El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) pidió al Estado de Costa Rica que detenga las pretensiones de derogar la norma técnica del aborto terapéutico, según las "Observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Costa Rica" publicado este martes.
Según el documento del cual Delfino.cr tiene copia, el Comité tomó nota de la disminución en el número de embarazos en menores de edad y saludó la adopción de la norma técnica para la interrupción del embarazo en 2019, pero listó cuatro razones por las cuales sigue "profundamente preocupado".
La primera de ellas es la penalización vigente en Costa Rica del aborto en casos de violación, inceso o malformaciones fetales graves; y en segundo lugar, la revelación de que el Estado amenaza con derogar la norma técnica del aborto terapéutico, sumado a la falta de capacitación del personal médico sobre dicha norma.
El Comité también expresó preocupación por el bajo uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes y el acceso limitado de las mujeres a anticonceptivos modernos y servicios de salud sexual y reproductiva, en particular en las zonas rurales y costeras; así como la no incorporación de las tradiciones de parto de las mujeres indígenas a la práctica obstétrica del Estado.
Ante ello, el Comité recomendó al Estado de Costa Rica que:
a) Modifique sin demora el Código Penal para legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto, amenazas a la vida o la salud de la mujer embarazada y el daño fetal grave, despenalizarlo en todos los demás casos y garantizar que las mujeres tengan acceso adecuado a servicios de aborto seguro y postaborto; b) Detenga los esfuerzos para derogar las directrices técnicas para la interrupción terapéutica del embarazo y difunda ampliamente y proporcione capacitación obligatoria a los profesionales de la salud sobre estas directrices, con miras a reducir el número de abortos inseguros.
El informe también pide al Estado garantizar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso asequible a los servicios de salud sexual y reproductiva y anticonceptivos modernos, incluso en las zonas rurales y costeras, e integrar la educación sexual adecuada a la edad, incluso sobre el comportamiento sexual responsable, el uso seguro de anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, en todos los niveles del ciclo educativo. Asimismo, pide se asegure la disponibilidad de las tradiciones de parto de las mujeres indígenas en la práctica obstétrica en todo el Estado.
En otras partes del informe el Comité recomendó al Estado que amplíe los servicios públicos de asistencia legal que estén adecuadamente financiados para ayudar a mujeres sin medios suficientes en los procesos penales, procedimientos civiles y administrativos en materia de violencia de género y discriminación contra la mujer; así como fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y las mujeres con discapacidad, incluso a través de campañas de alfabetización legal, abordando las barreras lingüísticas, con tribunales accesibles y difundiendo información sobre los recursos legales disponibles para reclamar sus derechos.
También pidió adoptar medidas efectivas para proteger al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) contra amenazas y discursos de odio; así como asignar suficientes recursos humanos, técnicos y financieros a la Defensoría de la Mujer dentro de la Defensoría de los Habitantes para que pueda cumplir con eficacia e independencia su mandato de promover y proteger los derechos de la mujer y la igualdad de género.
El Comité manifestó su oposición y pidió que no se apruebe el proyecto de ley 23.217 presentado por la exdefensora Catalina Crespo Sancho, y que pretende reformar la estructura organizacional de la Defensoría de los Habitantes para asemejar su estructura a la de la Contraloría General de la República; al tiempo que pidió al Congreso que reactive el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas.
