La relación entre la libertad económica y la libertad política ha sido estudiada desde hace siglos. No es casual que, por ejemplo, el autor de la filosofía de política económica más importante de la tradición liberal clásica en el siglo XX, Friedrich Hayek, dedicara buena parte de su obra a dejar claro este punto. Hayek fue un economista, jurista y filósofo austriaco, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974.

¿Por qué la libertad económica es necesaria para la existencia de la libertad política? Porque para que las personas puedan asociarse libremente en organizaciones, partidos políticos, gremios o de la forma que deseen, deben poder disponer de sus propios recursos. Si en vez de ser así es el gobierno quien los dispone, por la vía del hecho o del derecho, las personas no podrán manifestar su opinión, no podrán abrir un periódico y no podrán formar un partido político, entre otras actividades.

¿Por qué la libertad política es necesaria para la existencia de la libertad económica? Porque si entendemos la libertad política en su doble condición de participar en el proceso de formación de la voluntad popular y de la existencia de derechos inherentes a la persona, como a la vida, la propiedad, la honra, etc., no es posible que una persona disponga de sus derechos, si estos son una concesión del gobernante de turno.

Los fundamentos de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario y los mercados abiertos. Como han subrayado Adam Smith, Milton Friedman y Friedrich Hayek, la libertad de intercambio y la coordinación de los mercados son el promotor del progreso económico. Sin el intercambio y la actividad empresarial coordinada a través de los mercados, los niveles de vida modernos serían imposibles.

Los intercambios potencialmente ventajosos no siempre se producen. Su realización depende, entre otros factores, de la presencia de una moneda sólida, del Estado de Derecho y de la seguridad de los derechos de propiedad. Libertad Económica en el mundo trata de medir la coherencia de las instituciones y políticas de diversos países con el intercambio voluntario y las demás dimensiones de la libertad económica.

Existen dos centros de investigación que publican anualmente sus índices de libertad económica. Aquí se hace una comparación de la evolución de una década de los reportes publicados. Vamos a asumir que ambas metodologías son aceptadas por la gran mayoría de las economías del mundo. El índice de libertad económica de “The Heritage Foundation” mide la libertad económica en 12 factores cuantitativos y cualitativos agrupados en 4 categorías o pilares de libertad económica:

  • Estado de derecho (derechos de propiedad, integridad del Gobierno, efectividad del sistema judicial).
  • Tamaño del Gobierno (gasto público, carga fiscal, salud fiscal).
  • Eficiencia regulatoria (libertad para hacer negocios, libertad del mercado laboral, libertad y transparencia de la política monetaria).
  • Mercados abiertos (libre comercio, libertad para invertir, libertad financiera).

Cada uno de los 12 factores dentro de esas 4 categorías se puntúan en una escala entre 0 (menor libertad) y 100 (mayor libertad). El puntaje final para una economía es el promedio simple entre los 12 puntajes obtenidos.

Para el índice de “The Fraser Institute” las piedras angulares son:

  • Elección personal de cada individuo.
  • Intercambio voluntario a través de los mercados.
  • Libertad de entrar y competir en cualquier mercado.
  • Protección de los individuos y sus activos frente a la agresión de otros.

Se valúan en una escala entre 0 (menor libertad) y 10 (mayor libertad). Los individuos son libres para elegir, comerciar, cooperar y competir con otros.

Ambos índices se parecen, pero difieren en los resultados mostrados en las dos tablas anteriores. Llama mucho la atención el progreso en el puntaje de Panamá que en ambas metodologías muestra un progreso en un lapso de solo una década. Costa Rica aparece mucho mejor evaluado con la metodología de “The Fraser Institute”. Sin embargo, aun nos queda mucho trecho para proteger la libertad de elegir de cada individuo. Por ejemplo, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó recientemente objetar el proyecto de ley 23.733 que pretende rebajar la contribución que el Estado hace como patrono a las pensiones del Poder Judicial, y equipararla a la del régimen por Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS). Los empleados del Poder Judicial no tienen libertad de elegir el sistema de pensiones que más le convenga.

Esa elección se presentaba entre dos sistemas públicos. Para el resto de los costarricenses que trabajamos en el sector privado no tenemos elección posible de donde invertir nuestros aportes de salud y pensiones. Solo la CCSS y no hay elección posible de abonar estos aportes a un sistema privado menos oneroso, más rentable y de mayor calidad para los usuarios.

La libertad de elección de cada ciudadano es vital para la libertad económica ya que promueve la competencia entre las entidades públicas y privadas que prestan estos servicios: elegir el establecimiento adecuado para tener una educación pública gratuita y de calidad para sus hijos, elegir entre un sistema público o uno privado de salud de calidad y escoger el mejor régimen de pensiones son parte del progreso necesario que está aún pendiente en Costa Rica.

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