A inicios de semana dos directivos de la CCSS denunciaron "persecución política" por parte del Consejo de Gobierno.

Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y quien fue uno de los miembros del órgano que fue reinstaurado por la Sala Constitucional en agosto anterior, renunció esta semana a su cargo.

Así lo informó Semanario Universidad esta tarde, tras una entrevista al ahora exmiembro, el cual señaló que la decisión se tomó debido al procedimiento disciplinario que el Consejo de Gobierno le abrió a él y a cuatro directivos más en diciembre del año anterior, luego que estos aprobaran reconocer el aumento salarial a los 63.000 empleados que tiene la CCSS.

Según indicó Salazar a UNIVERSIDAD, el procedimiento ha sido tan desgastante para él que decidió hacerse un lado y renunciar a su cargo:

Se me frenó todo por este proceso ingrato que no termina. Un proceso que se inició en diciembre del año pasado y que a pesar de que la Sala nos reinstaló, este sigue adelante”.

Salazar fue suspendido, junto a José Luis Loría Chaves (representante nombrado por el cooperativismo), Maritza Jiménez Aguilar (representante nombrado por el solidarismo), Martha Elena Rodríguez González (representante nombrada por el sindicalismo) y Jorge Arturo Hernández Castañeda (representante nombrado por Uccaep), en diciembre de 2022 debido a que fueron acusados de, entre otras cosas, haber incurrido en conflictos de interés a la hora de aplicar el polémico aumento que había sido congelado durante la pandemia de COVID-19.

Por ese mismo motivo, en septiembre de 2022 el Consejo de Gobierno destituyó a Álvaro Ramos Chaves como presidente ejecutivo de la institución.

La decisión fue revertida por la Sala Constitucional en agosto de este año debido a que el tribunal consideró que la Ley Constitutiva de la CCSS expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, por lo que la decisión del Ejecutivo no era competente en este caso.

Sin embargo, la reinstalación es externa al procedimiento administrativo interno que se les abrió a los directivos por este tema y por ello, el pasado martes, tras una comparecencia ante el órgano director del procedimiento (la Secretaria del Consejo de Gobierno), Salazar decidió conciliar y presentar su renuncia.

Según indicó al medio universitario:

Yo pensé que el proceso se iba a caer pero obviamente no y la intención del debido proceso era ir y buscar, y revolcar hasta que se encontrara gente a quien acusar. La opción que se vio es que si yo presentaba la renuncia entonces posiblemente a igual que el compañero anterior, se caía todo y yo quedaba libre. No quiero seguir sufriendo y apareciendo en medios de comunicación. Yo ya estoy mayor, gracias a Dios tengo una salud estable, pero no quiero seguir padeciendo esto, sin llegar a ninguna parte y solo defendiéndome. Yo lo que quiero es seguir adelante, proponiendo, pero los obstáculos son más grandes, y lo lógico es hacerse a un lado y que sea lo mejor para el país, para la institución".

Denuncia de persecución política

La noticia se une a la denuncia que realizaron, el pasado lunes, los directivos Marta Rodríguez y José Luis Loría (representantes de los sindicatos y de las cooperativas, respectivamente), quienes convocaron a una conferencia de prensa para denunciar que este procedimiento es una “persecución política” en su contra, comandada por el Consejo de Gobierno.

Según indicó Rodríguez ese día:

La persecución política tiene consecuencia sobre la gobernanza de la CCSS y por eso estamos solicitando al Consejo de Gobierno el archivo inmediato (de los procedimientos disciplinarios contra los cuatro directivos), porque no hay ninguna prueba al respecto".

A su vez, la representante sindical acusó a la presidencia ejecutiva de la CCSS y a Presidencia de la República, de usar este procedimiento como una excusa para no pagar la deuda del Estado con la institución:

Lo que buscan con nuestra destitución, tanto la presidenta ejecutiva como el Gobierno es no pagar la deuda del Estado con la CCSS que llega ya a ₡3,2 billones y no devolverle a la CCSS los ₡1.7 billones que tiene la institución invertidos en el Ministerio de Hacienda en títulos de valores que son precisamente para construir obras, para insumos, y equipos. Lo que se pretende con esto es desviar la atención de la improvisación y la incompetencia de la presidenta ejecutiva para dirigir esta institución”.

Por su parte, Loría aseguró que desde diciembre anterior se ha dado “un juicio sumario”, donde lo que se pretende es "juzgar políticamente a los directores de la CCSS que pensamos diferente al Gobierno":

Esto se nota en las decisiones que han tomado. Por ejemplo, el hecho de que el 14 de septiembre, la presidenta ejecutiva (Marta Esquivel) salga corriendo hacia Cartago y anuncie sin ningún fundamento que el hospital de Cartago se va a hacer en los terrenos del Instituto Tecnológico Costarricense es un monumento a la ocurrencia. Lo mismo ocurrió con el terreno del Hospital de Golfito”.