CCSS le ha estado pagando a Marta Esquivel un salario 1.593.848 colones por encima del límite legal

La Contraloría General de la República ordenó a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ajustar de inmediato el monto del salario devengado por la presidenta ejecutiva de esa institución, Marta Esquivel Rodríguez y cobrarle los montos pagados de más desde que asumió el cargo en setiembre del 2022 y hasta la fecha.

Así fue ordenado por el ente fiscalizador de la Hacienda Pública en el oficio DFOE-DEC-3200 suscrito por Rafael Picado López, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana quien señaló que la Contraloría realizó una investigación a razón de una denuncia en la que se acusó que la Caja estaba pagando a su presidenta ejecutiva un salario cuyo monto violenta el límite establecido en el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fue adicionado a dicha ley mediante el artículo 3 del Título III de la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).

Al detallar los antecedentes para la orden de ajuste salarial, Picado López recordó que la Ley 9635 entró en vigencia el 3 de diciembre de 2018 y ella estableció un límite salarial de 20 veces el salario base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, que de acuerdo con la resolución DG-160-2019 del 1 de julio de 2019 y aplicable para el segundo semestre del 2019, correspondía al puesto "Misceláneo de Servicio Civil 1" con un monto de 278.250 colones mensuales, de modo que el salario máximo a pagar para jerarcas o funcionarios que asumieron funciones tras el cambio de gobierno era de 5.565.000 colones.

Pese a la existencia de ese límite, Picado señaló que de acuerdo con el Subárea de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, la institución le ha estado pagando a Marta Esquivel Rodríguez un salario de 7.158.848 colones al mes, es decir, 1.593.848 colones más que el límite legal.

La infracción a esta normativa legal supone una afectación a la Hacienda Pública, toda vez que implica una erogación de fondos públicos superior a la establecida por el legislador.

Picado señaló que al momento de realizar una nueva designación en el puesto de Presidencia Ejecutiva, máxime considerando que le corresponde un salario único, el cálculo salarial debía ajustarse al marco legal vigente al momento del nombramiento.

"En el caso concreto, la Presidente Ejecutiva fue nombrada el día 19 de setiembre de 2022, momento para el cual ya se encontraba vigente el tope salarial de ₡5.565.000,00 y no resultando jurídicamente posible establecer un salario superior", agregó.

Ante ello el funcionario de la Contraloría ordenó a la Junta Directiva de la Caja adoptar "las medidas correctivas para restablecer la legalidad y salvaguardar el correcto funcionamiento de la gestión administrativa".

En ese sentido Picado ordenó a dicha junta que "de inmediato" ajuste el salario mensual de Esquivel al monto que corresponde según el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, y que además proceda con el cobro de las sumas pagadas de más desde el 20 de setiembre de 2022 y hasta la fecha en que se lleve a cabo el ajuste ordenado, tanto por concepto de salarios como por aguinaldo, salario escolar, cargas sociales, fondo de capitalización laboral, entre otros.

Picado dio 20 días hábiles a la Caja para cumplir con lo ordenado y remitir copia de las acciones o acuerdos tomados para dar cumplimiento a lo requerido, bajo pena de que advertidos una vez del incumplimiento y reiterada la falta, se constituirá una falta grave que dará lugar a la suspensión o destitución del funcionario infractor.