Costa Rica elegirá en febrero del 2024 un total de 6212 puestos de elección popular, estamos ante 84 campañas políticas diferentes, lo que sí se mantiene similar en cada cantón es la obligatoriedad en la implementación de mecanismos de paridad de género para garantizar la participación efectiva de las mujeres en la política local.

Los derechos políticos se ganaron con mucho esfuerzo por los movimientos de mujeres y feminismos, pero el obtener un derecho cobra relevancia en el tanto se pueda ejercer sin barreras que limiten o violencias que persuadan su ejercicio. Estas barreras cimentadas en los comportamientos machistas y sexistas, ya no sólo se expresan en los espacios análogos de los partidos políticos, sino en todo el entramado del espacio digital.

No se puede pensar que la concepción actual de ciudadanía se limita a lo que se construyó desde la Grecia clásica hasta la filosofía liberal y el comunitarismo del siglo XX, consecuentemente, el ejercicio presente de los derechos políticos va más allá de nociones tradicionales, reconociendo la esfera virtual como espacio para la práctica de los derechos digitales y políticos de las mujeres en política.

Contar con las plataformas virtuales donde se expresan ideas, no significa directamente el fortalecimiento de la democracia en el caso de la participación de las mujeres. Tenemos que cuestionar ideas cajoneras, que suponen que el uso de las redes sociales para emitir opiniones, se fortalece el sistema democrático y la participación ciudadana, pues la violencia política se recrudece detrás del anonimato de un perfil falso o de un teclado, afectando diferenciadamente a hombres y mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas (2022) en su estudio sobre discursos de odio en Costa Rica, señala que un 37,3% de las conversaciones que contienen ideas o discursos de odio se dan dentro de la temática de la política electoral; comparativamente del año 2021 al 2022 se dio un aumento del 5% en discursos orientados a atacar a mujeres en política con un 82% de intencionalidad negativa, sobre todo se violenta a quienes cuya agenda política se centra en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y agendas feministas. El 64% de los mensajes de odio y discriminación fueron prorrumpidos por hombres.

Pero no sólo las mujeres postulantes a puestos de elección popular viven esta violencia digital, también las mujeres que ejercen su libertad de opinión sobre temas de relevancia nacional, ya sea porque son activistas sociales, o por ejemplo periodistas, quienes también concentran un alto porcentaje de ataques sexistas y machistas. Según el informe de la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) un 73% de las periodistas mujeres encuestadas han sufrido violencia directa en redes sociales, sobre todo destacan amenazas de violencia física (25%) y sexual (18%). Los temas que cubrían quienes recibieron mayor violencia digital fueron: género (47%), política y las elecciones (44%) y derechos humanos y política social (31%). (2022)

En el año 2020 la UNESCO lanzó el estudio sobre ser periodista en Twitter en América Latina, se evidencia que a las mujeres periodistas se les ataca directamente por su condición de género y no sólo por sus opiniones como ocurre con los hombres, un 30% de estos ataques versan sobre la apariencia física, un 20% son expresiones sexistas y un 10% son comentarios que ponen en duda su capacidad intelectual por el hecho de ser mujeres.

En consecuencia, vemos la afectación directa a la democracia, pues la mayoría de estas mujeres como forma de asimilación y protección ante hechos de violencia optan por autocensurarse (30%), dejan de interactuar en línea (20%) o limitan la participación del público (18%). Como consecuencia de la violencia digital de género quienes eran interlocutoras públicas bajan su perfil (38%), se ausentan del trabajo e incluso han llegado a abandonar la carrera de periodismo (UNESCO, 2022). Profundos efectos negativos que limitan los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres.

El espacio virtual, así como el político (tradicional), se comporta desde los sentidos más universales del patriarcado, donde cada expresión de violencia machista busca disciplinar o aleccionar a las mujeres que se atreven a hablar en las redes sociales como sujetas políticas, procuran retraerlas de la virtualidad, retirarlas de las discusiones y por lo tanto afectan la calidad de la democracia, erosionan la libertad de expresión, de prensa y achican el debate de ideas.

Esta situación representa un verdadero problema, que debe atenderse no sólo por los gobiernos nacionales, también por las empresas que crean las plataformas, pues el riesgo social de la violencia digital de género contra las mujeres en política resulta en el riesgo democrático.

Reasignar el espacio no es la ruta, pues otras personas con mayores privilegios lo ocuparán, quienes ya de por sí ostentan el estatus quo en el debate político, lo que devienen en la regresión del alcance de los derechos y las luchas por la igualdad, la diversidad y la convivencia pacífica.

Un primer paso para abordar esta situación aprovechando que estamos en época electoral, donde la violencia digital en contra de las mujeres en política recrudece, es hacer visible esta problemática, llevarla a la discusión de ideas, analizar las respuestas institucionales, las leyes, políticas públicas, y protocolos existentes o ausentes, problematizar también sobre las reacciones de los Partidos Políticos ¿Qué hacen los colegas de partidos políticos al respecto?

Se debe ampliar la discusión hacia la capacidad de reacción de las plataformas ante las agresiones, dado que los mecanismos existentes de denuncia son insuficientes, las plataformas se esconden en el anonimato, y en protocolos complejos e inexactos que resultan en verdaderas barreras a la hora de platear denuncias.

De la misma forma el sistema público debería revisarse, pues se puede decir que estamos ante un déficit de justicia electoral, lo que desincentiva la presentación de denuncias, ¿se denuncian los actos de violencia política digital? ¿las respuestas son a tiempo? ¿vale la pena denunciar? por ejemplo, únicamente un 25% de las periodistas violentadas denunciaron y entre las respuestas que recibieron un 10% fue no hacer nada, y un 9% solamente recibió consejos para ser más dura y soportar la agresión virtual. (UNESCO, 2022)

Las medidas de cambio cultural, y de reparación para las víctimas, parecen ser algunas alternativas ante la violencia digital de género contra las mujeres en política, no obstante, representa una ruta de mediano y largo plazo, donde se profundice en la asimilación de valores sociales que reconozcan el aporte de la pluralidad, la necesidad de amplificar las voces, el respeto y no agresión como parte sustancial de un ejercicio responsable de la libertad de expresión.

Para construir Política y fortalecer la democracia necesitamos la presencia colectiva de todas las personas, la pluralidad de ideas y no la violencia que busca expulsar a las sujetas políticas del espacio virtual de deliberación y participación, al final no se puede hablar de democracia ni representación sin tomar en cuenta al 49,5% de la población mundial y al 50,3% de la población de Costa Rica: las mujeres.

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