Los drásticos cambios demográficos que en el mundo y en forma muy pronunciada en Costa Rica estamos viviendo nos deben mover a la reflexión, al estudio de alternativas y a la acción.

Faltan pocas semanas para contar con los datos del Censo de Población de Costa Rica que se efectuó, con dos años de retraso, a mediados del año pasado. Esa información es muy probable que nos permita ratificar la necesidad de cambiar los parámetros con los cuales se ha proyectado en los últimos años la evolución futura del tamaño de nuestra población y su estructura.  Estos cambios se dan por haberse acelerado a partir de 2019 la caída de los nacimientos, por el aumento de la longevidad y por el incremento en las muertes de personas jóvenes. Si como es de esperar se ratifican con el censo esos resultados, se adelantarán el envejecimiento de la población y la caída relativa de la fuerza laboral.

Costa Rica ya había demostrado que su población es capaz de realizar muy rápidos cambios demográficos. Recuerdo que durante el gobierno de don José Joaquín Trejos me sorprendió la muy rápida disminución en la tasa de crecimiento de la población. Entre 1965 y 1970 los nacimientos anuales cayeron un 14%. En 1965 la tasa bruta de reproducción por mujer fue de 3,26, una de las más altas del mundo. Pero de ese año a 1970, a pesar de que la tasa de mortalidad disminuyó significativamente, la caída de los nacimientos permitió que la tasa bruta de reproducción bajase a 2,41, con una sorprendente reducción de un 26% en tan corto período.

En los siguientes años y hasta nuestra fecha sigue disminuyendo el crecimiento de la población por la evolución de nacimientos y defunciones. Para 2004 se llegó al punto en que la tasa Global de Fecundidad (que indica el número de nacimientos por mujer según la fecundidad anual en cada año reproductivo) fue menor a 2,1. Sea que —salvo cambios en la expectativa de vida o movimientos migratorios— en ese año bajó el número de nacimientos con relación a la población por debajo de la tasa de reposición, lo que determina que en el futuro disminuirá la población.

Del año 2019 al 2022 la cantidad de nacimientos tuvo un decrecimiento aún más acelerado que el de los años sesenta, pues disminuyó en un 15%. De nuevo se produce una disminución muy radical en la ya muy baja tasa bruta de reproducción por mujer que se reduce de 0,81 a 0,63. La tasa Global de Fecundidad que ya desde 2004 era menor a la necesaria para que la población no baje en el futuro había seguido bajando. Para 2018 era de solo 1,66 y para 2022 fue de 1,29%.

En 2021 la Tasa Global de Fecundidad de Costa Rica fue de 1,31.  El Banco Mundial nos da información de esa tasa en el mundo y en la mayoría de los países para el año 2021. La de Costa Rica es una de las más bajas, similar a la de países europeos desarrollados, y en América solo Aruba, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico tenían niveles más bajos.

A nivel mundial la tasa global de fecundidad, que en 1990 fue de 3,3 ha venido disminuyendo y en 2021 era de 2,3, lo que significa que apenas está la humanidad en condiciones de mantener un pequeño crecimiento de la población. De continuar la tendencia de la última década a la disminución de este indicador demográfico, para 2030 el mundo ya estaría por debajo de la tasa de reposición de la población.

De manera que la estrepitosa caída en los nacimientos más que compensa la extensión en la esperanza de vida que se viene dando de manera muy acelerada desde inicios del siglo XX y la disminución en la mortalidad infantil.

Un artículo del muy prestigioso columnista del New York Times Nicholas Kristof plantea que la disminución de la mortalidad infantil es el evento más importante que ocurre en le mundo actual. Y no deja de tener razón.

Concuerdo, por dura experiencia personal, que lo peor que le puede pasar a una familia es la muerte de un hijo. Hasta hace poco alrededor de la mitad de los bebés morían antes de llegar a adultos. Hoy el 96% de los niños y niñas llegan en el mundo a ser adultos. Pero ese cambio no alcanza a compensar la disminución de los nacimientos.

