La Contraloría General de la República (CGR) rechazó las apelaciones que tenían frenada la adjudicación de un nuevo contrato para el monitoreo electrónico mediante tobillera de personas privadas de libertad.
Según informó el ente contralor, los tres recursos de apelación que habían sido presentados contra la licitación pública internacional iniciada por el Ministerio de Justicia para cambiar de proveedor del servicio de tobilleras electrónicas.
Aunque dicho Ministerio adjudicó el cartel al Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR por un plazo de 48 meses y a un precio unitario de cinco dólares con 989 centavos ($5,989), las apelaciones presentadas por Consorcio BEP, Consorcio SOIN-TRACK, Consorcio SPC-ATTENTI y Consorcio Panóptico Costarricense fueron rechazadas.
La Contraloría afirmó que las apelaciones fueron rechazadas por incumplimiento de certificaciones, incumplimientos relacionados con el sistema GPS, incumplimientos sobre aires acondicionados e incumplimiento de homologación de Sutel, respectivamente.
En virtud de lo resuelto, le corresponde a la Administración proceder con la suscripción del contrato con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR e iniciar la ejecución contractual con la etapa de implementación de la solución.
