Criterio de la Procuraduría señala que propuesta del Ejecutivo es insuficiente para una debida regulación de estos incentivos.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó su criterio sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que pretende dar incentivos a las personas que denuncien actos de corrupción (expediente 23.449), en el que concluye que la iniciativa “presenta inconvenientes a nivel jurídico” y señaló varios aspectos para consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la cual se tramita el proyecto, “a fin de corregir y mejorar la propuesta legislativa”.
En concreto el criterio de la PGR calificó de controversial la intención de recompensa como incentivo económico por denuncia de actos de corrupción, y señaló que uno de los principales defectos de la propuesta es que el proyecto “no define ni determina ningún criterio para el pago de la recompensa económica, las fuentes de financiamiento, ni el procedimiento para su asignación, así como cualquier otra condición necesaria para la implementación del mecanismo; el cual propone, sea definido vía reglamentaria”. El criterio de la Procuraduría es que “el otorgamiento de beneficios patrimoniales por componentes de la Hacienda Pública y a favor de sujetos privados debe darse por ley y de acuerdo con la ley”.
Por ese motivo la Procuraduría calificó la propuesta presentada por el Ejecutivo de “hartamente deficitaria”, y puntualizó que si bien tiene prevista la posibilidad de incentivos económicos para denuncias por actos de corrupción “no regula del todo las recompensas, premios o incentivos económicos por denuncia, sino que propone regularlos por vía reglamentaria; lo cual es jurídicamente inaceptable”.
El criterio de la Procuraduría recuerda que, “ante iniciativas similares hemos insistido que la definición clara y precisa de los supuestos en los que aplicaría el incentivo y los montos, a nuestro criterio constituye un factor determinante para el éxito de la medida propuesta”.
Adicionalmente, la Procuraduría señala que "los incentivos o recompensas económicas por denuncias de corrupción, es todavía un fenómeno poco estudiado y en las recomendaciones para una buena o adecuada regulación de organismos internacionales, frecuentemente es eludido con enunciaciones vagas".
La propuesta del Ejecutivo
El proyecto de ley presentado establece que se otorgará una recompensa económica a favor de las personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional y transnacional, una vez en firme la sentencia judicial del delito denunciado, cuando se cumpla con las siguientes condiciones:
- Se condene por un delito cuya pena de prisión en abstracto sea superior a cuatro años y,
- La información brindada por la persona denunciante fuere oportuna e idónea para permitir la identificación plena del delito, del autor o de los presuntos autores y partícipes.
Adicionalmente, el proyecto excluye de la eventual recompensa económica a la persona servidora pública cuando se trate de un delito que conozca en el ejercicio de sus funciones, así como a cualquier eventual víctima en el proceso penal (ya que ya cuenta con el derecho de ejercer la acción civil resarcitoria para obtener la indemnización por los daños y perjuicios del delito de corrupción de que fue víctima) y a los autores y partícipes del delito.
