A pesar de los dos amparos que se encuentran en estudio desde el INS aseguraron que continuarán con el proceso y serán “respetuosos de lo que la Sala indique”.

La Contraloría General de la República resolvió el día de hoy los recursos de objeción presentados por seis empresas, en contra del cartel de la licitación tramitada por el Instituto Nacional de Seguros (INS), para la Adquisición de las Tags RFID, equipos y servicios para el marchamo digital, declarando parcialmente con lugar cinco de los recursos presentados y uno con lugar.

Tras lo resuelto por la Contraloría el INS deberá llevar a cabo una serie de ajustes al cartel de la licitación para poder continuar con el proceso.

Desde la Contraloría señalaron que “se hizo un fuerte llamado al INS en relación a la obligación de establecer en el cartel del concurso, un objeto plenamente definido en sus alcances y especificaciones, a efecto de evitar las repercusiones que una indeterminación de este, puede provocar al momento de presentación de las propuestas por parte de los oferentes, aspecto que fue tema en varias de las objeciones presentadas”.

Por parte del INS el director del proyecto Marchamo Digital, Carlos Mejías Alegría, aseguró en un audio circulado a la prensa que:

Este es un trámite completamente normal en los procesos de licitación, y más aún en este caso, debido al gran impacto país que representa este proyecto. Algunas de esas objeciones que acoge la Contraloría General de la República ya habían sido aceptadas por el INSS. Así consta en los informes que son públicos y se encuentran disponibles en el SICOP”.

Adicionalmente, Mejías aseguró que desde el INS serán respetuosos de la resolución y realizarán los ajustes que corresponda al cartel.

Consultados sobre si se suspendería la adjudicación a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional en los dos amparos que se encuentran en estudio, desde el INS aseguraron que continuarán con el proceso y serán “respetuosos de lo que la Sala indique”.

Uno de los amparos presentados pide, expresamente, la anulación de la decisión del INS de implementar un marchamo digital con etiquetas RFID, así como del proceso licitatorio para el marchamo digital, por lo que existe la posibilidad de que el INS adjudique el cartel licitatorio y este sea posteriormente anulado por la Sala, si acoge dicha petición.