Costa Rica ha sido aclamada internacionalmente por sus iniciativas para restaurar sus bosques. Pero estos éxitos se ven ahora amenazados por los conflictos derivados del hecho de que el gobierno no haya devuelto las tierras tradicionales a los pueblos indígenas, considerados los mejores guardianes de los bosques.
This article was originally published by Yale Environment 360. Read the original story here. Este artículo fue originalmente publicado por Yale Environment 360, puede leer la historia original en inglés, aquí.
Costa Rica tiene un halo verde. En las últimas décadas, la pequeña nación centroamericana ha pasado de ser un notorio foco de deforestación a un faro de reforestación que es la envidia del mundo. Muchas de sus más de 12.000 especies de plantas, 1.200 de mariposas, 800 de aves y 650 de mamíferos, reptiles y anfibios han pasado de la decadencia al auge, y los ecoturistas saborean el espectáculo.
Pero algunos observadores externos se preguntan ahora si el éxito puede mantenerse sin un avance similar en el restablecimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas desposeídas, custodios definitivos de los bosques.
Generadores de opinión global como Jeff Bezos y Leonardo DiCaprio, pasando por el Príncipe Guillermo, heredero de la realeza británica, se han alineado para elogiar las credenciales medioambientales del país. "Costa Rica ha sido pionera en la protección de la paz y la naturaleza y es un ejemplo para la región y para el mundo", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha nombrado al país Campeón de la Tierra de la ONU en 2019.
Pero el aparente paraíso verde esconde un lado oscuro. Casi invisible para el mundo exterior, un prolongado conflicto por los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas que habitan los bosques del país amenaza con socavar este reverdecimiento y está convirtiendo sus bosques pacíficos en campos de batalla.
Las disputas por la tierra en Costa Rica se han recrudecido, provocando violentos enfrentamientos y el asesinato de dos líderes indígenas.
Desde hace casi medio siglo, Costa Rica cuenta con leyes que obligan al Estado a recuperar los territorios indígenas acaparados por los terratenientes décadas atrás y devolverlos a sus propietarios tradicionales. Pero la teoría y la práctica han demostrado ser muy diferentes. El inmovilismo político y jurídico ha dejado en gran medida sin aplicar la Ley Indígena promulgada en 1977.
En la última década, las comunidades indígenas se han impacientado, tomando la justicia por sus manos. El resultado ha sido una escalada de disputas y repetidos enfrentamientos violentos en lo profundo de los bosques. Desde 2019, dos líderes indígenas han sido asesinados por intentar reclamar sus tierras tradicionales, y otros han escapado a duras penas con vida.
Tras visitar Costa Rica a finales de 2021 para entrevistarse con todas las partes implicadas, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el diplomático guatemalteco José Francisco Cali Tzay, se puso del lado de quienes intentan reclamar sus tierras. Atacó los "40 años de incumplimiento de la Ley Indígena por parte del Estado de Costa Rica", y en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en julio pasado, criticó el "racismo estructural que permea el poder judicial, especialmente a nivel local" en Costa Rica, "y la impunidad de los crímenes cometidos contra los defensores de la tierra."
Jerhy Rivera Rivera, líder indígena de Térraba, Puntarenas, asesinado en 2019.
El mes pasado, un tribunal costarricense condenó por fin a uno de los asesinos, con lo que se espera poner fin a esa impunidad. Pero muchos temen que la elección el pasado abril de un nuevo presidente populista, apoyado por la comunidad agrícola, pueda dar al traste con los esfuerzos por resolver las disputas. Ello supondría un revés también para la causa de la reforestación, ya que cada vez se reconoce más a nivel internacional que los mejores administradores de los bosques suelen ser las comunidades indígenas que viven en ellos.
Los bosques de Costa Rica han experimentado un cambio radical en los últimos tiempos. Entre 1960 y finales de la década de 1980, el país -que es algo más pequeño que Virginia Occidental y tiene poco más de 5 millones de habitantes- sufrió una de las tasas de pérdida de bosques más rápidas del mundo, en ocasiones cercana al 4% anual. La rápida deforestación se debió en gran medida a la creciente demanda internacional de ganado vacuno. El gobierno de EE.UU. ofreció a los ganaderos costarricenses créditos blandos para talar los bosques y satisfacer la demanda. En un momento dado, el país llegó a vender el 60% de su carne a Burger King.
