Los serios problemas de congestión y mal estado de las carreteras están afectando seriamente la calidad de vida de la población y la competitividad del país. De acuerdo con la Contraloría (2018) el 21% de las personas tarda más de 2 horas y el 50% más de 1 hora al día en llegar a su destino. Se estima que cada habitante de la gran área metropolitana gasta entre 2,000 y 3,000 dólares al año por congestionamiento (Estado de la Nación).
Según el Foro Económico Mundial (2019), Costa Rica pertenece a los países con la peor calidad de infraestructura vial del planeta, ocupando el lugar 117 de 141 países. De acuerdo con el BID (2020), el país tiene la peor condición de carreteras, con casi un 50% en mal estado. Siendo el promedio de América Latina de aproximadamente el 20%. El FMI (2022) clasificó a Costa Rica como uno de los países con el tránsito vehicular más lento, ocupando la posición 144 entre 162 naciones.
Ante la preocupación de ver como la gran brecha en infraestructura afecta la calidad de vida de las personas y la competitividad del país, realicé un estudio para identificar las razones de esta y posibles soluciones: Los retos de la Infraestructura en Costa Rica de cara al siglo XXI.
Entre los principales hallazgos está que la falta de un adecuado ordenamiento territorial de las ciudades de acuerdo con un plan de transporte de largo plazo y la carencia de un sistema de transporte público eficiente, son las principales causas del serio problema de congestionamiento vehicular que vivimos en el valle central. Urge cambiar de paradigma: mejor planeación de las ciudades y mejor transporte público antes que más carreteras.
El hecho de que la tasa de crecimiento del parque vehicular (5.75%) sea casi el triple de la tasa de crecimiento de la población (1.99%) es muy preocupante y debe llamarnos la atención de que el actual “caos vehicular” solo puede aumentar hasta volverse inmanejable, sino se realiza una total reestructuración del sistema de transporte del país.
La solución para evitar un colapso de nuestras ciudades en un futuro no muy lejano está en:
- Planear el ordenamiento territorial de acuerdo con un plan de transporte de largo plazo que tenga como objetivo mejorar la movilidad (ciudades densas, desarrollos multiusos, eficiente trasporte público y uso de tecnología para gestionar la movilidad).
- Desarrollar sistemas de transportes eficientes que sustituyan la mayoría del transporte vehicular particular (trenes, BRT y buses).
Es “inaudito” que el país dure décadas tratando de desarrollar proyectos de transporte vitales (carreteras, tren, aeropuerto, reordenamiento del sistema de buses). La nueva carretera a San Carlos tiene 54 años planeándose y aunque parezca inverosímil 18 años construyéndose (24 ministros a cargo). La ampliación de la carretera a San Ramón lleva 27 años planeándose y cuenta con 5 intentos fallidos (16 ministros a cargo). El tren de pasajeros tiene 38 años planeándose y ha habido 13 versiones del proyecto (20 ministros a cargo). Esto nos dice que el problema de la infraestructura no es un tema que lo puede resolver solo un ministro de transporte, sino es un problema del sistema como un todo, el cual no funciona como debería.
Es evidente que la falta de una adecuada planificación a largo plazo y serias deficiencias en la gestión son las principales causas de la gran brecha. Sumado al funesto efecto que tiene el ciclo político de cambios de gobierno durante la planificación y ejecución de proyectos, las cuales exceden los 4 años de una administración. Lo que hace que no se le dé continuidad a lo avanzado por otros gobiernos. Esto sucede por no tener el país entes que administren la infraestructura con criterios gerenciales, visión de largo plazo y que no se vean afectados por el ciclo político.
El modelo de planificación, ejecución y administración de infraestructura es obsoleto e inoperante. La única forma de suministrar al país la cantidad y calidad de infraestructura que necesita para ser competitivo, es cambiando el modelo seguido hasta el momento, para lo cual hay que “pensar fuera de la caja” y replantearse totalmente el sistema usado en las últimas décadas.
Causas del rezago en infraestructura
Las principales causas que nos han llevado al rezago de infraestructura que actualmente presenta el país son:
- Inexistencia de una visión país de largo plazo para la infraestructura.
- No existe un sistema eficiente de gestión de infraestructura.
- No se administra la infraestructura con criterios gerenciales.
- Ineficiente planificación y ejecución de nuevos proyectos.
- No existe una lista de proyectos prioritarios a desarrollar.
- Insuficiente e ineficiente inversión en infraestructura.
- Inexistencia de sistemas de trasporte público eficientes e interconectados.
- La mayoría de las municipalidades no tienen planes reguladores, ni están integrados a un plan de transporte.
- Existencia de grandes diferencias en costos de construcción de carreteras.
- Baja participación del sector privado en el financiamiento de infraestructura por medio de Asociaciones Público-Privadas.
Necesitamos crear un nuevo sistema de planificación y gestión de la infraestructura
Para que el país pueda llegar a tener infraestructura de calidad es necesario crear un nuevo sistema de planificación y gestión de la infraestructura. Comenzando con crear un nuevo ente rector de la infraestructura vial que se rija por criterios técnicos y gerenciales, eliminando el ciclo político de la planificación y gestión de la infraestructura. Es vital que comprendamos que “las obras públicas son obras del Estado, y trascienden a los gobiernos”.
