Además pretende quitarle a la Contraloría la aprobación presupuestaria del Sinart

La diputada oficialista Ada Acuña Castro presentó un nuevo proyecto de ley a la corriente legislativa que pretende duplicar el porcentaje de pauta que las instituciones del Estado deben destinar al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Se trata del expediente 24.032, el cual se presenta en medio de la polémica que envuelve al Sinart por las intenciones del Poder Ejecutivo de entregarle a su agencia de publicidad el control de la pauta de las instituciones públicas, plan frustrado tras el rechazo de sus presupuestos extraordinarios por parte de la Contraloría General de la República (CGR), y al tiempo en que la diputada Johana Obando Bonilla del Liberal Progresista presentó un proyecto de ley (expediente 24.010) que más bien pretende cerrar la agencia de publicidad del Sinart.

Según se desprende del proyecto de ley, Acuña en primer lugar pretende excluir al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en el poder de designar uno de los miembros del Consejo Directivo del Sinart, potestad que actualmente comparte con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Además de dejar la designación en manos del Micitt únicamente, se establece el requisito de que ese representante deba contar al menos con un grado de licenciatura en algún área relacionada con tecnología o telecomunicaciones.

Como segundo propósito, Acuña planteó que se duplique el porcentaje total destinado por el Estado al Sinart en publicidad e información.

De este modo la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y demás entes menores, así como todas las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo estarían obligadas a pautar en el Sinart mediante su agencia de publicidad no menos del 20% de los dineros que destinen a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación, de los cuales deberá destinar un 10% para desarrollar proyectos de contenido relevante en todas las plataformas del Sinart para cada institución y el otro 10% para temas de publicidad y contratación de servicios propios del Sinart, y de ahí al menos un 3% a la difusión de materiales y contenidos escritos, audiovisuales y digitales que contribuyan al cumplimiento de los fines y las obligaciones establecidos a las instituciones públicas en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política.

Además de las reformas propuestas la iniciativa agregaría dos nuevos artículos a la ley, el primero de ellos autorizando al Micitt a gestionar facilidades, recursos y equipos tecnológicos a través de donaciones y convenios nacionales e internacionales que permitan la actualización tecnológica del Sinart.

El otro artículo establecería que para efectos de organización de la administración pública y presupuestarios el Sinart deberá considerarse dentro del organigrama de la Administración Pública que elabora el Ministerio de Planificación Nacional, como una empresa pública de tecnología vinculada con el Micitt.

Con esa medida Acuña pretende abstraerle a la Contraloría la potestad de aprobar el presupuesto del Sinart, y en su lugar recaería en la Asamblea Legislativa.

Para justificar la propuesta Acuña señaló que Sinart muestra un déficit operativo de más de 400 millones de colones y tiene necesidades de invertir en tecnología, infraestructura y mejorar las condiciones salariales que ha tenido congeladas por más de ocho años, por lo que requiere al menos 1000 millones de colones anuales adicionales para lograr una actualización tecnológica en un periodo de cinco años.

Este déficit de cerca de 1400 millones anuales, obliga al Sinart a generar ventas de servicios de su agencia de publicidad por más de 10.000 millones de colones, esto debido a que la utilidad que genera el SINART con estas ventas es de apenas el 15%. Sin embargo, en los últimos 10 años, el SINART no ha generado ventas que superen los 3000 millones de colones, provocando entonces pérdidas, que acumuladas a la fecha colocan a la institución a las puertas de un cierre técnico o insolvencia financiera".

Por estar en periodo de sesiones extraordinarias la iniciativa necesitará ser convocada por el Poder Ejecutivo para que pueda estudiarse en la Asamblea Legislativa.