En Costa Rica el progreso por la disminución de la mortalidad infantil ha sido admirable. En 1920 moría antes de los cinco años uno de cada cuatro bebés que nacían vivos. Ya para 1960 la mortalidad infantil había bajado de 248 a 68 por mil nacimientos, pero todavía era más de dos veces y media la que se daba en ese año en Estados Unidos. En 1990 cuando ya contamos con estimaciones del Banco Mundial para la cifra del mundo, en Estados Unidos había bajado a 9 y en Costa Rica a 14, era un 55% mayor en nuestro país. Los datos nacionales eran mucho mejores que los mundiales, a pesar del gran progreso en todos los países, pues la mortalidad infantil en el mundo era de 65 por mil. Nuestra cifra tuvo poca disminución en los años siguientes, pero un programa que inició en 1998 permitió que bajase la mortalidad infantil a 10 por mil en 2002 (cuando en Estados Unidos era de 7) y para 2021 en Costa Rica era de 6 —igual al promedio de OCDE y solo un punto por mil por encima de Estados Unidos—.

Los efectos de las transformaciones en la estructura etaria de la población por estos cambios son inmensos y algunos son también evidentes.

Por una parte, se desbalancea la relación entre la cantidad de pensionados y la cantidad de trabajadores activos. Ahora cada vez habrá menos cotizantes a los sistemas de pensiones en relación con la cantidad de pensionados, lo que desfinancia los sistemas de pensiones de reparto como el de IVM, el régimen principal y más generalizado del país. También se afectan los ingresos potenciales del gobierno, y por consiguiente el financiamiento y la producción de bienes públicos, y a la vez se aumentan las necesidades fiscales por el crecimiento de la demanda de servicios de salud además del costo de las pensiones. Por otra parte, disminuye la proporción de la población activa en el campo laboral lo que afecta la producción y su crecimiento, con impacto en el consumo y el bienestar. Y como más adelante indicaré, se afectan también la innovación y los avances en la productividad con negativo impacto para el bienestar social.

Los efectos de estos previsibles cambios en los sistemas de pensiones nos llevaron a proponer y lograr la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador y a señalar desde el período 1998-2002 la necesidad de cambios adicionales en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Ahora esos cambios y el crecimiento en la proporción de trabajadores informales que se dio en la segunda década de este siglo justifican las propuestas de encaminarnos a una nueva reforma a nuestro sistema previsional. Hace ya más de dos años propuse la necesidad de evolucionar hacía un régimen de un seguro básico igual y universal en favor de todas las personas que lleguen a edad de pensionarse. Esta pensión atendería las necesidades de todos, asegurados o no a IVM, y por lo tanto cubriría al sector informal. Este seguro sustituiría el régimen no contributivo y los niveles más bajos de pensión de IVM y de cualquier otro régimen de pensión al que contribuya el estado. La siguiente capa de la pensión estaría compuesta por el régimen de IVM con una cotización menor a la actual, y luego por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de la Ley de Protección al Trabajador y por los seguros voluntarios.

La superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya, también planteó hace dos años una transformación similar que incluso se ha convertido en un proyecto de ley (expediente 23.625) que ha presentado el presidente de la Asamblea Legislativa.

Respecto a los ingresos del estado y al financiamiento del sistema previsional será necesario realizar importantes cambios, que a la vez que enfrenten los efectos de la transformación de la estructura etaria nos ayuden a reversar el incremento en la desigualdad que en este siglo hemos sufrido.

La Pensión Básica Universal lo mismo que el Fodesaf, que alimenta los programas de lucha contra la pobreza, deben ser pagados con impuestos generales (IVA, renta, bienes inmuebles, carbón).