Esta nueva entidad debe diseñarse buscando una planificación de largo plazo de las necesidades de infraestructura, orientada a desarrollar planes coordinados e integrados, con un enfoque en brindar un servicio de calidad a las necesidades de la comunidad. Dando alta importancia a la eficiencia, rendición de cuentas, sostenibilidad y resiliencia en el desarrollo de proyectos.
Debe contar con un director general y personal técnico permanente escogido por medio de concurso público y con salarios competitivos para retener el conocimiento. Para “despolitizar” la toma de decisiones, se le debe de dar participación del sector privado y la ciudadanía en la junta directiva y por medio de un comité consultivo, para inmunizar a la institución de las “malas prácticas políticas”.
Principales malas prácticas políticas:
- Afán por rédito político: hace que se busque iniciar la construcción de proyectos en los 4 años que dura el gobierno sin estar estos debidamente estructurados, a pesar de los serios riesgos que esto puede conllevar.
- Iniciar la construcción de proyectos sin tener la liberación del derecho de vía lista, lo cual produce generalmente atrasos importantes y sobrecostos millonarios.
- No se le da continuidad a lo avanzado en un proyecto por otras administraciones o se trata de cambiar lo ya realizado.
- Las decisiones no se basan siempre en criterios técnicos, ni en una visión de largo plazo en busca de los mejores intereses de la infraestructura del país.
- No se cumple con el ciclo de desarrollo de un proyecto de infraestructura bajo las mejores prácticas.
- Pobre mantenimiento de activos de infraestructura, sin planes de mantenimiento de largo plazo.
- Baja transparencia y rendición de cuentas en la provisión de infraestructura.
- No se considera la opinión de la ciudadanía ni del sector privado en la estructuración de los proyectos.
- Corrupción.
Es vital desarrollar un sistema de gestión que abarque el mantenimiento de activos existentes y el desarrollo de nuevos proyectos. Implementándose una metodología para el desarrollo de nuevos proyectos bajo las mejores prácticas, y establecer como obligatorio su seguimiento para asegurar una correcta estructuración.
Se debe establecer una lista de proyectos prioritarios a desarrollar bajo contratación tradicional y Asociaciones Público-Privadas, con informes periódicos del avance de los proyectos que le permita a la Contraloría y a la población, dar seguimiento a la eficiencia en que se invierten los recursos.
Es imprescindible desarrollar una plataforma digital de las inversiones en infraestructura que permita controlar la eficiencia con que se invierten los recursos. Es vital acabar con el “secretismo” que ha prevalecido en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Si se cuenta con personal técnico y permanente, una lista objetiva de proyectos prioritarios, un ciclo de desarrollo de proyectos obligatorio, contratos estandarizados, una alta transparencia y la supervisión del sector privado y ciudadanía, el ciclo político no debería de afectar el desarrollo de nuevos proyectos.
Urge crear un nuevo ente rector de la infraestructura vial, enfocado en:
- Visión de largo plazo de la infraestructura, sacando el ciclo político de su planeación.
- Personal técnico permanente escogido por medio de concurso público y con salarios competitivos para retener el conocimiento.
- Participación del sector privado y ciudadanía en la junta directiva y por medio de un comité consultivo, para inmunizar a la institución de las “malas prácticas políticas” y buscar la eficiencia de la institución.
- Desarrollar un sistema de gestión que abarque: mantenimiento de activos y desarrollo de nuevos proyectos.
- Implementar una metodología para el desarrollo de nuevos proyectos que incluya un ciclo de proyecto bajo las mejores prácticas, y establecer su obligatorio seguimiento.
- Estandarizar contratos para contratación de estudios, diseños, construcción y supervisión.
- Establecer una lista de proyectos prioritarios a desarrollar bajo contratación tradicional y APP, con informes periódicos del avance de los proyectos.
- Instaurar una plataforma digital de las inversiones en infraestructura que permita controlar la eficiencia con que se invierten los recursos.
- Establecer sistema de semáforos inteligentes en las ciudades con mayor congestión.
- Desarrollar un centro de monitoreo y de gestión de la movilidad.
- Integrar las consideraciones sociales en la inversión en infraestructura desde la planificación hasta la implementación.
- Establecer una política de lucha contra la corrupción y mecanismos de control.
- Implementar contratos de mantenimiento por niveles de servicio.
- Instaurar un rango de precios de construcción y mantenimiento de carreteras que sirva de referencia para asegurar precios razonables.
- La Contraloría debe dar seguimiento a la eficiencia con que se invierten los recursos públicos en infraestructura.
Todas las demás entidades del sector transporte (aeropuertos, puertos, ferrocarriles y asociaciones público-privadas) y las municipalidades, deben ser eficientizadas aplicándoles los principios aquí recomendados.
Llegó el momento de decir ¡basta ya! a la improvisación, negligencia y corrupción que por décadas ha prevalecido en la provisión infraestructura. Tenemos que romper este ciclo vicioso que afecta seriamente la competitividad del país y la calidad de vida de sus habitantes.
Debemos dejar de pensar que un gobierno o ministro pueden resolver solos el problema de infraestructura del país, sino más bien se tiene que lograr un consenso país entre los sectores público y privado, de los cambios estructurales necesarios al sistema de planificación y gestión de infraestructura, para que el país llegue a tener la “infraestructura de primer mundo” que nos merecemos los costarricenses.
*Este artículo se basa en el estudio: Los retos de la Infraestructura en Costa Rica de cara al siglo XXI. Puede leer el estudio completo en este enlace o un resumen acá.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