Los datos históricos sobre deforestación en el país son escasos, pero se calcula que la cubierta arbórea se redujo de hasta el 75% en 1940 a menos del 40% -y, según algunas mediciones, a tan sólo el 17%- en la década de 1980.
Pero cuando las laderas erosionadas provocaron corrimientos de tierras, sequías e inundaciones, Rafael Angel Calderón Fournier, entonces presidente del país, dio un giro a la política. Inspirado por la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, estableció un sistema de incentivos, conocido como Pago por Servicios Ambientales. Con los ingresos de un nuevo impuesto sobre los combustibles se pagaba a los terratenientes y a las comunidades indígenas para que protegieran los bosques existentes y alimentaran otros nuevos, ya fuera plantando o permitiendo el rebrote natural en pastos abandonados.
El ecoturismo ha convertido a Costa Rica en el país más visitado de Centroamérica, con ingresos por turismo que se han triplicado.
La medida fue bien acogida por los ganaderos, afectados entonces por la caída de los precios internacionales de la carne de vacuno, y la política y los pagos persistieron a lo largo de los sucesivos gobiernos. Hasta la fecha, según Elena M. Florian-Rivero, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Turrialba (Catie, Turrialba, Costa Rica), alrededor de una quinta parte de la superficie del país se ha beneficiado de los pagos, que han ascendido a unos 500 millones de dólares. En ellos se basa la mayor parte de la reforestación.
Y los terratenientes encontraron nuevas formas de ganar dinero con estas tierras. Aprovechando el creciente interés internacional por el ecoturismo, muchos ganaderos sustituyeron el ganado por alojamientos en el verdor de sus bosques en regeneración. Con otra cuarta parte del país, incluida la mitad de sus bosques, dentro de una red de 30 parques nacionales y reservas naturales, los visitantes han tenido mucha naturaleza que saborear.
El ecoturismo ha convertido a Costa Rica en el país más visitado de Centroamérica, con unos ingresos por turismo que se han triplicado hasta alcanzar los 3.300 millones de dólares anuales en las dos décadas anteriores a la pandemia del Covid-19 .
Mientras tanto, también han aumentado los fondos internacionales destinados a conservar los bosques para capturar el dióxido de carbono atmosférico. El año pasado, Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en beneficiarse del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, recibiendo 16,4 millones de dólares en 2018 y 2019.
Territorios Indígenas en Costa Rica, Yale360.
Durante la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Glasgow en 2021, el entonces presidente Carlos Alvarado Quesada, que gozaba de un estatus de celebridad inusual para el líder de un país tan pequeño, dio a conocer más financiación del LEAF, una coalición de Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y empresas privadas destinada a recaudar fondos para proyectos que eviten la deforestación. Los bosques cubren ahora de nuevo alrededor del 60% del país, estabilizando los ecosistemas y el caudal de los ríos.
Pero no todo ha ido bien. Según algunas estimaciones, alrededor de un tercio del país sigue siendo pasto para el ganado. Algunas zonas en las que la reforestación recibió ayuda financiera han sufrido desde entonces una nueva ronda de deforestación. J. Leighton Reid, un ecólogo de restauración ahora en Virginia Tech, encontró en 2018 que en el cantón de Coto Brus, en la provincia de Puntarenas, la mitad de los parches de bosque regenerados habían sido despejados nuevamente en 20 años. En otros lugares, tanto los pastos como los bosques han sido sustituidos por plantaciones de piña, convirtiendo a Costa Rica en el mayor exportador mundial de esta fruta.
Además, crece la preocupación por los derechos de las comunidades indígenas que viven en los bosques. En particular, el gobierno no ha cumplido su promesa de permitir que los custodios tradicionales de los bosques reclamen sus tierras.