Además, el incremento de los gastos en salud y pensiones y la caída de ingresos tradicionales de los gobiernos debería ser aprovechada para mejorar el sistema tributario de modo que facilite una mayor igualdad, una mayor eficiencia en la producción y un más elevado crecimiento. La modificación al impuesto de renta debería ir hacia una disminución de la tasa que grava a las empresas del régimen definitivo, a la vez que se establece un sistema de renta global que dé igual trato a los ingresos de las personas con independencia de que se originen en salarios, intereses, dividendos, alquileres, aguinaldo escolar u otras rentas. El aumento de estos ingresos al gobierno sería parcialmente compensado por una disminución del impuesto sobre las planillas, ya que el monto inicial de la pensión no lo pagaría IVM y que se eliminaría el 5% de impuestos al salario que hoy alimenta a Fodesaf.

Para lograr un mejor resultado, estimo que estos cambios en los sistemas de pensiones y tributario se deben analizar y aprobar como un conjunto, pero su implementación debe ser gradual de acuerdo con un cronograma de previo adoptado.

El mercado laboral es un tercer campo en el cual las transformaciones demográficas y los acelerados cambios tecnológicos demandan importantes reformas. Con una proporción tan grande de adultos mayores y con una transformación tan acelerada de los empleos que se producirán, adquieren mayor importancia y urgencia las tareas de capacitar a las y los trabajadores y de formar la niñez y la juventud en las habilidades requeridas para una vida y una actividad productiva satisfactorias.

Deberemos además enfrentar la desaparición del bono demográfico por edad que nos dio la ventaja de incrementar la proporción de la fuerza laboral respecto al total de la población cuando teníamos alta tasa de natalidad e iba disminuyendo la tasa de mortalidad. Ahora que ese bono por edad desaparece deberemos compensarlo mediante aumentos de la productividad por trabajador y con el bono demográfico que se origina en la incorporación de las mujeres al trabajo formal en condiciones de equidad. Esto requiere diversas medidas para aumentar la oferta de trabajo de las mujeres lo que demanda entre otras cosas universalizar la red de cuido infantil. También es necesario aumentar la demanda por su trabajo, ¿será también necesaria una política de acciones afirmativas en las empresas privadas como la que ayudamos a establecer hace 30 años con las cuotas en favor de las mujeres en los partidos políticos y en los órganos de gobierno?

Se deberá generar nuevos puestos de trabajo con la inversión para la transformación energética y para mitigar los efectos del calentamiento global. En nuestro caso esta acción es aún más necesaria por la pérdida de posiciones laborales que hemos sufrido en los últimos tres años y por el encarecimiento de la energía que se ha dado.

Finalmente, en lo referente a empleo la carencia de trabajadores y la promoción de una vejez física y mentalmente saludable requerirán una transformación en nuestra cultura sobre las personas en la tercera edad. Cada vez vivimos más años después de la edad para jubilarnos. Esos años podrán cada vez ser mejor aprovechados por las personas pensionadas para jornadas parciales de trabajo, que ayudarán a mejorar el abasto de bienes y servicios y a la vez nos procurarán una mejor calidad de vida a las personas ancianas.

Además de esos conocidos efectos del aumento sustancial de la proporción de personas adultas mayores en la población se dan otras consecuencias.

The Economist en su edición del pasado 3 de junio incluye el Informe especial  “El envejecimiento y la falta de vitalidad” que encabeza afirmando:

No se trata solo de un fiasco fiscal: las economías envejecidas también innovan menos. Esto agrava los problemas de la disminución de la fuerza laboral y el aumento de los costos de atención médica y pensiones.”

La conclusión de ese informe es que “el número decreciente de jóvenes trabajadores educados que ingresan al mercado laboral también reducirá la innovación, agotando el crecimiento económico en general. Con el tiempo, este efecto puede ser el resultado económicamente más perjudicial del envejecimiento de los países ricos, eclipsando el creciente costo de las pensiones y la atención médica.”

Esta circunstancia hace aún más importante la reflexión nacional sobre estos temas y la búsqueda de acuerdos de largo plazo para irlos atendiendo gradualmente.

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