El Gobierno y la propia sociedad civil, se sorprenden hoy de la creciente ola de homicidios que afecta a nuestro país, como si ello obedeciera a un fenómeno repentino e inesperado; lejos de ello, este ha venido desarrollándose desde años atrás, de la mano de la actividad del narcotráfico.

Aun si la escalada de homicidios ocurridos durante los últimos años no tiene como causa exclusiva el tráfico de drogas, un altísimo porcentaje de ellos han ocurrido precisamente en el contexto de luchas territoriales, ajustes de cuentas, y la propia sustracción de droga entre los diferentes grupos en pugna. Esto, que puede resultar evidente para muchos, parece no serlo tanto para la policía, que enfoca la mayoría de sus esfuerzos en atacar al último y menos importante eslabón de la cadena delictiva (vendedor), fácilmente sustituible en caso de ser detenido. En la experiencia forense, no resultan extraños los casos en los que un mismo punto de venta (búnker) resulta allanado en múltiples ocasiones, evidenciando con ello la nula afectación que tales actuaciones suponen para la actividad de venta de drogas desarrollada en él. Si realmente se desea atacar el fenómeno del narcotráfico y el alto porcentaje de homicidios ligados a él, la policía debería dejar de enfocarse en aquellos sujetos que constituyen simples peones en un juego multimillonario y multinacional; debería investigar y perseguir de manera efectiva a aquellos que dirigen la actividad de importación, distribución y exportación de la droga, cuyas identidades suelen quedar en el anonimato. Si se dificulta el ingreso de la droga y se cortan sus vías de distribución, se reduce la venta, y con ella, los altos beneficios obtenidos por quienes mueven los hilos de esta actividad; mientras la distribución de drogas sea un negocio lucrativo, seguirán las luchas por territorio, los ajustes de cuentas y la sustracción de drogas, contexto en el germina el alto nivel de homicidios que vivimos.

Lo antes descrito, puede parecer reduccionista a primera vista; no obstante, dicho fenómeno debe ser analizado desde la perspectiva del móvil económico que liga los distintos homicidios ocurridos en ese contexto, circunstancia que lleva a concluir que, de desaparecer o reducirse significativamente la actividad de tráfico de drogas en nuestro país, lo harán también los homicidios ligados a ella. ¿Por qué entonces la policía no enfoca sus esfuerzos en ello si resulta tan evidente como lo sostengo? Esa es una pregunta que muchos se han planteado, mucho tiempo antes que yo. Las respuestas en realidad  pueden ser varias, y cada uno de ustedes es libre de señalar aquella que considere más probable: podría serlo la clara comodidad que supone presentar como casos resueltos aquellos dirigidos contra simples vendedores, que una vez detenidos son abandonados por la organización para la que trabajan; la dificultad (real o aparente) de identificar a los importadores, distribuidores y exportadores de la droga que actúan en el país; el temor de enfrentarse a sujetos que son protegidos por quienes controlan los mecanismos a través de los cuales opera el propio sistema penal, o bien, porque forman parte de los mismos grupos que están llamados a investigar, recibiendo una paga para mirar convenientemente a otro lado o incluso suministrar información de relevancia para la actividad.

El riesgo de penetración del narcotráfico en los Poderes del Estado (incluido el Poder Judicial) es evidente, dada la innegable relevancia que el dinero podría suponer en el financiamiento de campañas políticas, o como medio que motive las decisiones a adoptar por sujetos ávidos de mejorar sus condiciones de vida en el contexto de una creciente pauperización de los salarios percibidos en el sector público. Precisamente por ello, deberían ser decisivas las acciones policiales dirigidas a cortar sus fuentes de ingresos desde el propio inicio de la cadena delictiva (importación de la droga al país); perseguir solo a los vendedores, puede resultar   atractivo a nivel estadístico, pero en la práctica constituye solo un espejismo, que oculta a los partícipes más relevantes de la actividad, permitiéndoles seguir actuando con total anonimato e impunidad.

Es obvio que no es una tarea fácil, pero si renuncia a ella por simple comodidad o abierta corrupción de aquellos llamados a desempeñarla, nos convertiremos muy pronto en otra Colombia o México, muy tarde ya para revertir tales resultados.

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