La democracia costarricense, con sus virtudes y limitaciones, constituye el fundamento sobre el cual se ha edificado nuestra vida republicana. Este sistema, heredado con sacrificio por generaciones anteriores, ha permitido la consolidación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la elección de credo, el acceso a la educación y la participación política. Sin embargo, en el contexto actual, dicho legado enfrenta amenazas que demandan una reflexión profunda y un compromiso renovado de la ciudadanía.

En días recientes, declaraciones del presidente de la República en un foro internacional suscitaron preocupación: “Si la democracia no da resultado, alguna otra forma de gobierno va a llenar ese vacío.” Tales afirmaciones, más allá de su aparente espontaneidad, sugieren una disposición a cuestionar la vigencia del sistema democrático y a explorar alternativas que podrían derivar en formas de gobierno autoritarias. La posibilidad de abrir la puerta a la reelección indefinida y al control absoluto del poder representa un riesgo evidente para la institucionalidad costarricense y para los principios que han sostenido nuestra convivencia política.

La institucionalidad en crisis

El desgaste institucional es innegable. La corrupción ha debilitado la confianza ciudadana en los poderes públicos, erosionando la legitimidad de los mecanismos de control y fiscalización. La burocracia excesiva, lejos de garantizar transparencia, ha entorpecido procesos esenciales para el desarrollo nacional. Ante este panorama, resulta imperativo emprender reformas que fortalezcan la rendición de cuentas, optimicen la eficiencia administrativa y aseguren un Estado capaz de responder con eficacia a las demandas sociales.

No obstante, dichas reformas deben realizarse dentro del marco democrático. La frustración ciudadana frente a las deficiencias institucionales no puede convertirse en argumento para desmantelar el sistema. La democracia, aunque imperfecta, sigue siendo el modelo más idóneo para garantizar la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades.

El riesgo del populismo y la postverdad

En este contexto, emergen con fuerza fenómenos como el populismo, la polarización y la postverdad. Se promueve la idea de un líder providencial, un “mesías” capaz de resolver de manera inmediata los problemas estructurales del país. Este discurso, aunque atractivo para sectores desencantados, resulta peligroso: simplifica realidades complejas y concentra el poder en una sola figura, debilitando los contrapesos institucionales que protegen a la ciudadanía de posibles abusos.

La experiencia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de líderes que, bajo la promesa de redención nacional, instauraron regímenes autoritarios. Costa Rica no puede repetir esos errores. La defensa de la democracia exige instituciones sólidas, ciudadanos informados y gobernantes responsables, no soluciones mágicas ni discursos mesiánicos.

Los pilares en deterioro

La evidencia del deterioro institucional se manifiesta en áreas fundamentales:

  • Salud: el sistema enfrenta limitaciones de recursos y gestión, comprometiendo su capacidad de respuesta.
  • Educación: la calidad ha disminuido, afectando la formación de las nuevas generaciones y, con ello, el futuro del país.
  • Seguridad: el incremento de la criminalidad genera temor y debilita la cohesión social.
  • Oportunidades de crecimiento: la desigualdad restringe el acceso de amplios sectores a un desarrollo digno.

Estos desafíos no se superan debilitando la democracia, sino reforzándola mediante políticas públicas serias, inversión responsable y un compromiso genuino con el bienestar colectivo.

Un llamado a la reflexión ciudadana

Ante este panorama, resulta indispensable que cada costarricense realice una pausa de reflexión. La democracia que hoy disfrutamos fue heredada con sacrificio, incluso con sangre, por quienes lucharon para garantizar un país libre y plural. No podemos permitir que ese legado se vea comprometido por discursos que promueven la concentración del poder o por prácticas que socavan la institucionalidad.

La ciudadanía debe exigir a sus gobernantes firmeza contra la corrupción y la ineficiencia, pero siempre dentro del respeto irrestricto a los derechos inalienables de cada persona. La democracia requiere defensa activa, no sustitución.

Costa Rica enfrenta el reto de mejorar su institucionalidad sin renunciar a la democracia. La indignación ciudadana es legítima, pero no debe ser instrumentalizada por proyectos políticos que buscan perpetuarse en el poder. La democracia es frágil y su preservación depende de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos.

En este momento histórico, debemos valorar lo que tenemos y reconocer lo que podemos perder. La salida no está en el populismo ni en la ilusión de un líder providencial, sino en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en la exigencia de transparencia y en el trabajo conjunto por un Estado más eficiente y justo.

La democracia costarricense es un patrimonio invaluable. Defenderla constituye una responsabilidad colectiva e ineludible.

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