Relator de la ONU sobre medio ambiente calificó la situación como un fracaso atípico.
A través de su cuenta de Twitter, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, dijo no entender cómo Costa Rica, al ser un país líder en temas de medio ambiente y derechos humanos, no ha logrado ratificar el Acuerdo de Escazú y lo calificó de "fracaso atípico".
El plazo cuatrienal del expediente 21.245 que busca la ratificación vence el próximo 31 de enero y el interés de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo por mantener vivo el proyecto parece escaso.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha dejado claro su negativa a apoyar el proyecto. Inclusive cuando se le consultó al respecto dijo que "el sector privado puede estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno".
Su ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, ha sostenido que el acuerdo es innecesario y añadió que solo se le da relevancia por llevar el nombre de una ciudad costarricense. Mencionó que llegaría a crear legislación innecesaria y que representaría un obstáculo más en la permisología ambiental del país. Es decir, el oficialismo no tiene interés alguno en el proyecto.
Dato D+: En su artículo 1 el Acuerdo de Escazú explica que su principal objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la mayoría de las bancadas de oposición no apoyan la iniciativa y justifican, principalmente, que no incentiva la reactivación económica. Por ejemplo, el Partido Liberal Progresista (PLP) a través de su jefe de fracción, Eliécer Feinzaig Mintz, dijo que el proyecto no tiene apoyo a lo interno de la agrupación. Mientras que la socialcristiana, Daniela Rojas Salas, señaló que el tratado regional vendría a poner trabas al "desarrollo económico"
Hasta el momento solo el Frente Amplio (FA) habló en el Congreso sobre la posibilidad latente de que el expediente sea archivado. El jefe de fracción del FA, Jonathan Acuña Soto, días atrás coincidió con las palabras del relator de la ONU al afirmar que es contradictorio ser un país apreciado por tener un legislación sobre materia ambiental reconocida en el mundo, pero al mismo tiempo desechar el acuerdo regional que protege los derechos de las personas para tener un ambiente sano.
Si se desea ampliar el plazo que tiene la Asamblea Legislativa para tramitar un proyecto de ley, los legisladores deben votarlo a través de una moción que requiere ser aprobada por mayoría calificada (mínimo 29 votos) antes de que se cumplan los cuatro años desde que se presentó.
En el futuro, de querer llevar la ratificación del Acuerdo a discusión nuevamente, debe ser el Poder Ejecutivo quien deberá presentar el proyecto nuevamente, para que inicie el trámite legislativo. Esto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, la Constitución Política de Costa Rica, en su el artículo 140 inciso 10, indica que solo puede ser presentado por la Presidencia de la República junto con el ministerio del ramo.
El tratado regional fue impulsado por los gobiernos de Costa Rica y Chile y fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región y hasta la fecha 14 países lo ratificaron.
Nicolas Boeglin, experto en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, comentó a Delfino.CR que:
Ningún producto de exportación argentino, mexicano, chileno, boliviano, panameño, ecuatoriano, uruguayo ... o de alguno de los otros países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú ha perdido competitividad en los mercados mundiales".
Tampoco se ha observado que la inversión extranjera haya salido huyendo de estos 14 países luego de aprobarse el Acuerdo de Escazú o que las supuestas "trabas" a su desarrollo se han hecho ver. Y muchos menos que la presunción de inocencia en materia penal se haya visto amenazada. Entonces ¿de qué será de lo que nos está hablando UCCAEP y las demás cámaras empresariales sobre tantas cosas negativas que va a ocurrirle a la economía costarricense pero que... nunca se ha observado en ninguno de los países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú?"
Desconocimiento de la población
En noviembre de 2022, el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, publicó el estudio titulado "Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica". Los datos revelaron que el 92.6% de las personas encuestadas desconoce sobre qué es el Acuerdo de Escazú.
Ese desconocimiento contrasta con la percepción positiva que tienen las personas con los principios que estructuran el tratado. Un promedio del 97.6% mostraron estar a favor de:
- Realizar acciones para garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
- Establecer una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad sin perjudicar el ambiente.
- Que las autoridades brinden información relevante, de fácil acceso y comprensión.
- La legislación nacional en materia ambiental es necesaria para cuidar del medio ambiente.
- El Estado implementa una participación abierta e inclusiva en los procesos de tomas de decisiones ambientales.
El estudio reveló que alrededor del 54.40% de los consultados considera que el gobierno actual tiene poco compromiso con la política ambiental. Además, el 13.40% considera que nada. Es decir, un 67.80% tiene algún tipo de duda al respecto del lugar que da la administración Chaves Robles a la política ambiental.
Dato D+: El Idespo indicó que la población de estudio fueron personas costarricenses o personas extrajeras con tres años o más de residir en el país de 18 años o más. Eran usuarias de la telefonía celular dentro del territorio nacional, lo que abarca aproximadamente el 97,6% de la población. Entrevistaron a un total de 702 personas, lo que corresponde a un 3,7% de error de muestreo y un 95% de confianza.