Muchos creen que, aunque los incentivos financieros para la conservación por parte de propietarios no indígenas pueden ir y venir, sólo las comunidades indígenas de Costa Rica, con sus vínculos culturales y espirituales con los bosques, pueden garantizar su futuro. A escala internacional, una revisión de 130 estudios locales en 14 países, realizada por el Instituto de Recursos Mundiales en 2014, concluyó que los bosques de propiedad comunitaria sufren menos deforestación y menos incendios, al tiempo que almacenan más carbono que otros bosques.
Lejos de ayudar a la recuperación de las tierras indígenas, el plan del gobierno se ha convertido en "un instrumento para posponer la restitución".
Costa Rica aprobó su histórica Ley Indígena en 1977, declarando que todos los territorios indígenas eran "inalienables" y "exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan". Veinticuatro territorios, que abarcan aproximadamente el 7% del país, fueron declarados oficialmente tierras indígenas y, en teoría, se reservaron para su devolución a sus legítimos propietarios.
Pero la práctica ha demostrado ser bastante diferente. La ganadería no indígena sigue ocupando alrededor de la mitad de las tierras indígenas declaradas oficialmente, dejando sin tierra a muchos de los más de 100.000 habitantes indígenas del país. Según Florian-Rivero, hasta la fecha sólo dos de los 24 territorios han sido devueltos en su totalidad a sus legítimos propietarios, y en siete de ellos se ha restituido menos de una cuarta parte de la tierra.
Los defectos de la legislación original crearon una enorme brecha entre la política y la realidad sobre el terreno. El gobierno destinó pocos fondos a la indemnización prometida a las personas que renunciaban a sus tierras. Y las autoridades no han reconocido legalmente a los representantes tradicionales de las comunidades indígenas.
En su lugar, el gobierno impuso una red de asociaciones de desarrollo para recibir las tierras, creando conflictos internos entre las comunidades indígenas. Los funcionarios locales afirman que esto ha exacerbado las disputas sobre quién es y quién no es genuinamente indígena, y quién tiene derecho a decidir. Algunos grupos, tradicionalmente matrilineales, exigen, por ejemplo, la prueba de una madre indígena, mientras que otros aceptan la ascendencia de cualquier sexo.
Pueblo Indígena de Salitre.
En 2010, ante este callejón sin salida, los líderes de dos comunidades indígenas, los bribri y los brörán, iniciaron una campaña de recuperación unilateral de sus tierras tituladas. Estas campañas han consistido normalmente en dar a quienes consideran ocupantes ilegales un plazo para que abandonen y retiren su ganado, tras lo cual los indígenas llegan en masa para tomar posesión.
Los bribri de Salitre afirman haber recuperado 49 fincas que ocupan hasta el 80% de su territorio ancestral. El líder brörán, Pablo Sibar, afirma que en total se han recuperado hasta ahora unas 30.000 hectáreas en cinco territorios: Salitre, Cabagra, Térraba, China Kichá y Guatuso.
Pero ha sido un proceso a veces sangriento, con ambas partes acusadas de ataques violentos y dos líderes indígenas muertos a tiros.
Ante la creciente anarquía en sus bosques, el Gobierno ha intentado intervenir. En 2016, puso en marcha un Plan Nacional para la Recuperación de los Territorios Indígenas, cuyo plazo de ejecución era de seis años. Pero esto también ha resultado ineficaz, dice Cali Tzay, relator especial de la ONU. De hecho, lejos de acelerar la recuperación de las tierras indígenas, concluyó el año pasado, los complejos procedimientos del plan amenazan con convertirse en "un instrumento para posponer la restitución."
Las tensiones han aumentado desde el inicio del plan. Una noche de marzo de 2019, el veterano líder bribri Sergio Rojas fue asesinado en su casa de la remota aldea de Yeri, en la provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico, horas después de presentar una queja formal por acaparamiento de tierras. La policía lo encontró con siete heridas de bala en la espalda.
El recién elegido presidente del país ha dado marcha atrás en el apoyo de su predecesor a una gobernanza medioambiental abierta.
Once meses después, el líder de los Brörán, Jerhy Rivera (tcc: Jehry Rivera), también fue asesinado a tiros cuando una turba organizada de más de cien campesinos locales se enfrentó a su gente, que estaba reocupando tierras en el territorio indígena de Térraba.
