presentada por Sudáfrica y pide que Israel adopte todas las medidas necesarias para impedir la comisión del genocidio contra la población gazatí.

En la demanda contra Israel, Sudáfrica solicitaba al tribunal que ejecutara medidas cautelares que obligaran a Israel a detener su ofensiva militar. La acusación basaba su estrategia en que los jueces estaban obligados a emitir una respuesta en cuestión de semanas y con ello una resolución favorable hacia la desescalada del conflicto. Sudáfrica buscaba demostrar que los niveles de violencia y destrucción en Gaza, incluyendo los miles de muertes, los daños mentales y físicos, estaban intencionalmente dirigidos contra la población palestina.

La acusación no olvida el contexto histórico en que se ha visto envuelto el conflicto:

Es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su largo apartheid de 75 años, su larga ocupación beligerante de 56 años del territorio palestino y su bloqueo de 16 años sobre Gaza, incluidas graves violaciones del derecho internacional asociado con todo ello”.

Aunque la acusación contra Israel se centraba única y exclusivamente contra los actos realizados por Israel posteriores al 7 de octubre, día en que comenzó la operación militar en Gaza tras el ataque de Hamás. La demanda se dividía en ocho apartados: actos genocidas de Israel, apoyada con datos y referencias de la ONU y ONG; matanza de palestinos en Gaza; daños físicos y mentales graves; expulsión masiva de hogares y desplazamiento; privación de acceso a alimentos y agua; privación de acceso a refugio, ropa e higiene adecuada; destrucción de la vida civil; privación de asistencia médica adecuada; e imposición de medidas destinadas a prevenir nacimientos.

Israel aseguraba que ha protegido en todo momento la vida de los civiles palestinos. La defensa israelí ha remitido las ordenes de evacuaciones y las supuestas áreas humanitarias que ha creado. Sudáfrica criticó este hecho, dado a que el Comité Internacional de la Cruz Roja asegura las ordenes de evacuación no son compatibles con el derecho internacional humanitario.

Las expresiones genocidas de los políticos y altos mandos del Estado Israelí no fueron olvidadas por la contraparte sudafricana. La acusación señala:

Las pruebas de la intención específica ('dolus specialis') de los funcionarios del Estado israelí de cometer y persistir en la comisión de actos genocidas o de no impedirlos han sido significativas y manifiestas desde octubre de 2023”.

La acusación resume varias declaraciones públicas de políticos y militares israelíes con el objetivo de demostrar la intención de genocidio.

Se recogen las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre sus referencias a la historia bíblica de la destrucción total de los amalecitas. Dicho pasaje bíblico afirma:

Vayan y ataquen a los amalecitas y proscriban todo lo que les pertenece. No perdonéis a nadie. Mátenlos a todos, hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos”.

Entre otras declaraciones cabe señalar la hecha por Isaac Herzog, sobre la distinción entre civiles o militantes de Hamas:

Hay una nación entera ahí que es responsable. No es cierta esta retórica de civiles que no son conscientes y no están involucrados. No es cierta… y lucharemos hasta romper su espina dorsal”.

También se ha hecho referencia a la expresión hecha por el ministro de defensa, Yoav Gallant, en que manifiesta que:

Gaza no volverá a lo que era antes. Lo eliminaremos todo”. O la también hecha por el ministro de exteriores, Israel Katz: “Combatiremos a la organización terrorista Hamás y la destruiremos. A toda la población de Gaza se le ha ordenado irse de inmediato. Ganaremos. No recibirán una gota de agua o una sola batería hasta que abandonen el mundo”.

La presidenta del tribunal, Joan E. Donoghue, ha hecho mención durante la lectura del auto a las declaraciones de Gallant, Herzog y Katz. Sudáfrica argumenta que la incitación al genocidio no puede presentarse como “frases aisladas de grupos fuera de control”, sino que emana del más alto nivel del gobierno. Israel se ha defendido argumentando que esas palabras no se han transformado en hechos y presentó al tribunal más de 30 actas y documentos desclasificados, incluyendo comunicaciones entre mandos militares.

A pesar de que no es ninguna sorpresa que el tribunal haya decidido no involucrarse de fondo en demostrar si Israel ha cometido o no un genocidio en Gaza, cabe destacar que el tribunal ordena a Israel a que tome todas las medidas necesarias para prevenir los actos que establece la Convención para la prevención del genocidio. El tribunal ha exigido que Israel asegure que sus tropas no comentan actos de carácter genocida; que se prevenga y castigue la incitación al genocidio; y que se evite la destrucción de pruebas de los crímenes. Israel debe informar en un mes de las medidas que ha tomado para evitar dichos actos.

A pesar de que las medidas cautelares son vinculantes para las partes, cabe la posibilidad de que Israel las ignore porque el tribunal no tiene capacidad para garantizar el cumplimiento.

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