El llamado es a que los gobiernos incrementen "de forma significativa y sostenida los presupuestos públicos para la protección" de las migrantes.

ONU Mujeres para las Américas y el Caribe alertó, esta semana, sobre los crecientes peligros que afrontan las mujeres migrantes que cruzan por la región.

Según la data de la organización, en la zona se calculan 73.5 millones de migrantes internacionales y 22.1 millones de personas desplazadas forzosamente, de las cuales se estima que el 46% (es decir, casi 10 millones) son mujeres, adolescentes y niñas.

Solo durante el 2023, la región de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica se reportan 1094 personas migrantes que perdieron la vida, de las cuales el 14% corresponde a mujeres y el 41% a casos sin identificar.

A este riesgo de muerte es necesario agregar los de carácter sanitario, de salud sexual y reproductiva y de cuidado que afrontan las mujeres durante su tránsito y en sus comunidades de acogida, pues en muchas ocasiones enfrentan "rutas de desplazamiento desoladas o altamente militarizadas" las cuales, sumadas a la falta de presencia institucional, hacen a las mujeres más vulnerables a crímenes como trata de personas con fines de explotación sexual, de violencia sexual o la desaparición forzada.

Según una encuesta regional de mujeres en situación de movilidad, el 62% manifestó sentirse insegura o muy insegura durante el viaje y una de cada tres señaló sentirse insegura en el lugar de destino.

Por ello María Noel Vaeza, directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que:

Los motores de la movilidad humana y del desplazamiento forzado están definidos por las vulnerabilidades preexistentes, las desigualdades, y los roles tradicionales de género. En particular, las mujeres y niñas se ven afectadas por oportunidades laborales limitadas, por los efectos del cambio climático; por una mayor exposición a la violencia basada en  género en contextos de crimen organizado, cuando esta es una táctica para el ejercicio del control territorial por parte de grupos criminales organizados; y por la necesidad de protegerse a sí mismas y a sus familias, exponiendo a las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a un continuum de violencias en el origen, en el tránsito y en las comunidades de destino”.

Por su parte, el director Regional de ACNUR para las Américas, José Samaniego agregó que:

En situaciones de desplazamiento forzado y movilidad humana, el riesgo de sufrir violencia de género aumenta significativamente, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. La falta de presencia institucional en las rutas de desplazamiento aumenta este riesgo, exponiéndolas a amenazas como la violencia sexual, violencia física y desaparición forzada. Un enfoque de prevención y respuesta integral es clave para proteger sus derechos y seguridad en estas situaciones críticas”.

Llaman a los gobiernos a invertir más en la protección de las migrantes

Por ello, las autoridades internacionales hicieron un llamado a los gobiernos locales para reducir las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las mujeres en todas las fases de desplazamiento, así como para tomar medidas que garanticen su protección.

Según señaló Garry Conille, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe:

En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas en movilidad es un niño o una niña, la proporción más alta en el mundo. Ellos han dejado sus hogares, sus escuelas y, a veces, sus familias para enfrentar una ruta llena de peligros. Aún más vulnerables son las adolescentes refugiadas y migrantes, que ahora son más de 900.000 en toda la región. Cada día ellas sufren más violencia sexual,  trata de personas con fines de explotación laboral, matrimonio forzado y uniones tempranas”.

El llamado fue realizado en conjunto por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres),  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las cuales exhortaron a los países de la región a "incrementar de forma significativa y sostenida los presupuestos públicos para la protección integral de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad".

Las autoridades internacionales piden el establecimiento de procedimientos para determinar la condición de refugio que consideren las necesidades de estas poblaciones, al tiempo que se procuren oportunidades económicas para estos grupos y se aborden las fuentes de violencia que les afectan, consolidando servicios de calidad centrados en esta población.

También se aboga por fortalecer a las comunidades de acogida temporal y de destino, fomentando la articulación con organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres, adolescentes y feministas.

Según Susana Sottoli, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA):

Es indispensable el trabajo coordinado de la cooperación internacional y los Estados para que los servicios que salvan vidas sean más accesibles, especialmente de salud sexual y reproductiva, los psicosociales y de protección. Debemos poner a las niñas y las mujeres en el centro de las políticas y las intervenciones relacionadas con la movilidad humana para asegurar que ellas estén a salvo y puedan hacer realidad sus proyectos de vida".