El mes pasado, el hombre declarado culpable de disparar a Rivera fue condenado a 22 años de prisión. "La condena es sin duda un mensaje positivo contra la impunidad", afirma Nathalia Ulloa, abogada de derechos humanos y coordinadora nacional del Forest Peoples Programme, con sede en el Reino Unido. "Pero también ha despertado más odio por parte de quienes apoyan el asesinato". Dice que la casa de la única testigo directa, que vive sola con su bebé y está embarazada de siete meses, ha sido atacada.
Mientras, el asesino de Rojas sigue en libertad.
En 2018, líderes del pueblo Cabécar siguieron a los Bribri y Brörán e intentaron reocupar su territorio China Kichá. Las 18.500 hectáreas, en la provincia de San José, han estado en disputa desde su titulación.
En 1982 se derogó su condición de indígena, y en 2001 se restableció en parte. Pero para entonces, la mayor parte del bosque se había convertido en plantaciones de café y pastos para el ganado. A pesar del restablecimiento, un estudio realizado por el Forest Peoples Programme en 2014 concluyó que el 97% seguía en manos de foráneos, dejando a la comunidad indígena China Kichá como "jornaleros empobrecidos que trabajan en sus propias tierras."
Doris Ríos, indígena cabécar de China Kichá y del clan Julabulüwak y vicepresidenta de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica.
Con el nuevo liderazgo de, Doris Ríos, la comunidad de Cabécar recuperó posteriormente dos tercios de su territorio, que está intentando reforestar. Pero se ha enfrentado a una campaña de incendios provocados contra sus cultivos y edificios comunitarios. Trece miembros resultaron heridos durante un enfrentamiento con agricultores en febrero de 2022. Y dos meses después, Darío, el hijo adolescente de Ríos, fue acuchillado en la cabeza. "La policía dice que fue una pelea, pero se trató de un intento de asesinato", afirma.
Ríos se está convirtiendo en un icono para los partidarios del movimiento de recuperación de las tierras indígenas y protección de los bosques. El año pasado recibió un premio de la Universidad Nacional de Costa Rica. El director de la facultad de antropología elogió a las "mujeres del color de la tierra que cuidan los bosques... hablan con las plantas, conocen su dolor y sus misterios curativos".
Y a principios de este mes, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, nombró a Ríos una de las once galardonadas con el Premio Internacional 2023 a las Mujeres de Coraje durante una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, citando su labor en la recuperación de tierras indígenas.
Pero los elogios no entregan tierras ni protegen los bosques, y el panorama político de Costa Rica puede estar cambiando, en detrimento tanto de las preocupaciones medioambientales como de los derechos sobre la tierra. En abril del año pasado, el país votó a un nuevo presidente populista de derechas, Rodrigo Chaves Robles, que cuenta con los agricultores como parte de su base política. Ha nombrado a un antiguo dirigente campesino director general del Instituto de Desarrollo Rural, que supervisa el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas.
Chaves también ha dado marcha atrás en el apoyo de su predecesor a la gobernanza medioambiental abierta. Ha archivado los planes de ratificar el Acuerdo de Escazú de 2018, por el que los países de América Latina y el Caribe se comprometían a aumentar la participación pública en la toma de decisiones medioambientales.
Esta medida viene a sumarse a las antiguas políticas que impiden a las comunidades indígenas utilizar sus conocimientos tradicionales para ayudar a gestionar los bosques protegidos del país. Cali Tzay, relator especial de la ONU, identificó frecuentes conflictos en los que los bosques protegidos por el Estado y los territorios indígenas se solapan, impidiendo a los indígenas acceder a lugares sagrados o realizar actividades tradicionales de caza o pesca. "Aunque los pueblos indígenas llevan siglos cuidando los bosques", afirma, "no se les tiene en cuenta en la gestión de las áreas protegidas".
Costa Rica es conocida por su visión pacífica del mundo exterior. No tiene fuerzas armadas desde hace más de 70 años. Sin embargo, ahora corre el riesgo de tropezar con una creciente ola de conflictos que amenaza con deshacer los impresionantes avances ecológicos del país en los últimos años.
