Según informó el Ministerio Público Conassif habría acordado solicitarle al presidente del Banco Central retirar la denuncia contra superintendenta de entidades financieras.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) allanó este viernes por la mañana las oficinas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ubicadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Según informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa, la diligencia busca localizar prueba para sumar como evidencia dentro de la causa 23-000107-1218-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación tiene relación con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif en su sesión realizada el 15 de agosto, en la que presuntamente se determinó emitir una moción de censura contra el Banco Central y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad, Roger Madrigal López, retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar Montoya, por no entregar datos crediticios de los ciudadanos sin anonimizar al Banco Central.

En apariencia, dicha sesión y, en consecuencia, el acuerdo, fueron declarados como confidenciales. Precisamente, en el expediente figura como imputada Aguilar, esto debido a que la causa se originó en una denuncia presentada por el BCCR contra la superintendenta debido a que, supuestamente, esta se negó a entregar información que el Banco solicitó en relación con datos crediticios estadísticos.

El Ministerio Público dijo en su comunicado que aunque Aguilar argumentó que se trataba de información sensible, la Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional.

Asimismo, la investigación busca establecer, con base en la evidencia, si miembros del Consejo Directivo de la Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos. La diligencia continúa en desarrollo y, debido a la privacidad que cubre estas acciones, no es posible brindar más detalles, ya que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Sala IV admite acción de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio por el fondo la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) el martes 29 de agosto anterior contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por solicitar información sensible de los ciudadanos.

Según un comunicado enviado esta mañana por la ABC, la acción se tramita bajo el expediente 23-020910-0007-CO y fue acogida a estudio por el tribunal la tarde del jueves 31 de agosto.

La Sala otorgó audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República, al Gerente General del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a la Superintendente General de Instituciones Financieras (SUGEF), a la Directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y al Gerente del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para que se refieran al caso.

De hecho ayer trascendió que la Prodhab le ordenó al Banco Central abstenerse cautelarmente de solicitar datos sensibles de los habitantes, y a la Sugef abstenerse de entregarlos mientras el caso se estudiaba por el fondo en esa agencia.

En la acción de inconstitucionalidad, la organización gremial explicó que la información estadística se construye a partir de datos agregados (…) que no incluye datos personales de interés privado y sensibles como la condición socioeconómica o, en general, información confidencial de las personas a las que se les otorga un crédito.

No obstante, el Banco Central pretende acceder la integralidad, sin restricción alguna, de las bases de datos de crédito de la SUGEF que contiene información desagregada concretamente datos personales de interés privado y sensibles, cubiertos por la garantía de la confidencialidad, la reserva y el secreto bancario, que permiten la identificación física de cualquier persona que haya sido sujeto de crédito.