Contraloría también giró instrucciones al Conare y al Consejo Superior de Educación.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados de una auditoría realizada con el objetivo de determinar si el sistema educativo costarricense realiza una “planificación integral de la prestación de servicios educativos de calidad, el uso óptimo de los recursos, así como, la generación de valor público que permita la creación de nuevos conocimientos sobre el futuro de la educación y la creación de opciones estratégicas para atender las necesidades actuales y futuras”. Para esta auditoría la CGR realizó la evaluación en el periodo entre el 31 de marzo de 2021 y el 31 de octubre de 2023.

Las instituciones que conforman el Sistema Educativo costarricense incluidas en la auditoria son el Colegio Universitario de Cartago (CUC), Colegio Universitario de Limón (CUL), Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), Consejo Nacional de Rectores (Conare), Consejo Superior de Educación (CSE), Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Ministerio de Educación Pública (MEP), Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA), y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Desde la Contraloría justificaron la importancia de este tema recordando que en la Constitución Política se define que el sistema educativo es “un proceso integral en sus diversos ciclos desde preescolar hasta universitaria, por lo que una planificación integral del sistema educativo cobra relevancia, como un proceso colectivo en el cual las instituciones que brindan el servicio de educación en sus diferentes ciclos orientan su razón de ser al cumplimiento de objetivos de alcance nacional con el propósito de generar efectos e impactos positivos en el servicio que se brinda”.

Tras la auditoría la Contraloría determinó que la planificación del sistema educativo “no se realiza de manera integral en razón del bajo de cumplimiento en aspectos requeridos para una planificación participativa, coordinada y prospectiva, lo cual podría incidir en la prestación de servicios educativos de calidad, el uso óptimo de recursos y la generación de valor público”, y destacó como principales hallazgos:

  • Entre las instituciones que tienen responsabilidad en el tema de educación no realizan acciones que permitan su ejecución integral como sistema educativo, aclarando que se llevan a cabo gestiones y procesos de planificación de cada institución.
  • Los procesos de planificación se realizan de manera institucional, sin contar con objetivos, metas, riesgos y determinación del valor público entre las instituciones que conforman el sistema educativo. Además, no se integran las capacidades institucionales respecto a recursos compartidos, distribución de tareas o acuerdos formales, así como la ausencia de grupos de trabajo interinstitucionales, sistemas de información compartidos o herramientas colaborativas de trabajo, que permitan optimizar el uso de los recursos destinados al proceso de planificación.
  • No hay un involucramiento activo de las partes interesadas del sistema educativo que genere insumos tales como datos, estadísticas, análisis sectoriales, así como, la participación ciudadana como insumo de la planificación integral.
  • Las instituciones del sistema educativo no propician espacios de reflexión, consulta, o mesas de trabajo en conjunto para el análisis de escenarios, pronósticos o estimaciones que permitan generar alternativas de desarrollo de manera integral actuales y a futuro. Solo se evidenciaron algunas acciones bilaterales entre instituciones sobre temáticas específicas, esfuerzos institucionales en materia de prospectiva, así como la aplicación de procesos sistémicos en el subsistema de educación superior estatal.

Sobre los hallazgos de la auditoria la gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, Jessica Víquez Alvarado, señaló:

si bien las instituciones a cargo de la educación pública del país realizan sus procesos de planificación institucional y en el subsistema de educación superior se ejecutan esfuerzos en materia prospectiva, se concluye que no se han implementado acciones que permitan la ejecución de una planificación integral como sistema. Esto limita la integración de capacidades, la distribución de tareas o acuerdos formales, la ausencia de grupos de trabajo interinstitucionales, sistemas de información compartidos u herramientas colaborativas de trabajo que permitan generar acciones como, por ejemplo, la obtención de datos, estadísticas y análisis del sistema educativo, lo que, consecuentemente, tiene un efecto en el servicio de educación prestado por estas instituciones.

Como resultado de la auditoría la Contraloría dio ordenes a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, de “elaborar una política del sistema educativo para los ciclos bajo su rectoría, con enfoque prospectivo que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo de las instituciones correspondientes, formulado de manera participativa considerando a los tomadores de decisiones estratégicas, tácticas y operativas”, la cual deberá estar elaborada a más tardar el 30 de agosto de 2024.

Dato D+: La Contraloría define una política prospectiva como aquella que “que permite la priorización de objetivos y estrategias en el largo plazo, sobre las necesidades educativas a futuro con el fin de encontrar nuevas alternativas de desarrollo, que de forma articulada se integren en el proceso de planificación del sistema educativo”.

La Contraloría detalló en su orden a la ministra que esa política debe contener por lo menos los siguientes elementos:

  • El estado de la situación.
  • Definición de enfoques y principios.
  • Lineamientos, objetivos, metas, indicadores, seguimiento y evaluación.
  • La gestión de riesgos para alcanzar la planificación integral de los servicios educativos.

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Adicionalmente, la Contraloría giró instrucciones para el Consejo Superior de Educación, que deberá analizar, discutir, aprobar, oficializar y divulgar la política de educación, en los dos meses posteriores a que la ministra Müller la ponga a conocimiento de ese órgano.

Por su parte, al Consejo Nacional de Rectores se le ordenó “elaborar desde el seno del CONARE y de manera coherente con las actividades sustantivas que desarrollan las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, una Política Educativa para la Educación Superior Universitaria Estatal, que considere su autonomía, su planificación de largo plazo, y un mecanismo de intervenciones públicas coordinadas entre instancias representantes de los ciclos educativos”.