El artículo 9 del Código Municipal (Ley 7794) establece:
Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, así como para prestar servicios y construir obras regionales o nacionales”.
Aún con la autorización legal para que las municipalidades puedan trabajar de manera colaborativa, la realidad es otra. Los frutos cosechados del artículo nueve son escasos, pues las municipalidades han decidido trabajar de manera aislada y a veces, hasta sin la colaboración del gobierno central.
Resulta necesario repensar la división político-administrativa municipal de Costa Rica, las razones sobran, pero ahorrándole tiempo al lector podría mencionar tres muy sencillas. La primera guarda relación con el impacto político y social que actualmente generan los municipios; son pocos los gobiernos locales que van más allá de su faceta de cobradores de tasas e impuestos y de constructores de caminos, dejando de lado temas fundamentales como la cultura, la salud y la educación. Los regidores, concejales y síndicos no son considerados como representantes políticos, ni ellos mismos honran los derechos constitucionales que los cobijan. El peso político y la solemnidad de los concejos municipales son cualidades poco visibles en los gobiernos territoriales.
La segunda razón es la desigualdad presupuestaria, si hablamos de desigualdad en los ciudadanos como individuos, entonces hablemos de desigualdad institucional. En Costa Rica tenemos municipios con presupuestos que sobrepasan los cien mil millones de colones y también municipios que apenas llegan a los mil quinientos millones. Es lógico argumentar que los ingresos municipales están relacionados con la cantidad de munícipes, sin embargo, esta lógica cuadrada le permite a algunas municipalidades tener todo el recurso económico para hacer grandes intervenciones en infraestructura, programas sociales, planes ambientales, políticas de urbanismo, entre otras, mientras que al otro lado de la acera tenemos municipalidades paupérrimas que no son capaces económicamente ni de conformar equipos con los recursos humanos y técnicos necesarios. Entonces, las brechas presupuestarias en los gobiernos cantonales son las que han condenado por muchos años a los territorios a vivir en condiciones miserables y han bendecido a otros a vivir en la abundancia y desarrollo.
La tercera razón, pero no la última, está enfocada en la división territorial. Hoy, tenemos provincias exageradamente fragmentadas, pareciera que en algún momento de la historia costarricense los politiqueros comunales y nacionales creyeron que dividir a Costa Rica, un pequeño pedazo de tierra en pedazos (parcelas) más pequeños sería buen negocio. No hay justificación coherente para justificar que entre más dividido esté un país más fácil será progresar. Nuestra nación tiene zonas con características y recursos en común, que juntas podrían desarrollar planes y estrategias más efectivas, pero para eso habría que dejar de lado fronteras internas que nos separan erróneamente.
Repensar la división político-administrativa municipal del país, es proponer que, en lugar de tener 8 alcaldes en la provincia de Cartago, por ejemplo, tengamos tres. Me refiero a un sistema de representación en el cual se mantengan los 84 cantones, pero no los 84 municipios, un sistema en el cual, cada distrito tenga un representante llamado concejal en ese municipio; con potestades mayores para ejercer el control político y sus funciones representativas de mejor manera. Solo por mencionar un ejemplo, supongamos que unimos los cantones de Turrialba, Jiménez y Oreamuno; tendríamos un municipio con un presupuesto de aproximadamente 12.500 millones de colones, esto en manos de buenos administradores cambiaría paulatinamente, y desde muchas perspectivas, la realidad de los cantones mencionados.
Esta propuesta de municipios representaría también un ahorro significativo al país y a los cantones, pues destinarían menos presupuesto para pagar el salario de los alcaldes. Si sumado a lo anterior, se define mediante ley un monto de dieta igualitario para todos los concejales del país, el ahorro presupuestario aumentaría y se podría destinar a becas de ayuda estudiantil, por mencionar algo.
El rediseño del sistema municipal requiere de una de las virtudes más sencillas, pero a la vez más escasa; requiere de voluntad política, para que los padres de la patria dejen de ambicionar electoralmente y comiencen a visionar territorialmente, con cantones más desarrollados, con mejor infraestructura, con mejores servicios y, sobre todo, con cantones menos pobres.
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