Debe distinguirse entre democracia y gobernanza. Si bien, dependiendo de la medición, en 2023 existen apenas 14 democracias liberales y 24 democracias plenas en el mundo, todos los países tienen alguna forma de gobernarse.

¿Preferiríamos alguna forma de gobernanza a la democracia liberal que conocemos en Costa Rica?

¿Qué tal una dictadura militar, donde se gobierna con las botas puestas? ¿Tal vez una monarquía, donde el rey y su descendencia son quienes mandan por siempre? ¿O una autocracia, donde una sola persona gobierna sin división de poderes, sin oposición, sin prensa libre que la llame a cuentas, sin ley que la constriña? También está la opción de convertirse en un estado fallido donde la anarquía, la corrupción y el caos reinan.

El ejercicio, aunque imaginativo, es serio. La democracia costarricense se ha venido degradando de manera continua los últimos 25 años de forma incontenible. Un día podríamos perderla. Sería bueno valorar opciones antes de perderla en caso de que hubiera otro régimen político que le cayera mejor a una república conservacionista, desmilitarizada, que hizo obligatoria la educación pública antes de que otros países abolieran la esclavitud y creó la seguridad social universal desde hace 80 años.

Sobre todo, es importante entender para qué existe la gobernanza. Se gobierna para la eficacia, esto es, para hacer bien lo correcto en la gestión de la cosa pública (del latín res pública, o sea, república). ¿Lo correcto para quién? Para toda la ciudadanía, para los futuros ciudadanos que aún no han nacido o no han migrado al país, y también para toda la biósfera.

¿Es el gobierno el único ente encargado de la gobernanza eficaz?

Definitivamente no lo es. El poder republicano lo ostenta el soberano, o sea, el pueblo, la nación costarricense. Somos los que mandamos aquí. El soberano, por la vía democrática, delega ese poder de manera periódica cada cuatro años en un pequeñísimo grupo de personas con la responsabilidad legal y política de administrar los bienes públicos que nos pertenecen a todos. Después de cuatro años, le delegamos ese poder a otro grupito.

También, elegimos 57 personas para que nos representen en la creación de las leyes. En un estado de derecho no mandan las personas sino las normas. Nadie puede ir más allá de ellas pues comete delitos y crímenes si lo hace. La Asamblea Legislativa actualiza la normativa nacional y crea nuevas reglas para aumentar la producción de bienestar. Esas leyes le dicen al poder ejecutivo cómo priorizar sus esfuerzos de gobernanza.

Luego están los 84 grupitos aún más pequeños que elegimos para administrar las municipalidades. Esos son los líderes que tienen mayor contacto con la realidad de los cantones, unos con mayor extensión territorial y presupuesto que otros, pero todos obligados a gobernar con eficacia.

La gobernanza no termina ahí. Hay regidores en cada Municipalidad, síndicos en cada distrito, personas voluntarias en cada ASADA que administra acueductos comunitarios sobre todo rurales y en las asociaciones de desarrollo integral (ADI) que velan por las necesidades de cada barrio.

Luego, están los líderes de otras organizaciones privadas y de la sociedad civil incluidas escuelas, empresas e iglesias, y están las personas jefas de cada hogar. A cada una le corresponde su cuota de gobernanza eficaz.

Por último, cada persona ciudadana posee amplias cuotas de poder. Primero, posee el poder del voto para elegir grupitos de gobernantes cada cierto tiempo. Segundo, posee el poder de servir de manera voluntaria en cualquier iniciativa donde considere que pueda crear valor. Tercero, dispone de un espíritu emprendedor que puede cultivar y generar valor social, ambiental y económico para la comunidad de manera eficaz. Cuarto, tiene la capacidad de distinguir si a quienes elige hacen bien lo correcto. Y quinto, en una democracia liberal como la costarricense, también tiene plenas facultades y poder para pedirle cuentas a los gobernantes de turno y exigirles respeto a la ley y eficacia en la gestión de valor desde y para lo público.

Cuando se dice que todas las personas somos iguales ante la ley no sólo se refiere a sus derechos y obligaciones, sino, particularmente, al poder que cada persona tiene para elegir el destino que más nos acerque a la creación de mayor bienestar para toda la nación costarricense.

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Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.