Poder Judicial y pueblos indígenas elaboran la “Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”.
El pasado 12 de julio el Poder Judicial presentó un informe del avance de la “Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” que trabajan acorde a las costumbres y cosmovisión indígena.
La construcción de la herramienta, que ha contado con visitas del Poder Judicial a los 24 territorios indígenas del país, es uno de los ejemplos de las acciones que realizan para buscar cumplir los derechos de las personas indígenas.
Con el objetivo de profundizar al respecto, Delfino.cr conversó con la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez.
Una política que no se elabore en el escritorio
En 2018, Costa Rica firmó la Ley No. 9.593 que tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia de estos pueblos en consideración de sus condiciones étnicas, socioeconómicas, el derecho indígena, entre otras cuestiones.
Esto marcó un antes y un después, aunque Vargas Vásquez contó que desde el año 2008 han establecido una serie de lineamientos y circulares institucionales que se traducen en acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas. Pese a que se crearon desde el escritorio dijo sentirse orgullosa, aunque no tanto porque no se construyeron con los pueblos indígenas, en el campo.
Durante los años han comprendido que las dificultades en los territorios son sumamente distintas a las que pueden tener personas en la Gran Área Metropolitana. Por ejemplo, para llegar al circuito judicial que les corresponden deben caminar cerca de dos días o, con las dificultades de encontrar un servicio de transporte, pagar hasta 30 mil colones.
Esas dificultades han provocado que las autoridades judiciales se planteen cómo llevarles servicios como el de la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, además de ya acumular 15 años de efectuar las audiencias de juicios en los territorios indígenas.
Tenemos que establecer todos los riesgos de que alguien se nos quiera salir del canasto y no quiera hacer audiencias en territorios indígenas, ¿Cómo poder incentivarlo? Pero que las personas indígenas no sean quienes se trasladan porque para ellos el costo muy alto... para nosotros también, pero el Estado debe asumir esa responsabilidad".
La magistrada agregó que tienen jurisprudencia donde se han anulado juicios porque los jueces no han ido a hacer la audiencia en el territorio indígena. Señaló que el hacerlo no es por la formalidad de ir al sitio, sino que el hecho de ir a un territorio indígena a hacer una audiencia de prueba es toda una lección aprendida para las personas juzgadoras.
La Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez (primera en la fotografía), ha participado en los encuentros sostenidos en 24 territorios indígenas. Crédito: Poder Judicial.
Al recibir el visto bueno para empezar a elaborar la política, consultaron a los pueblos indígenas si estos querían unirse en la co-creación. Eso ha dado pie a la escucha activa de estas personas sobre la percepción que tienen del servicio de administración de justicia, agregó la vicepresidenta de la Corte.
Nos hemos reunido no solo con líderes y lideresas, que hemos ido identificando de acuerdo con la base de datos que hemos construido, sino también con la mayoría de las comunidades indígenas que son muchas, y a veces difíciles de localizar, para contarles de los avances que hemos tenido y el proceso construcción".
Comentó que en estos espacios de reunión se han encontrado que las personas indígenas no saben la existencia de algunos de sus derechos, como las posibilidades de optar por ayudas económicas.
Ahora les comparten la importancia de validar esos derechos, antes no reclamados por desconocimiento.
El que ellos se den cuenta de los derechos que tienen nos ayuda a tratar de establecer protocolos y líneas de acción institucionales para facilitar darles esos beneficios a esta población".
Vargas Vásquez agregó que esto les ayuda a mejorar el sistema de peritajes culturales antropológicos que se asigna a estos pueblos. Las personas indígenas les han explicado cómo mejorar la información que expertos de judiciales suministran acerca de la cosmovisión o costumbres de esos pueblos.
En todas las visitas realizadas a los territorios participó la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. En muchas de ellas asistieron otros magistrados y magistradas de las Salas de Casación y Sala Constitucional, el Fiscal General de la República, el Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Director de la Defensa Pública y el Contralor de Servicios, sus equipos de trabajo y otras jefaturas institucionales. Además, representantes del Sistema de Naciones Unidas.
Como Poder Judicial queremos estar al lado de las personas, no podemos hacer una política como esta desde el escritorio, por eso las visitas se han hecho los fines de semana, que es el momento en que la población nos puede atender, a escucharlos y co-construir junto a ellos esta política”.
El documento será un lineamiento con la metodología de políticas públicas similar a la que utiliza Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y llevará consigo un plan de acción. Esto exigirá a todas las oficinas institucionales que transversalicen la política en todo su quehacer, con acciones concretas como cronogramas y metas. De esta manera pretenden pasar del papel a las acciones.
Adicionalmente, se presentará traducida en los diferentes idiomas de los pueblos. De igual manera habrán grabaciones debido a que hay personas que no saben leer y escribir.
La magistrada compartió que durante las reuniones los indígenas les han dicho que prefieren imágenes en lugar de tanto texto, por lo que tienen el reto de presentarles los resultado de forma muy gráfica.
La política se empezó a trabajar en 2020 y actualmente el proyecto se encuentra en la fase final de recopilación de información para, posteriormente, iniciar la redacción de la política. Una vez lista la propuesta, será consultada a los pueblos indígenas para conocer su opinión y atender sus observaciones; además de incorporar la retroalimentación de las personas servidoras judiciales involucradas.
Es un documento que ellos (los pueblos indígenas) pueden moldear porque tiene que hacerse, no solamente trabajando el tema con las personas servidoras judiciales, porque nada hacemos trabajando sola solamente con las personas indígenas, sino también con quienes vamos a ir a aplicarla".
Para lograr el éxito del proyecto, cuentan con el respaldo de socios estratégicos que han hecho posible impulsar los avances. La participación del Sistema de Naciones Unidas ha ayudado para garantizar el cumplimiento en la construcción de la Política de los altos estándares internacionales; y recientemente, se recibió el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
