Los teléfonos celulares se han convertido en una extensión de nuestra personalidad. A ellos dedicamos cada día más horas, ya que son la puerta de entrada para conectarnos con ese mundo digital en el que escapamos a nuestra realidad corpórea. En ellos almacenamos contactos, conversaciones, aplicaciones, contraseñas, páginas web, fotografías y videos que describen nuestros hábitos, gustos, preferencias, secretos y pecados. Se han convertido en una unidad extraíble de nuestro fuero interno, en donde almacenamos todos estos datos porque confiamos es que es un espacio privado y seguro, y los fabricantes de tecnología libran una batalla por asegurar cuál sistema operativo es menos vulnerable.

Es por esa gran cantidad de información que almacenamos en ellos que, en el marco de investigaciones criminales, los teléfonos son una fuente rebosante de evidencia para esclarecer hechos, y pueden ser prueba clave para condenar al culpable o liberar al inocente. En Costa Rica, en los últimos años dos casos han involucrado este tipo de evidencias: el caso UPAD, en donde se incautó el teléfono al expresidente Alvarado (con su famosa contraseña), y recientemente la investigación por homicidio en perjuicio de una anestesióloga en donde su teléfono celular, hallado en la escena del crimen, podría contener evidencias importantes para esclarecer los hechos que desembocaron en su atroz asesinato.

El interés no solo de víctimas y familiares, de los imputados, e incluso el interés público de que se investigue y sancione un hecho delictivo, se enfrenta a las medidas de seguridad que los fabricantes diseñan para impedir el acceso no autorizado a nuestros dispositivos. Así, por ejemplo, los teléfonos iPhone disponen de medidas de seguridad con códigos alfanuméricos, e incluso el usuario puede habilitar la opción para el contenido del teléfono se borre en caso de que se introduzca una contraseña equivocada en más de 10 ocasiones. Esto hace que los sistemas tradicionales de fuerza bruta, en donde un software intenta millones de combinaciones hasta dar con la contraseña, resulten ineficaces antes estas medidas de seguridad.

En el año 2015 en San Bernardino, California, se presentó un tiroteo donde murieron 14 personas a mano de dos atacantes. El teléfono de uno de ellos se encontró en la escena del crimen, y el FBI estimaba indispensable acceder a su contenido con la finalidad de buscar evidencia sobre otros atacantes. El teléfono, un iPhone 5, estaba protegido con contraseña y su contenido encriptado. El FBI dictó una orden judicial para que Apple desbloqueara el teléfono, a lo que la empresa se opuso judicialmente alegando que no cuentan con la tecnología para desencriptar estos dispositivos, y que contar con ella implicaría un riesgo para la seguridad de todos sus usuarios, ya que esa “llave” permitiría abrir cualquier iPhone en el futuro. La batalla legal no llegó a término ya que el FBI optó por contratar a un proveedor que encontró la forma de acceder al teléfono en cuestión, pero esta tensión entre privacidad y justicia no está resuelta.

De hecho, el proveedor que contrató el FBI es la empresa israelí Cellebrite, que se ha convertido en el principal proveedor de hardware y software especializado para acceder a dispositivos electrónicos con fines de investigación. Su herramienta UFED, es un hardware que se conecta al teléfono y permite extraer una copia de su contenido, que luego es indexado para permitir su revisión mediante un panel de control que facilita buscar determinadas palabras, objetos o personas dentro de un rango de tiempo específico, simplificando así la búsqueda de las evidencias de interés, cumpliendo, según dice la empresa, con todas las garantías de la cadena de custodia, para que la evidencia extraída pueda utilizarse en procesos penales.

Los mecanismos técnicos con que cuenta esta empresa, y algunas otras alternativas que existen en el mercado, no son del todo transparentes, esto debido a que se valen de las vulnerabilidades de seguridad de los fabricantes, generando una dinámica de gato – ratón, en donde los fabricantes lanzan parches a sus sistemas operativos, hasta que estas empresas logran encontrar cómo superarlos. Es por esto por lo que mantener actualizadas estas herramientas resulta indispensable, ya que sus capacidades varían conforme evoluciona la tecnología, y en específico, conforme avanzan los iPhones.

En otro caso interesante en los Estados Unidos, en una investigación por pornografía infantil el FBI desbloqueó un iPhone decomisado a un imputado colocándolo frente a su rostro, ya que el dispositivo tenía activado el reconocimiento facial para desbloquearlo. ¿Se estaría obligando al imputado a producir prueba que puede ser utilizada en su contra? La biometría del rostro es sin duda un dato personal, pero si la policía está facultada para tomar huellas dactilares o ADN de los imputados (otros datos biométricos) ¿podría utilizar la biometría del rostro para acceder a un teléfono con fines de investigación?

¿Dónde queda la protección de datos personales? Sin duda un teléfono celular está repleto de datos personales, no solo del propietario sino de terceros con los que interactúa. Ahora bien, la investigación de delitos está dentro de la lista de excepciones a la autodeterminación informativa que contiene el Art. 8 de la Ley de Protección de Datos, por lo que el Poder Judicial puede, dentro de los límites propios de una investigación penal en un Estado democrático, realizar tratamiento de estos datos válidamente, siempre que cumpla con los requisitos probatorios establecidos en la legislación penal y con el debido proceso.

Según ha trascendido en medios de prensa recientemente con ocasión de uno de los casos antes reseñados, el OIJ tiene limitaciones para acceder a esta tecnología por medios propios, e imaginamos, ha encontrado limitaciones para hacerlo por medio de la cooperación internacional. Es indispensable que el Poder Judicial cuente con estas herramientas para la investigación criminal, y que tanto los investigadores, jueces, magistrados, fiscales y defensores se capaciten adecuadamente en el manejo de estas evidencias, y que nuestra legislación también evolucione conforme lo hacen los tiempos. En un mundo altamente digitalizado, la investigación criminal no puede seguir siendo analógica.

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