Federica lleva años trabajando en la empresa. Hace bien su trabajo, es puntual, no tiene amonestaciones. De repente un día empieza a fallar, a llegar tarde, está distraída. Pide permiso para ir a la clínica, para ir a atender cosas personales y se le nota preocupada. Un día el jefe informa que las compañeras la han encontrado varias veces llorando desesperada en el baño.

Interviene recursos humanos y es claro que Federica está pasando por algo delicado. Podría ser violencia doméstica, una separación, una situación de acoso, problemas con sus hijos o cualquier cosa. En conjunto con la clínica, se determina que esos ataques de llanto son ataques de pánico y que Federica lleva varios días durmiendo mal y casi sin comer. Federica necesita atención médica.

Se le da guía sobre las opciones que ofrece la empresa: el médico de empresa, el seguro privado, las opciones de la CCSS o el INS, programas especiales, el programa de responsabilidad social, la asociación solidarista, etc. También se le habla de opciones que ofrece el Estado sin costo adicional para ella. Se le van a dar todos los permisos pagos que requiera, con la condición de que no descuide su trabajo.

A lo interno, todos están claros que Federica está en una situación de vulnerabilidad, que requiere acompañamiento de la empresa hasta que logre estabilizarse. Cualquier decisión de aplicación de acciones disciplinarias o de despido, aunque sea con responsabilidad, se tiene que analizar con mucho cuidado, para no afectar más a Federica y no exponer a la empresa a demandas por discriminación.

Federica está dispuesta a lo que sea, porque necesita este trabajo sobre todo en este momento. Usa el seguro privado, pero en temas de psicología y psiquiatría hay un límite de citas y los medicamentos —muy caros— no están cubiertos. Esas citas no son suficientes y su situación personal se complica cada vez más. Ya le ha contado a la mejor amiga y a recursos humanos que a veces ha incluso pensado en matarse, porque no ve salida. Además, hay un límite de tiempo de incapacidad emitido por un doctor privado. Cuando se alcanza, para seguir incapacitando, la tiene que valorar primero un comité médico.

Así que va para la CCSS. La atienden en una cita de 15 minutos y le dan medicinas de receta verde. Duerme esa noche por el efecto de las gotas, pero llega atontada a trabajar. En esas condiciones no la pueden dejar entrar. Y empieza la peor parte: El médico de empresa la incapacita, pero por reglamento no pueden incapacitarla por más de 2 o 5 días y en ese plazo, nadie se cura de una crisis de salud mental. Federica más bien se angustia más porque teme que esto sea el principio del final de su relación laboral. Esos días de incapacidad no la ponen mejor, sino más tensa.

Vuelve al trabajo, pero es evidente que no está en condiciones. Nadie puede intervenir para regularle la dosis, solo el médico que se la recetó y falta más de un mes para la próxima cita de 15 minutos. No puede trabajar así, pero no quiere dejar de trabajar. Ya se gastaron los días de vacaciones y hasta le adelantaron algunos. Se le han dado permisos, pero van quedando pocas opciones. Regresa un par de días, luego se pone mal y otra incapacidad de tres a cinco días. Y así por varias semanas. Por las incapacidades, le llega solo un 60% del salario, complicando aún más el panorama.

Como si fuera poco, la situación se complica por el desconocimiento generalizado en temas de salud mental y su manejo. El personal está comprensiblemente preocupado por ella y, a la vez, se preguntan si estará loca, cómo puede haber perdido ganas de vivir si tiene hijos pequeños, cómo eso se cura “poniéndole ganas”, mezclando su angustia con sus juicios morales. El jefe reparte las labores de Federica, pero nunca hay certeza de cuándo viene o si cuando viene podrá trabajar.

Federica decide que es mejor pedir que la despidan con responsabilidad. Con esa plata por lo menos aguanta unos meses, puede dedicarse a su situación personal y cuando todo se calme, puede buscar otro trabajo y empezar de nuevo.

Pero si Federica está tan mal que se queda dormida en su puesto de trabajo, si sabemos que está medicada y que sin medicamento piensa incluido en el suicidio, si vemos la condición en la que está, ¿estará en pleno uso de sus facultades para pedir que la despidan? ¿podría firmar válidamente un finiquito? ¿Y si cuándo se estabiliza reclama que la empresa no la apoyó en sus momentos de mayor vulnerabilidad?

Es claro que la respuesta institucional es insuficiente en casos de salud mental. Pero ¿qué hacemos con Federica?

Los estudios son claros en que, producto de la pandemia, los problemas de salud mental van en aumento y Costa Rica no es una excepción. Los centros de trabajo necesitan incorporar protocolos para atender de forma adecuada y segura estos temas.

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