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11 meses después Pilar Cisneros presenta su primer proyecto: una reforma para permitir la extradición de nacionales

La jefa de fracción del oficialista Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros Gallo presentó este lunes su primer proyecto de ley luego de casi un año de haber asumido como diputada de la República.

Se trata de una reforma al artículo 32 de la Constitución Política con el propósito de permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo, iniciativa que fue adelantada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, durante la presentación de la operación "Costa Rica Segura".

Cisneros presentó el expediente junto a las firmas de sus nueve compañeros de fracción, pues al tratarse de una enmienda constitucional se requiere que la misma se presente en el periodo de sesiones ordinarias, y que además lleve la firma de al menos 10 congresistas.

La propuesta de los oficialistas es que el numeral 32 de la Constitución pase a leerse de la siguiente forma (lo resaltado es lo que se añadiría):

ARTÍCULO 32.- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes.

La reforma constitucional entrará en agenda legislativa este mismo martes, sin embargo, sería hasta el miércoles (día destinado a conocer reformas constitucionales) que podría llevarse a cabo su primera lectura de admisibilidad.

Es en esa etapa en la que la secretaría del Directorio lee al Plenario la exposición de motivos de la reforma, y lo que se propone enmendar en la Constitución.

Según Cisneros y compañía, Costa Rica enfrenta la problemática de la criminalidad "con amplias limitaciones, entre las que destacan la infraestructura, recursos y servicios especializados necesarios para enfrentar y hasta para juzgar, cara a cara, a delincuentes con este perfil de criminalidad sea que resulten ser o no nacionales".

Más adelante cita que países como México, Reino Unido, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia ya han variado sus normativas para permitir la extradición de nacionales, bajo similares consideraciones, "pues es una realidad que desborda las capacidades que nuestro Estado tiene para generar bienestar y tranquilidad a la ciudadanía y a la sociedad en general".

Según Cisneros y demás proponentes, que las constituciones políticas establezcan la prohibición de extraditar nacionales es un "arcaísmo que obstaculiza la coordinación internacional para el combate del crimen organizado". El efecto de ello es que si un nacional comete un delito en otro país, Costa Rica al negar la extradición debe proceder a juzgarlo en territorio nacional.

Sin embargo, para los proponentes "la aplicación práctica de este principio es deficitaria, [pues] son pocos los procesos penales llevados contra costarricenses que hayan sido requeridos en extradición por otros Estados".

Es decir, aunque los impulsores reconocen que han sido "pocos" los casos (sin precisar cifra) de costarricenses requeridos por otros Estados para ser juzgados, el rationale de la reforma es que "ante la dinámica de crecimiento de la criminalidad organizada transnacional", la extradición de nacionales se hace necesaria "como medida eficaz para no propiciar la impunidad y coadyuvar en la solución de un fenómeno criminal transnacional con una solución también transnacional".

De acuerdo con la motivación de la reforma, la ubicación geográfica de Costa Rica "es estratégica para las organizaciones delictivas vinculadas a los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo y un incentivo para que los nacionales que se vinculan con estos grupos criminales, se mantengan dentro del territorio nacional".

Bajo el escenario hipotético en el que la mayoría del Parlamento vote afirmativamente para admitir a estudio la reforma constitucional en una comisión especial, y esta supere el primer debate si fuera dictaminada afirmativamente, tendría que ir a revisión obligatoria de la Sala Constitucional donde potencialmente sería declarada inconstitucional.

La causa radica en la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la reforma constitucional que había prohibido la reelección presidencial en Costa Rica, ya que la Sala de aquel entonces en un voto 5 vs. 7 sentenció que:

"[L]a Asamblea Legislativa carece de competencia para hacer una reforma parcial que afecte los derechos fundamentales y las decisiones políticas fundamentales, por el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución Política. (...) La Asamblea Legislativa (...) está limitada por el Poder Constituyente en su capacidad para reformar la Constitución: no puede reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política y económica del país. Únicamente mediante el procedimiento de reforma general, regulado en el artículo 196 de la Constitución Política y en estricto apego a lo allí dispuesto, se podría intentar una reforma de tal naturaleza".

La garantía constitucional que prohíbe la extradición de nacionales se ubica en el Título IV "Derechos y Garantías Individuales" de la Constitución, por lo que estaría protegido por el procedimiento agravado que definió la Sala debe realizarse si se quiere tocar de alguna forma negativa ese derecho, es decir, la extradición de nacionales solo podría ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese criterio de la Sala fue reiterado por el Tribunal en su sentencia del 2020 en el que declaró "inconstitucional" la pretensión de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente mediante la figura del referéndum.

El voto fue suscrito por Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Hubert Fernández Argüello.

De ellos Castillo, Cruz, Rueda, Salazar y Araya integran la Sala de forma titular mientras que Fernández Argüello aún figura en la lista de magistrados suplentes, por lo que para que esta reforma supere el filtro de la Sala los magistrados tendrían que variar la jurisprudencia que hace poco habían reafirmado.

Breves

— Con 54 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el Directorio provisional que dirija la sesión del 1 de mayo de 2023 sea el integrado por los actuales miembros del Directorio Legislativo.

— Con 50 votos a favor y 5 en contra se aprobó el calendario de vacaciones del próximo año, de modo que la Asamblea se declarará en receso del 10 al 14 de julio de 2023, del 18 al 29 de diciembre de 2023, del 2 al 5 de enero de 2024 y del 25 al 27 de marzo de 2024, para un total de 22 días.

— Con 47 votos a favor y 0 en contra se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 21.924 "Ley para la protección del taxista ante la actual crisis sanitaria, económica y social". 

— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.390 "Autorización a la Municipalidad de Talamanca para donar un inmueble de su propiedad a la Asociación Pro Adulto Mayor de Cahuita". 

— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 23.302 "Reforma de los Artículos 36, 37 y 37 Bis del Código Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas" (dictaminado).

— La Unidad Social Cristiana y Nueva República anunciaron este lunes que apoyarán la reelección de Rodrigo Arias Sánchez como presidente de la Asamblea Legislativa. El PUSC impulsará además a María Marta Carballo como primera secretaria del directorio; mientras que Nueva República querrá la reelección de Gloria Navas Montero como vicepresidenta. Por su parte, el Partido Liberal Progresista (PLP) anunció que no formará parte del "reparto de puestos en el directorio que pretende encabezar de nuevo el verdiblanco Rodrigo Arias Sánchez" y que postularán a Gilberto Campos Cruz como candidato a presidente legislativo.

— PUSC anuncia votos a favor de reelección de Rodrigo Arias en directorio del Congreso

— Nueva República apoyará reelección de Rodrigo Arias y Gloria Navas

— PLP no apoyará reelección de Rodrigo Arias a la Presidencia del Congreso

— Frente Amplio negociará apoyo para directorio legislativo basado en 61 proyectos